“Los pueblos que no conocen o ignoran su historia están condenados a repetirla”.
Al igual que en el año 2009, el pueblo hondureño experimenta en estos instantes un ambiente de zozobra, polarización, crisis e incertidumbre política tras las elecciones primarias del 9 de marzo, durante las cuales se pretendió consumar un inédito zarpazo al proceso democrático con los hechos de todos conocidos.
Tras las controversiales elecciones primarias, el país nuevamente atraviesa un momento de alta tensión política, con desafíos que recuerdan la crisis previa al golpe de Estado de 2009, pero en un escenario diferente.
Ambas situaciones tienen en común la lucha por la continuidad en el poder de los que ahora ocupan el Gobierno y la disputa sobre la legitimidad de las instituciones públicas en un contexto de cambio de autoridades nacionales el próximo 30 de noviembre.
Si bien ambos acontecimientos son similares, las dinámicas han cambiado y presentan nuevos actores, escenarios y factores de riesgo que deben llamarnos a todos a la reflexión para estar alertas sobre lo que pueda ocurrir en los próximos meses.
En 2009, la crisis explotó cuando el entonces presidente y actual asesor presidencial Manuel Zelaya impulsó una consulta popular para instalar una asamblea nacional constituyente y reformar la Constitución de la República, lo que fue interpretado por sectores opositores como un intento de perpetuarse en el poder con el apoyo de Hugo Chávez en Venezuela.
En aquel entonces, el Congreso, la Corte Suprema y las Fuerzas Armadas intervinieron, terminando con la destitución y expulsión de Zelaya, lo que provocó el aislamiento internacional de Honduras y la polarización de la sociedad hondureña.
La crispación actual tiene su epicentro en el boicot al proceso electoral primario del 9 de marzo de 2025, del cual, la oposición política, responsabiliza al gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre) en contubernio con un sector de la cúpula de las Fuerzas Armadas que encabeza el general Roosevelt Hernández.
Esa situación profundizó los conflictos y la polarización dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) por mutuas acusaciones de los consejeros Marlon Ochoa, Ana Paola Hall y Cossette Lopez Osorio, relacionadas con la manipulación y alteración de actas, inflado de votos e intentos de subvertir la declaración de las elecciones el próximo 8 de abril.
El conflicto ha abierto una brutal y agresiva campaña del oficialismo para responsabilizar del fracaso de las elecciones a la consejera presidenta Cossette López Osorio y su compañera concejal Ana Paola Hall para motivar su salida del ente electoral.
La oposición acusa a Libre de pretender propiciar a través del Ministerio Público la destitución de ambas funcionarias y designar al frente del CNE al representante de Libre, Marlon Ochoa, acompañado de los dos consejeros suplentes afines al partido en el gobierno, con lo cual el control institucional del gobierno quedaría completado para manipular las elecciones y garantizar su continuidad en el poder en los próximos cuatro años.
A diferencia de lo acontecido en 2009, la crisis actual, si bien está agudizándose, hasta ahora no se ha traducido en una intervención militar directa, pero hay indicios de que sectores del Ejército inconformes y el gobierno de los Estados Unidos podrían jugar un papel fundamental en caso de una grave crisis de gobernabilidad.
Mientras, tanto la oposición política, liderada por el Partido Nacional, el Partido Liberal y otras fuerzas políticas buscan asegurar la celebración de elecciones libres y transparentes el próximo 30 de noviembre y de esta forma capitalizar el creciente descontento social por el pésimo gobierno de Xiomara Castro.
Hay versiones que en este contexto de crisis política el gobierno pretende torpedear el proceso democrático para cumplir su acariciado sueño de instalar la asamblea nacional constituyente y reformar la Constitución, hecho que cobró fuerza y notoriedad pública con la reciente visita al país del jurista Español, Roberto Viciano Pastor, principal asesor de los procesos constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Otra versión es que el gobierno pretende generar un quiebre institucional que conduzca a un autogolpe con el consiguiente cierre del Congreso Nacional, que en la práctica ha estado inoperativo y en una permanente parálisis legislativa, y que ha sido el único obstáculo que ha impedido a Libre concentrar totalmente su poder institucional y materializar sus ambiciones continuistas.
A esos escenarios se suma el hecho que el gobierno está cerrando cada vez más el espacio cívico, que actualmente se refleja en una inédita y brutal cacería judicial contra influyentes periodistas e importantes medios de comunicación social del país para controlar el discurso público, y más recientemente la prohibición y criminalización de la protesta pública a través de la Secretaría de Seguridad, con el consiguiente y grave levantamiento de perfiles de sus responsables.
Visto todo lo anterior, los escenarios en los próximos meses son complejos y muy difíciles de predecir, sin embargo, la ciudadanía hondureña debe estar atenta a reaccionar ante cualquier intento de subvertir e impedir el normal desenvolvimiento del proceso eleccionario del próximo mes de noviembre y con ello garantizar la alternabilidad del poder en el país el 27 de enero de 2026.
Lo cierto es que, si la crisis electoral no se resuelve con transparencia y legitimidad, Honduras podría enfrentar una nueva etapa de inestabilidad, con protestas masivas, denuncias de fraude y un debilitamiento mayor de la democracia. La historia de 2009 sigue siendo una advertencia sobre los riesgos de la ruptura institucional.
Libre y el gobierno de la familia Zelaya-Castro saben muy bien que tienen muy difícil su continuidad en el gobierno en los próximos cuatro años debido al incumplimiento de sus promesas y la creciente impopularidad de su mandato y de su candidata, pero harán lo imposible para lograr quedarse; tienen el poder, las armas (policía y FFAA) y el dinero, pero no cuentan con la valentía y determinación del pueblo hondureño demostrado en las elecciones primarias cuando se les pretendió negar el derecho al voto.
La gran pregunta que nos hacemos es: ¿se ha aprendido la lección o el país está condenado a repetir su historia?
