Las políticas públicas, de alguna manera han estado presentes en la gestión pública de Honduras. El asunto es determinar la calidad desde su formulación, en donde la participación ciudadana juega un papel fundamental; luego en su ejecución, suponiendo que las políticas son apropiadas; determinar y disponer del nivel de recursos humanos, materiales y técnicos para hacerlas funcionar; y también precisa, el seguimiento y evaluación de su impacto con base en indicadores previamente diseñados.
La pandemia del COVID-19 ha trastocado cualquier remedo de políticas que existiera antes de su irrupción. Desde hace más de un año la preocupación -no necesariamente la acción- se ha centrado en el combate del virus y sus estragos humanos y económicos.
El éxito de las políticas depende de su continuidad. Es usual encontrar que una buena política, por ejemplo, en el campo educativo, formulada por un gobierno, es desestimada por el siguiente. Y prevalece un ambiente en donde la población constituye un escenario de ensayo permanente. El panorama presente en medio de la pandemia obliga a una revisión de políticas previas y existentes para retomar el rumbo de la ´normalidad´.
El papel de los organismos cooperantes en la sostenibilidad de políticas que han pasado el tamiz de la prueba en otros contextos puede contribuir de forma significativa a la institucionalidad de las políticas y por consiguiente a su permanencia.
Mejorar la capacidad del estado hondureño para elaborar análisis orientados a políticas en buena medida se resume a generar los espacios que permitan a la representación privada, contribuir en todo el proceso desde la formulación, ejecución y evaluación de las políticas.
Consecuente con los recursos disponibles, la concentración en áreas específicas continuará siendo un requisito, pero, la ampliación de la complementariedad se hará cada vez más imperiosa para apalancar lo prioritario luego de la desincronización que el virus ha provocado en las actividades económicas, sociales y fundamentalmente las
vinculadas a la salud y generación de excedentes y empleo en Honduras.
En cuanto al seguimiento de políticas a nivel de país para mitigar los impactos adversos de COVID-19, deberán revisarse los instrumentos jurídicos esenciales que el gobierno ha estado utilizando para enfrentar la pandemia. Leyes del Congreso Nacional y Decretos PCM, han direccionado la gestión de la pandemia.
El precario manejo de la crisis sanitaria y económica ha agudizado los efectos recientes de la pandemia evidenciados por el ascenso de los actuales niveles de contagiados, hospitalizados y decesos. Y el expediente de cerrar la economía es cada vez menos viable por las numerosas empresas que apenas sobreviven y la necesidad de captación de ingresos por parte del gobierno.
Estimaciones macroeconómicas para el año 2021 y 2022 no revelan la historia angustiosa que está ocurriendo a nivel micro, formal e informal. Mucho menos el drama de familias e individuos. Sincronizar las diversas actividades económicas y las cadenas de valor en algunos casos sigue requiriendo amplio conocimiento del
funcionamiento de la economía, porque un eslabón que no esté a tono con el resto puede constituir cuello de botella para una reactivación más rápida.
COVID-19 ha trastornado la manera como se hacían las cosas antes de la pandemia. Los trabajadores, las empresas, el gobierno, los estudiantes continuarán asumiendo una fuerte dosis de resiliencia y acostumbrarse a funcionar de manera diferente.
El deterioro educativo clave para la formación del capital humano se conecta con el desempleo, cuando los jóvenes descubren que no están preparados para tareas elementales, una vez egresados de colegios e incluso universidades.
La pandemia ha ampliado las brechas que corresponde a Honduras cerrar en los diversos campos, económicos, sociales, políticos y tecnológicos, así como la necesidad de sistematizar y actualizar la gestión de las políticas públicas.
