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COVID-19 y competencia

Daniel Meza Palma

Cuando se indica en Honduras, acciones bancarias para rescatar 80,000 MiPymes y salvar 400,000 empleos, puede inferirse que se trata de una empresa paramount del gobierno y de la banca. El intento más reciente de la propuesta para aliviar la situación financiera de esos negocios se concreta fundamentalmente a: 1) reducir tasas de interés de préstamos vencidos; 2) readecuar deudas a largo plazo; y 3) contar con mecanismos de garantía del gobierno para avalar las obligaciones de los prestatarios.

El problema fundamental de las micro, pequeñas y medianas empresas es de liquidez. Requieren fondos en efectivo para hacer frente a obligaciones prácticas con proveedores, trabajadores, el mismo gobierno, las empresas de servicios, la tercerización, etc. Para reactivar los negocios, el alivio de deudas es condición indispensable pero no suficiente.

Después de 7 meses de inactividad, caída de ingresos, y aumento de gastos fijos principalmente, más  la incertidumbre provocada por cadenas desarticuladas y mercados que no se recuperarán, las MIPYMES de los sectores más afectados por la pandemia como el turismo, necesitan provisiones en efectivo que surjan de transferencias reembolsables; capitalizaciones por venta parcial de negocios; fusiones horizontales; reconversión y otros mecanismos legales permitidos por la normativa vigente que puedan dar un respiro a las actividades empresariales mientras se alcanza la recuperación económica.

El escenario que se vislumbra más pesimista es que, para un buen número de negocios, la opción más racional que escojan sus propietarios, dadas las circunstancias, sea cerrar definitivamente con las consecuencias adversas en términos de esfuerzos aniquilados de años de trabajo; capitales perdidos; equipos en deterioro; disminución de empleos; reducción de tributos etc. y la apertura para que, empresas medianas y grandes sigan profundizando la concentración económica que ya existe en algunas actividades y sectores económicos de Honduras.

Según la OCDE, una de las consecuencias estructurales de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 será un incremento del nivel de concentración en los mercados, dándose el caso que algunas empresas saldrán del mercado como consecuencia de problemas financieros.

Las salidas del mercado favorecerán la concentración por medio de actividades de adquisición y fusión por empresas ubicadas en una posición atractiva que buscarán mejorar su condición fusionándose con competidores que presentan superiores condiciones. Puede anticiparse que a las autoridades de competencia les tocará resolver un mayor número de fusiones urgentes y críticas, incluyendo las presuntas “fusiones de rescate”, ej. adquisiciones de empresas que pueden estar enfrentándose a un proceso de concurso de acreedores. En este contexto, el control de las fusiones tiene un rol clave en la prevención de transacciones que podrían resultar en daños duraderos para la estructura del mercado.

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