San José.- La Corte Plena de Costa Rica suspendió por tres meses al magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, mientras se investiga su posible vínculo con un importador de cemento chino, en el caso de supuesto tráfico de influencias conocido como «El cementazo», informó hoy una fuente oficial.
Por este escándalo también fue suspendido temporalmente del cargo el fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría.
La Corte Plena tomó la decisión de manera unánime al filo de la media noche del miércoles en una sesión de más de 9 horas, luego de desestimar un recurso del magistrado Gamboa en el que pedía la recusación de 11 magistrados.
Gamboa, exministro de Seguridad y excomisionado nacional Antidrogas, estará suspendido de su cargo con goce de salario como medida cautelar mientras se realizan las pesquisas del caso, explicó la Corte.
Las autoridades ahora investigarán las denuncias sobre la supuesta relación del magistrado con el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, y un viaje realizado por ambos en el mes de octubre del 2016 a Panamá.
Gamboa había manifestado a la prensa que fue una casualidad que su viaje a Panamá haya coincidido con el de Bolaños, y que fue al país vecino a comprar ropa para su bebé.
Sin embargo, el diario digital CRHoy.com reveló el miércoles que los boletos de avión de ambos fueron comprados con la misma tarjeta de crédito.
Gamboa salió de Costa Rica con su pasaporte personal y regresó con el pasaporte diplomático, según la investigación de CRHoy.
El pasado viernes la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica suspendió también por tres meses al fiscal general, Jorge Chavarría, debido a supuestas irregularidades en la investigación del caso de «El cementazo», que involucra también a diputados.
La investigación contra el fiscal general está centrada en precisar por qué el Ministerio Público no incluyó un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en un documento en el que Chavarría pidió, meses atrás a la Sala III de la Corte, que desestimara la causa.
Este asunto es parte de un complejo caso que investiga el Congreso y que ha sido revelado por la prensa local, en el que supuestamente el empresario Juan Carlos Bolaños fue beneficiado con modificaciones de reglamentos y créditos bancarios en condiciones irregulares para la importación de cemento desde China.
El caso plantea aparentes relaciones cercanas entre Bolaños y diputados, exministros y funcionarios del Gobierno del presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, el magistrado Gamboa, altos dirigentes de diversos partidos políticos y funcionarios bancarios.
Bolaños recibió créditos de varios bancos estatales, pero el más polémico es uno de 30 millones de dólares otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) en condiciones irregulares relacionadas a los desembolsos y al utilizar cemento como parte de la garantía.
El presidente Solís suspendió a inicios de octubre a la Junta Directiva del BCR luego de que sus miembros se negaran a acatar la orden del mandatario de renunciar a sus cargos.
El pasado 4 de septiembre el presidente Solís compareció ante una comisión investigadora del Congreso para dar explicaciones sobre una reunión que sostuvo con Bolaños y otras seis visitas que el empresario realizó a la Casa Presidencial para reunirse con funcionarios del Gobierno.
El Gobierno de Solís aplicó cambios a reglamentos del Ministerio de Economía Industria y Comercio para flexibilizar los requisitos para la importación de cemento.
El presidente ha afirmado que los cambios se efectuaron para romper el duopolio de las empresas Cemex y Holcim y beneficiar a los consumidores.
