Por: Hugo Noé Pino
Tegucigalpa.– El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó en Honduras el libro “La corrupción, sus caminos en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte centroamericano”.
El libro establece, de entrada, que la corrupción tiene un alto costo social y erosiona el sistema democrático, impidiéndole garantizar los derechos humanos básicos.
El Icefi analiza los diferentes caminos de la corrupción producto de factores relacionados con legislación desactualizada, debilidades en las instituciones, deficientes sistemas de administración de justicia, electorales y de partidos políticos;limitado acceso a la información pública y a la participación ciudadana, así como los conflictos de interés y la impunidad.
El trabajo revisa también los principales casos de corrupción detectados en los países del Triángulo Norte. En el caso de Honduras se presentan los casos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, compra de medicina, infraestructura, así como el manejo de los fideicomisos públicos. Aunque se hace la advertencia de lo difícil que es cuantificar la corrupción, se presenta un cálculo aproximado a lo que puede ascender, en este caso, cerca de un 4% del Productos Interno Bruto (PIB) de 2015.
Se finaliza con una propuesta de agenda que incluye, entre otros aspectos, el mejoramiento de la legislación anti-corrupción, una mayor participación ciudadana en su vigilancia, una política fiscal que priorice la transparencia, garantizar el acceso a la información pública y la reforma estructural al sistema de justicia.
Pese a que muchos de los puntos planteados se han discuto y tratando de implementar en el pasado, la pregunta obligada es ¿por qué no se han podido realizar estas reformas? La respuesta también la plantea el Icefi al señalar que “la lucha contra la corrupción implica alterar los niveles de influencia que sectores económicos, militar y políticamente poderosos han ejercido sobre el sector público de cada país”.
Esto es lo que ocurrió en nuestro país en 2009, las estructuras que propician y defienden la corrupción y la impunidad en Honduras sintieron que el poder se les escapaba de las manos y tuvieron que llegar hasta el golpe de Estado para impedirlo. Esas mismas fuerzas han estado unidas en la presente década y están apoyando el proyecto reeleccionista ilegal del Presidente de la República, porque con ello se garantizan privilegios económicos como exoneraciones fiscales, bienes públicos regalados, concesiones amañadas, evasión fiscal y otros.
Es contradictorio que sectores, tanto internos como externos, que exigen y promueven programas anti-corrupción, al mismo tiempo respalden proyectos políticos que la sustentan. De esta forma no se lograrán avances importantes en la lucha contra la corrupción, dado que los pocos cambios efectuados no dejan de ser más que manifestaciones a nivel de discursos. Prueba de ello es que por una parte se aprueban planes de acción de Gobierno Abierto (en donde la participación ciudadana es más formal que real), pero por otra se rebajan las penas a los corruptos para que puedan salir o evitar la cárcel.
Una auténtica lucha contra la corrupción pasa por la alteración del sistema político tradicional afincado en élites extractivistas que anteponen sus intereses personales y empresariales a los de la sociedad en su conjunto. Las elecciones del próximo mes de noviembre darán a la ciudadanía la oportunidad de decidir cuál es el rumbo que quiere seguir: el que fomenta la corrupción y la impunidad o el que se hará al andar, siguiendo al poeta Machado, de la reducción y posible eliminación de la corrupción
