El documento es fruto de un intenso y fructífero trabajo de concertación entre el ámbito público y el privado del sector discapacidad, contiene la Política Pública para el ejercicio de los derechos y la inclusión social de la población de Honduras con discapacidad; asimismo, los compromisos para su implementación y las estrategias para su desarrollo, con la participación de las instituciones del Estado a nivel central y territorial, instituciones y organizaciones de la sociedad civil del sector y ciudadanía en general, explicó el ministro del Interior y Población, Áfrico Madrid.
El objetivo fundamental de la política es equiparar oportunidades; eliminar la discriminación y las barreras sociales y arquitectónicas, que impiden a las personas con discapacidad el pleno ejercicio ciudadano, con el fin de facilitar su participación en la vida política, económica, cultural y social, a partir del reconocimiento y afirmación de este grupo poblacional como sujeto de derechos, la articulación sectorial con las políticas públicas existentes en el país y el actuar gubernamental, indicó.
Añadió que la política se enmarca en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de Derechos Humanos de las personas con discapacidad, posibilitando la transversalización de la discapacidad en la política de protección social, así como con las demás políticas vigentes, o que el Estado de Honduras adopte en el futuro.
Por tanto, contempla estrategias para que las personas, sus familias, las organizaciones no gubernamentales, el Estado, la sociedad y la empresa privada, puedan prevenir las deficiencias y sus secuelas generadoras de discapacidad, mitigar y superar las dificultades de las mismas en sus múltiples manifestaciones, en los ámbitos personales y durante el ciclo de vida.
A través de la operatividad de estas estrategias, se contempla transformar el conjunto social en un medio inclusivo, donde las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos, a la vez que tener acceso a las oportunidades sociales, en condiciones de equidad e igualdad con sus conciudadanos.
Los lineamientos contenidos en el documento son fruto de la concertación alcanzada, gracias a la activa participación del sector, a las consultas realizadas con expertos y actores políticos, sociales y comunitarios, al análisis detallado de la legislación nacional e internacional de última generación, pero, sobre todo, a la participación decidida, comprometida y permanente de las asociaciones y organizaciones representativas de la población con discapacidad
La política pública para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión social, parte de un diagnóstico, que permite un acercamiento realista y ajustado a la situación que viven las personas con discapacidad en Honduras, las dificultades y obstáculos que se presentan para alcanzar el ejercicio de sus derechos, y el acceso a las oportunidades sociales, señaló el comisionado presidencial para los discapacitados, Javier Salgado.
Como resultado de esa investigación, se han logrado establecer ocho ejes fundamentales de la política, a cuyo alrededor se articulan una serie de estrategias y acciones que resultan imprescindibles para alcanzar el objetivo propuesto, como resultado de la implementación de la política pública.
En su conjunto, está compuesta por un programa de acción integral, que abarca muy diversos ámbitos, en cuya concreción deberán aunarse los esfuerzos y compromisos de todos los sectores, aglutinados bajo la acción orientadora del Estado, manifestó Salgado quien agradeció el apoyo del presidente Porfirio Lobo a esa iniciativa.
Con la promulgación de estas políticas públicas, se propone a la sociedad un plan de acción conjunta, en el que ésta, obedeciendo al principio de la corresponsabilidad, debe participar activamente.
Los sejes temáticos propuestos y las líneas estratégicas que deben orientar su posterior desarrollo e implementación e incluyen, un sistema de Información, la creación de un sistema de información tecnificado, dinámico y confiable, que centralice y articule las informaciones existentes en los diversos registros informativos y bases de datos públicas y privadas.
El componente de comunicación, se centra en facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho a la información y a la libertad de expresión. Igualmente, busca incidir en la trasformación comunitaria y la eliminación de barreras de actitud, mediante la modificación de los imaginarios sociales.
Otros ejes son el acceso al ejercicio del derecho a la salud integral, la garantía de acceso al derecho a la educación, generación de oportunidades de empleo, participación política, representatividad y fortalecimiento institucional, accesibilidad y movilidad, servicios de apoyo para el mejoramiento de la calidad de vida y la protección social e igual reconocimiento como persona ante la ley y acceso a la justicia
La política pública, se formula para un plazo de nueve años, del 2013 al 2022, con la finalidad de hacerlo coincidir con la vigencia del Plan de Nación.
