Mario Pérez, presidente de la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo, dijo que el decreto es para que la OABI destine algunos bienes para construir centros de reclusión en el país.
El legislador explicó que esta ley es temporal y lo que pretende es dar los bienes en forma anticipada a que se pronuncien los juzgados sobre la propiedad.
“Hay muchos terrenos incautados y con esta ley se podrán usar para construir cárceles. Aunque la misma no es específica para el caso de San Pedro Sula, sino general. Sí hay un terreno en particular los estudios técnicos definirán eso”, explicó.
La Ley de disponibilidad de bienes incautados pretende que el Estado sea aval de estos bienes, es decir, si un tribunal determina que el bien incautado era lícito, el Estado lo pagará y de ser dinero con los respectivos intereses.
“Siguiendo los canales legales correspondientes no habrá ningún problema, debe haber una resolución en donde se decrete que hay un proyecto de interés nacional, eso justifica una necesidad pública, hay una causal relacionada o parecida al trámite de expropiación, y habiendo un proyecto de interés y por motivos de necesidad pública se puede hacer uso de el, convirtiéndose desde luego el Estado en el garante de pagar el valor del mismo en caso que al final se resuelva devolverlo”, apuntó.
La Ley de disponibilidad de bienes incautados estará vigente hasta el 25 de noviembre de 2013.
Por su parte, el ex director de la OABI, Omar Zúniga, dijo que la utilización de los bienes es una expectativa que se tiene que analizar, ya que si un tribunal decide devolver la propiedad tiene que ser de forma íntegra.
Según Zúniga, el 42 por ciento de los bienes incautados ya tienen una sentencia, mientras que el 58 por ciento se encuentra en ese proceso.
Añadió que su administración le entregó al actual director de la OABI , Humberto Palacios Moya, mas de 6 millones de lempiras y 1.8 millones de dólares.
