Santiago de Chile – La justicia chilena condenó hoy a 20 años de presidio a cinco represores de la entonces dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado (desaparición) de ocho opositores al régimen militar.
Según fuentes judiciales, la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dividido, sentenció a los exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Juan Morales Salgado, Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia, Rolf Wenderoth Pozo y Ricardo Lawrence Mires.
Las víctimas fueron identificadas como José Toloza Vásquez, Guillermo Gálvez Rivadeneira, Guillermo Martínez Quijón, Hugo Vivanco Vega, Alicia Herrera Benítez, Óscar Ramos Garrido, Óscar Ramos Vivanco y Nicolás Vivanco Herrera, todo ellos de filiación comunista que fueron llevados al cuartel «Simón Bolívar»
Las investigaciones realizadas por la Policía determinaron que los crímenes fueron perpetrados entre julio y agosto de 1976.
La DINA mantuvo, desde fines de 1975 y al menos durante todo el año 1977, el cuartel «Simón Bolívar», en la comuna santiaguina de La Reina, recinto en que operaba la brigada denominada «Lautaro», cuya principal función, además de labores represivas de detención de disidentes políticos, era de protección del Director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda (ya fallecido), y de su familia.
En el cuartel «Simón Bolívar» los detenidos fueron interrogados bajo tortura, perdiéndose el rastro de ellos e ignorándose su actual paradero.
No obstante, existen antecedentes de que a varias de estas personas se les dio muerte, siendo sus cadáveres retirados y sepultados clandestinamente; y otros fueron arrojados al mar desde helicópteros; sin que sus restos sean aún recuperados.
En el aspecto civil, los tribunales acogieron demanda deducida y ordenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 600 millones de pesos (unos 876.000 dólares) por concepto de daño moral a familiares de las víctimas.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
