A unas horas de que la jueza estadounidense Susan Bolton acepte o no la constitucionalidad de esta polémica ley que convierte en delito ser inmigrante ilegal en ese estado, los primeros manifestantes pidieron un boicot a los mexicanos para que no consuman productos estadounidenses como signo de rechazo a esta norma.
Sergio de Alba, líder de la CNOSCE, que agrupa a 150.000 campesinos, explicó que en la jornada de protesta de hoy se repartirán boletines de propaganda para promover «la no compra de productos ‘gringos’ como una medida de protesta contra esta ley racista».
Este mediodía, anunció De Alba, entregarán un documento a la embajada de Estados Unidos en México para manifestar «su odio y rechazo» a la SB1070.
Mañana hay previstas más movilizaciones en las norteñas Ciudad Juárez (Chihuahua), Tijuana y Mexicali (Baja California), explicó a Efe Metelus Wilner, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNA).
Denunció la ausencia de una respuesta del Gobierno mexicano para defender a sus compatriotas pese a que la Cancillería anunció ayer que está preparada para protegerles en Arizona, independientemente de su condición migratoria.
Wilner aseguró que ayer llegaron a Baja California más de 2.000 mexicanos, deportados desde distintas partes de Estados Unidos, no sólo desde Arizona.
De Alba coincidió en que, según datos de las organizaciones estadounidenses antiinmigrantes, desde la semana pasada ese país «detiene diariamente a mil ciudadanos» de los cuales muchos son regresados a sus países.
La CNOSCE, comentó el activista, exigirá a México «la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos» en caso de que la SB1070 -«una persecución y un acto de xenofobia en contra de los mexicanos y todos los indocumentados de habla hispana»- entre en vigor.
Mientras tanto, el gobierno del estado norteño de Sonora ya tiene listos siete albergues y prepara otros veinticinco para afrontar en los próximos días la posible deportación masiva de mexicanos.
El presidente del CCDNA teme que nada, ni siquiera una decisión contraria de la jueza Bolton, detenga a la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, en su afán de aplicar la ley, y que otras parecidas se apliquen en otros puntos de Estados Unidos.
