Tegucigalpa – La Coalición Observación N-26, una instancia de sociedad civil, solicitó al Congreso Nacional no repetir los vicios del pasado en cuanto a la elección de los responsables de la Unidad de Fiscalización de la Ley de la Política Limpia, ante los últimos acontecimientos que hablan de reparto de cuotas y cuestionamientos a algunos de los postulantes que fueron sometidos a las pruebas de confianza.
“Se conoce que el próximo martes se estará presentando la lista de las nueve personas de la cual se seleccionará a las tres autoridades que asumirán la función de fiscalizar el financiamiento de las campañas. Consideramos que la sociedad civil debe tener un espacio de tiempo razonable para investigarlas y constatar si son las personas idóneas para asumir esa responsabilidad”, señala en su primera alerta ciudadana la Coalición Observación N-26.
¿Qué partido político debe depurar más sus planillas ante señalamientos a sus candidatos por colusión con el crimen?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 27 de mayo de 2017
“Se ha politizado el proceso de selección y elección, dejando sin valor las acciones de la comisión legislativa ad hoc, promoviendo que la elección final se dé en el pleno del Poder Legislativo, retrasando, inexplicablemente, el nombramiento de los Comisionados. Ya se escuchan voces en el Congreso amenazando para que la elección se haga a través de voto secreto, contradictorio al espíritu de transparencia de la ley, y las expectativas ciudadanas”, agrega en su comunicado este grupo veedor del proceso electoral.
En tal sentido, advierten que estarán vigilantes sobre las decisiones que el Congreso tome en el nombramiento de estos funcionarios, al tiempo que hacen un llamado a la ciudadanía para exigir una elección transparente, que no quede solo en apariencia y en formalidades, sino en la calidad ética, moral y profesional de los candidatos.
En su primera alerta ciudadana, la Coalición N-26 señaló que vio con suma satisfacción la propuesta y aprobación de una Ley sobre el Financiamiento de las campañas políticas, presentada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que busca regular los aportes anónimos y visibles a los partidos, la fiscalización de esos recursos con la finalidad de disuadir la penetración del dinero de origen ilícito, así como la utilización de recursos del Estado en las campañas electorales para mayor transparencia y equidad en este ejercicio democrático.
Sin embargo, las expectativas y esperanzas muy pronto empezaron a resquebrajarse: Se modificó el contenido original de la propuesta, especialmente en aquellos aspectos sensibles que garantizaban la despolitización del ente regulador y disminuía la utilización del dinero del Estado para realizar negocios mediante contratos abusivos durante los procesos electorales.
Se alteró la composición del ente fiscalizador que permite pasar de un comisionado a tres comisionados, con la intención de hacer coincidir este número de fuerzas políticas en el Congreso y en Tribunal Supremo Electoral y en otros entes o instituciones del Estado. Parece, que de nuevo estamos ante una repartición de los cargos de forma equitativa para las tres fuerzas políticas con mayor número de diputados.
Se ha permitido la participación de algunos funcionarios públicos, otros señalados de tener cuentas pendientes con la justicia, otros con antecedentes de violencia doméstica y otros que han incumplido con sus obligaciones con el Estado. Pese a estos cuestionamientos, muchos de ellos van avanzando en el proceso de selección, sin que los señalamientos sean verificados o desvanecidos por la comisión legislativa encargada de la evaluación y selección de los funcionarios.
