Por: Luis Cosenza Jiménez
Recientemente la Administración Hernández Alvarado completó los primeros cien días de su gestión.
Si bien es cierto que cien días es un tiempo muy corto para juzgar a la Administración, resulta muy difícil resistir la tentación de hacerlo. Así que con la venia de las lectoras, me permitiré caer en la tentación.
En primer lugar, veamos los logros de la Administración. El más importante, a mi juicio, es el optimismo que ha logrado infundirle a la población.
Es innegable que los hondureños sienten que el país ha tomado un nuevo, y auspicioso, rumbo.
Si bien algunos argüirán que no hay razones objetivas que justifiquen el optimismo, la realidad es que la población así lo percibe y siente y eso genera un enorme capital político que usado con valentía y sabiduría por el Presidente permitiría hacer cambios significativos y positivos para la nación.
Solo el tiempo nos dirá si dicho capital fue bien empleado, o si fue dilapidado en aventuras políticas narcisistas, o si simplemente fue preservado sin usar en aras de mantener intacta la imagen popular del Presidente.
En segundo lugar, es incontestable que el Presidente transmite la imagen de una persona que sabe lo que debe hacer y que toma decisiones firmes y oportunas.
Esta imagen contrasta positivamente con la imagen de incompetencia e inanición que proyectaron las últimas Administraciones.
La extradición de una persona supuestamente ligada al narcotráfico ha permitido pensar que ahora contamos con la voluntad y los instrumentos para combatir ese cáncer.
Además, la firme posición expresada en cuanto a la protección de nuestro espacio aéreo y la búsqueda de un consenso regional para diseñar una nueva estrategia de combate al narcotráfico que se base en la responsabilidad compartida, principalmente de los países productores y consumidores, también han sido recibidas con beneplácito por la población.
Finalmente, la denuncia e investigación de la corrupción en el IHSS también marca un hito positivo que la población ve como el inicio de una nueva etapa en la lucha contra la corrupción.
En el ámbito económico la situación es menos clara.
Si bien algunos contratos para la generación de energía térmica fueron renegociados favorablemente, la situación de la ENEE sigue siendo muy grave y deficitaria.
Por otro lado, no se ha planteado una solución al problema de HONDUTEL, por lo que dicha empresa continuará agravando el déficit fiscal del sector público.
Se dice que las medidas tomadas para reducir el tamaño del gobierno producirán cuantiosos ahorros, pero las últimas proyecciones del BCH muestran un elevado déficit, 5.3% del PIB, para este año.
Ese déficit generará más presión sobre la deuda pública y las tasas de interés.
Esto a su vez reducirá la ya famélica tasa de crecimiento de nuestra economía, con el consecuente impacto negativo sobre la creación de nuevas plazas de trabajo.
Por supuesto que la situación será más grave todavía si, como sostienen algunos, las proyecciones del BCH pecan de optimistas.
De cualquier forma, lo que resulta incontrovertible es que el retorno a una economía sana sigue siendo una tarea pendiente y urgente y que muestra poco avance en estos primeros cien días.
Esta tarea no se considerará completa hasta que se cuente con un nuevo programa con el Fondo, lo cual podría ocurrir en el segundo semestre del año, siempre y cuando para entonces pueda mostrarse un significativo avance en la reducción del déficit fiscal.
En resumen, este es un tema irresuelto que habrá de ser evaluado al juzgar los resultados del primer año de gobierno.
Por otro lado, a pesar del optimismo que prevalece, todavía no es evidente que estemos ganando la lucha contra la inseguridad y la corrupción.
La ciudadanía todavía no percibe una reducción en el crimen y la violencia y el problema no se resolverá presentando cifras preparadas por la Secretaría de Seguridad porque carecen totalmente de credibilidad.
La ruta necesariamente pasa porque el éxito del esfuerzo de la Administración se refleje en las cifras del Observatorio de la Violencia de la UNAH.
Por otro lado, si el caso del IHSS se cierra sin castigar a los culpables, el pueblo se sentirá defraudado y la imagen del Presidente sufrirá terriblemente.
En lugar de haber propinado un duro golpe a la corrupción, la popularidad del Presidente y del gobierno habrá sufrido un tremendo revés.
Finalmente, queda también por atender las graves amenazas a la gobernanza.
Los últimos acontecimientos en el Congreso Nacional podrían presagiar el inicio de una etapa caótica y anárquica.
Entendemos que, al menos parcialmente, estamos frente al eterno dilema de las sociedades democráticas, cuál es ¿cómo lidiar, sin vulnerar sus derechos ciudadanos, con quienes utilizan los espacios que les brinda la democracia para destruirla? No es fácil tratar con aquellos que desdeñan e ignoran las reglas necesarias para una pacífica y democrática convivencia y cuyo propósito es tomar el poder y para luego establecer un régimen autoritario.
Sin embargo, compete a la Administración encontrar el camino para preservar la gobernanza y fortalecer la democracia y el estado de derecho. Nuevamente, será a finales de año, o después, que veremos cuan exitosa ha sido la Administración enfrentando este reto.
En resumen, hemos visto algunas señales positivas que han generado mucho optimismo. No obstante, quedan pendientes formidables retos en el ámbito macroeconómico, en la lucha contra la inseguridad, la violencia y la corrupción, y en la preservación de la gobernanza y el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho. Para juzgar el éxito en estas tareas habrá que darle tiempo al tiempo.
