Tegucigalpa – La oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington informó que finalizó una visita de trabajo a Honduras realizada del 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2024 y reiteró que “es indispensable que el Mecanismo de Protección cuente con recursos económicos suficientes y mejorar su capacidad de gestión para que se puedan cumplir los planes de seguridad establecidos”.
– La CIDH sigue constatando impunidad en la mayoría de los hechos ocurridos en los últimos 10 años en la zona del Bajo Aguán.
-La Comisión recordó el llamado a que el Estado atienda de manera urgente la situación de desprotección que enfrentan las personas beneficiarias con medidas cautelares.
La gira se realizó con los objetivos de avanzar en el Plan de Trabajo para la creación de un Mecanismo de Seguimiento de las recomendaciones emitidas en el informe publicado este año, y dialogar con autoridades, personas beneficiarias y sus representaciones respecto de la implementación de medidas cautelares.
La misión estuvo liderada por la Comisionada Andrea Pochak, Relatora para Honduras, quien fue acompañada por el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva y sostuvo reuniones con el canciller Enrique Reina y la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez.
Asimismo, Pochak sostuvo un diálogo sobre el Plan de Trabajo para la creación de un Mecanismo de Seguimiento al «Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras» y establecer un intercambio cercano y productivo con las autoridades estatales responsables del cumplimiento de las recomendaciones.
Además se reunió con organizaciones de la sociedad civil para involucrar la participación social en ese Mecanismo de Seguimiento y con autoridades implementadoras de medidas cautelares, como son la Procuraduría General de la República, Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos y de Seguridad, el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y la Fiscalía General de la Nación.
Visita al Bajo Aguán
Entre los días 31 de octubre y el 1 de noviembre, la Comisión se desplazó a Tocoa, en la región del Bajo Aguán donde se reunió con las personas beneficiarias de las Medidas Cautelares 50-14, a favor personas líderes de movimientos campesinos del Bajo Aguán, y de las Medidas Cautelares 137-23, a favor de Integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y del Bufete Justicia para los Pueblos, así como sus representantes.
“Estas medidas cautelares fueron otorgadas en el contexto de los conflictos agrarios y en torno proyectos extractivos y de explotación minera en el área, luego de constatar que las personas beneficiarias han enfrentado serios hechos de riesgo en su labor de defensa de la tierra, del territorio y del medio ambiente”, refiere el comunicado liberado desde Washington.
La delegación también realizó una visita a la Cooperativa El Chile y un recorrido por la orilla del río Guapinol. Además, la CIDH se reunió con la Fiscalía local.
“Las personas entrevistadas alertaron sobre la fuerte presencia de grupos criminales en la región, resaltaron sobre campañas de desprestigio y la criminalización en su contra, y advirtieron la ausencia de investigaciones diligentes de la violencia en su contra a lo largo de los años”, cita el reporte.
La CIDH recordó el llamado a que el Estado atienda de manera urgente la situación de desprotección que enfrentan las personas beneficiarias de ambas medidas cautelares, que ha resultado en daños irreparables como el reciente asesinato de Juan López, beneficiario de las Medidas Cautelares 137-23, subrayando el importante rol de las personas defensoras en la defensa del territorio y medio ambiente.
De manera complementaria, las personas beneficiarias destacaron los desafíos en la implementación adecuada y efectiva de las medidas dispuestas por el Mecanismo Nacional de Protección. Al respecto, la CIDH tomó nota de información brindada por el Estado sobre iniciativas en trámite por las autoridades para su fortalecimiento.
“A criterio de la Comisión, para que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor sin temer actos de violencia, es indispensable que el Mecanismo de Protección cuente con recursos económicos suficientes y mejorar su capacidad de gestión para que se puedan cumplir los planes de seguridad establecidos”.
Otro punto alertado por las personas beneficiarias y destacado en la nota de la CIDH es la falta de respuesta efectiva de parte de la justicia respecto de los graves hechos de violencia y amenazas a que han sido sometidas, incluso de asesinatos.
Al respecto, la CIDH sigue constatando impunidad en la mayoría de los hechos ocurridos en los últimos 10 años, producto de que las investigaciones se encuentran descentralizadas y no profundizan en las autoridades intelectuales, como ocurre en el caso del asesinato de Juan López.
Durante la visita, las partes mencionaron la importancia de atender a la conflictividad en el Bajo Aguán.
«Las personas líderes campesinas reclamaron la instalación de la Comisión Tripartita para investigar violaciones de derechos humanos en la región prevista en el Convenio firmado entre el Gobierno de Honduras y las organizaciones campesinas integrados en la Plataforma Agraria y la Coordinación de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), para la solución del conflicto agrario relacionado a la recuperación de las tierras de la reforma agraria en el Bajo Aguán» en febrero de 2022″, cita el informe. VC
