Luis Cosenza Jiménez
Adam Smith, autor de uno de los libros más influyentes en la historia, La Riqueza de las Naciones, fue un filósofo escocés dedicado al estudio de temas morales y éticos.
En uno de sus libros acuñó la frase “las consecuencias no anticipadas de nuestras buenas intenciones”. Esto es lo que ocurre con algunas iniciativas de ley presentadas recientemente en el Congreso Nacional. Veamos un par de ejemplos.
Un diputado mocionó para que se exonere de pago el consumo de energía eléctrica de canchas deportivas y otras instalaciones similares. La justificación para tal medida se fundamenta en la lucha contra la delincuencia, ya que al iluminar esos espacios los jóvenes tendrían la oportunidad de dedicarse al deporte y así no sucumbir a la tentación de las maras y el crimen organizado. Loable intención, sin duda, merecedora de nuestro apoyo y aplauso. Pero veamos lo que probablemente ocurrirá. Como sabemos, lo que no cuesta, no se cuida. Por el contrario, se dilapida y despilfarra. Ahora veremos canchas iluminadas durante el día y en las horas de la madrugada cuando nadie las usará. Por otro lado, todos conocemos la patética situación financiera de la ENEE. Quien no tiene para pagar sus cuentas, tampoco tiene para regalar. Consecuentemente, esta medida agravará el déficit de la ENEE, y para paliar la situación pasarán la cuenta a sus consumidores. Es decir, lo que consuman y desperdicien las canchas lo agregarán subrepticiamente a lo que nos cobran por concepto de alumbrado público.
Reconociendo la buena intención del legislador, lo que lógicamente procedería en este caso sería identificar las canchas a beneficiar, estimar un consumo eléctrico congruente con un uso racional de la cancha, y asignarle un presupuesto anual que figure en el presupuesto de la República y que sea administrado por la Secretaría de Finanzas para asegurarle el pago a la ENEE. Esta partida presupuestaria debería ser financiada con recursos de la tasa de seguridad creada precisamente para atender este tipo de necesidades. De esta manera todos ganaríamos y no se cargaría al pueblo, o a los consumidores de la ENEE, con nuevos tributos, tarifas o impuestos.
Un segundo diputado presentó otro proyecto de ley que tiende a limitar el número de hijos que tengan los pobres. El diputado explicó que no se trata de instaurar un mecanismo coercitivo, como el utilizado en China, sino de proveer incentivos para que los pobres voluntariamente limiten el número de sus hijos. Supongamos que también en este caso priva la buena intención, aunque francamente encuentro la idea desagradable y clasista. A mi juicio, nadie tiene derecho a decirle a otra persona, pobre o rica, cuántos hijos puede o debe tener. La dignidad inherente a la persona impide esto. Si lo que se desea es reducir la tasa de crecimiento demográfico, sin violentar los derechos de las personas, entonces se debe optar por soluciones creativas que son conocidas y han sido exitosamente empleadas. Veamos cómo.
La experiencia evidencia que cuando las personas incrementan su nivel de escolaridad, o su ingreso, de manera casi automática, y por su propia decisión, reducen el número de hijos que procrean. Una mirada a los países más educados y más ricos claramente ilustra esto. Si la buena intención es reducir la tasa de crecimiento demográfico, entonces la propuesta debe basarse en mejorar el nivel de escolaridad y el ingreso de los pobres. Para esto puede recurrirse a las transferencias condicionadas en efectivo, por lo que lo lógico sería que el diputado propugne por la profundización, y la eficacia, de dichas transferencias. Estos son programas efectivos, como lo demostró el programa Bolsa Familia en Brasil, si se manejan con transparencia, sin clientelismo político y con pulcritud. El diputado debería proponer que el programa que administra el gobierno sea trasladado al Programa Mundial de Alimentos. Así tendrá mucha más credibilidad y más apoyo de los donantes, lo cual permitirá favorecer más a los pobres y propiciar una reducción más notable de la tasa de crecimiento demográfico.
Cabe también señalar que la experiencia igualmente indica que la mejor forma de evitar los embarazos en las jovencitas, y de reducir la incidencia del VIH-SIDA, es mantener a las jóvenes en la escuela. Hemos recién visto como en el análisis de la Cuenta del Milenio reprobamos el indicador que mide la matrícula de las jóvenes en bachillerato. Todo esto nos dice que mucho ganaríamos con un programa de transferencias condicionadas en efectivo que privilegie la matrícula y la retención de nuestras jóvenes en el bachillerato. Esto, me parece, es lo que el legislador debería propugnar y apoyar, ya que de esta forma alcanzaremos el fin que él persigue, sin violentar los derechos de las personas, y sin pretender decirles qué rumbo deben darle a sus vidas.
Ojalá que nuestros legisladores mediten bien, y conciban mejor, sus iniciativas de ley. Si lo hacen, todos ganaremos. Recordemos que no basta con una buena intención, ni el fin justifica los medios. Si proceden sin meditar y sin discernir las probables consecuencias de sus propuestas, seguiremos dando palos de ciego y malgastando los pocos recursos que tenemos, en el mejor de los casos, o proyectándonos como violadores de los derechos inherentes a las personas, en el peor de los casos.
