Hace algunos años me tocó analizar el contrato colectivo acordado entre el sindicato y la patronal del SANAA. Para mi sorpresa me encontré con que dicho pacto incluía una cláusula que obligaba a la Administración de la empresa a otorgar a sus empleados un “bono del pescado”. En efecto, en el verano, y cerca de la Semana Santa, se debía otorgar una bonificación, al estilo del décimo tercer y décimo cuarto mes, para que los trabajadores pudieran comprar el pescado que típicamente consumimos en la Semana Mayor. Esa genial idea ha sido resucitada y adoptada por el Congreso Nacional al otorgar a los diputados en los días que anteceden la Semana Santa, cien mil lempiras, para que supuestamente puedan financiar obras y así congraciarse con los votantes de sus respectivos departamentos. Pero, ¿tiene sentido esa medida? Analicemos la situación y lleguemos a nuestras propias conclusiones.
Me parece que todos entendemos que la función de los diputados es legislar y no dedicarse a la administración de recursos para construir obras. Lo único que logramos por esta vía es fomentar la corrupción. Hemos visto que a pesar de exigir la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, muchos diputados no cumplen con esta obligación, lo que provoca que la población piense que han hecho mal uso de los fondos o que los han usado para su propio beneficio. Igualmente todos entendemos que los diputados deben apoyar las obras que requiere su departamento, para lo cual pueden cabildear a fin de que los fondos se consignen en el Presupuesto Nacional y luego puedan ser trasladados a los municipios o a la correspondiente Secretaría de Estado para que procedan con la construcción de la obra. Este debería ser el procedimiento a seguir y no recurrir al otorgamiento del “bono del pescado”. Entiendo que, según los diputados yo peco de necio al proponer este cambio. No obstante, me siento obligado a hacerlo. Curiosamente, los diputados insisten en repetir un error cometido por otras Administraciones, a las cuales criticaban rabiosamente por utilizar medios que ellos ahora abrazan entusiastamente. Lo que antes era malo, ahora es bueno y Libre se convierte en una mala caricatura del partido que antes condenaban.
Sabemos que el Congreso es inmune a nuestras críticas. Simplemente no les importa nuestra opinión porque saben que no es a nosotros a quienes deben rendir cuentas. Saben que deben quedar bien con los caciques de los partidos, ya que ellos decidirán quiénes integrarán las planillas de diputados para las próximas elecciones. Como he sostenido reiteradamente, en tanto los diputados no nos rindan cuentas a nosotros, contaremos con un Congreso que seguirá ignorándonos, y en mi opinión, la rendición de cuentas a los votantes pasa por la adopción de distritos electorales uninominales. Solo así, sabiendo quien es la persona que nos representa, podremos exigirle que atienda nuestros señalamientos y si no lo hace podemos sustituirlo con otra persona que si esté dispuesta a representarnos efectivamente.
Por supuesto que la eliminación del “bono del pescado” es tan solo una pequeña parte de la lucha contra la corrupción. La verdadera lucha requiere del funcionamiento de la CICIH, la Comisión Internacional para el combate de la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Como recordaremos, la ONU y el gobierno firmaron un Memorándum de Entendimiento para la creación de la Comisión pero poco, o nada, ha ocurrido desde entonces, o al menos no se nos ha informado. Pareciera que la lucha contra la corrupción no es una prioridad para el gobierno, y si no exigimos que se retome este tema y se proceda con celeridad, poco ocurrirá y el período de doña Xiomara transcurrirá sin que sentemos las bases para la lucha contra la corrupción.
Además de la CICIH y de la lucha contra la corrupción, factor clave para mejorar la gobernanza y sentar las bases para nuestro desarrollo económico y social, el gobierno debe también acordar un programa con el Fondo Monetario Internacional. Eso sentará las bases para la estabilidad de las finanzas públicas y para nuestro crecimiento económico. Es de suponer que hay de por medio serias diferencias entre el Fondo y el gobierno en cuanto al manejo de la tasa de política económica, en lo referente a la política cambiaria y en lo referente al déficit fiscal a futuro, tomando en cuenta que para el Fondo el cálculo del déficit fiscal incluye la inversión pública. Este tema requiere de más tiempo y espacio para su discusión y lo retomaremos en el futuro. Sin perjuicio de esto, me parece evidente que sin un programa con el Fondo no podremos acceder a ciertas fuentes de financiamiento, particularmente las concesionales y no tendremos más remedio que endeudarnos con nuestros nuevos “amigos” chinos y echar mano de las reservas generadas mediante las remesas de nuestros migrantes. Mal haríamos si por esa vía nos proponemos evitar las medidas que el Fondo propone para contar con una economía sólida y estable. Tarde o temprano tendremos que enfrentar la realidad y sufrir las consecuencias de la adopción de medidas populistas.
Ojalá que durante la Semana Santa nuestros gobernantes hayan hecho un examen de conciencia y que, identificando los errores cometidos, se propongan rectificar y gobernar basándose en la procura del bien común. La historia nos muestra los resultados alcanzados por los gobiernos dogmáticos y populistas. Lo único que han logrado es hacer a todo el mundo igualmente pobre. Ojalá entiendan que esa no es la meta y que busquen hacer a todos igualmente ricos.
