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Aumento de precios, desconfianza por red sanitaria y discriminación por COVID, destacan en investigación de jóvenes sureños

Choluteca – La falta de medicamentos e insumos médicos hospitalarios para tratar la COVID-19, provocó en la zona sur del país un mercado irregular con un aumento desmedido de precios, que representa la privatización de los servicios de salud y la violación a la responsabilidad del Estado de proteger la ciudadanía contra el provecho voraz que sacan terceros de la tragedia.

El estudio elaborado por jóvenes de la región de la zona sur del país, fue levantado desde un enfoque de derechos humanos, y a partir de las vivencias de las víctimas afectadas por el virus.

La información, es parte de la investigación “Impacto socioeconómico de la pandemia por la ausencia de infraestructura e insumos hospitalarios en los departamentos de Choluteca y Valle” en el marco del proyecto Honduras en Acción Contra la Corrupción y por la Transparencia (HondurACTion) que impulsan Christian Aid (CA), el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) y el Centro de Desarrollo Humano (CDH), con el apoyo financiero de la Unión Europea.

Previo a participar en la investigación, la red de jóvenes contra la corrupción, participó en el diplomado “Fortaleciendo la Participación Ciudadana y la Auditoria Social, con un Enfoque en Educación Popular”, a través del cual fortalecieron sus capacidades en auditoria social como ejercicio de derecho y control social de la corrupción.

Principales hallazgos

La personas entrevistadas coincidieron en que por la escasez de medicamentos e insumos en los hospitales, los costos del tratamiento para una sola persona, van desde los dos mil hasta los ocho mil lempiras, según la gravedad del caso y la prolongación de la enfermedad; en los centros privados, hay quienes gastan hasta 70 mil lempiras, lo cual no incluye la movilización y estadía para quienes viven en áreas rurales. En muchos insumos como en las mascarillas, entre otros, los costos aumentaron hasta en un 500 %.

Hubo casos en que todos los miembros de una familia se infectaron elevando los costos de forma exponencial. Los costos más frecuentes están asociados con el pago de consultas médicas, tanques de oxígeno, compra de pruebas rápidas, hisopado, hemogramas, radiografías, tacs, medicamentos, manómetros, alimentación especial, vitaminas, anticoagulantes, mascarillas e insumos de bioseguridad para  el paciente y sus familiares. El 80 % de los entrevistados reveló que tuvo que pedir ayuda económica a familiares y amistades, solicitar préstamos o vender sus bienes para enfrentar estos onerosos costos.

Otro hallazgo importante es que según las víctimas del virus, la desinformación y la facilidad con la que se propaga la COVID-19, más el deterioro y las deficiencias de los hospitales públicos, hacen de estos lugares focos de contagio, que en el sur del país, han elevado la desconfianza en la capacidad de atención estatal, por lo cual, muchos pacientes afectados se automedican en sus casas con tratamientos naturales o los que compran en las farmacias.

En las entrevistas también surgieron las denuncias sobre el trato desigual en los centros sanitarios públicos, por la condición económica,  o por el trato preferencial del personal a pacientes por amistad, parentesco o recomendaciones, lo cual violenta al principio de equidad.

El impacto de la COVID-19 en la vida de las personas se concentra en tres grandes áreas principalmente, la primera es la economía, la segunda las relaciones sociales y la tercera la salud. Casi en la totalidad de los casos, la evaluación es negativa.

El evento fue presidido por Giselle Bustillo, del Movimiento Nacional de Juventudes Hondureñas (MONJUH); Betzabe Rivera, representante del Movimiento Juvenil del Sur; Bradys Flores, de la Red de Asociaciones juveniles de Choluteca; Marcelo Aguirre de la Red Juventud en Acción; Cesia Sánchez de la Red Juvenil de San Marcos; Deninson Escalante, técnico de HondurACTion en la región sur; Glenda Rodríguez, en representación de HondurACTion; Héctor Herrera, del Centro de Desarrollo Humano (CDH); y Delmy Ordoñez de la Coalición Anticorrupción.

JS

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