Recientemente un grupo de investigadores, liderado por David Miliband, ex secretario de Estado en Gran Bretaña en el período 2007 a 2010, y el Consejo de Chicago para Asuntos Globales, quienes contaron con el apoyo analítico del Grupo Eurasia, publicaron por primera vez lo que han llamado el Atlas de la Impunidad. Ellos entienden la impunidad como el ejercicio del poder sin rendición de cuentas, que en el peor de los casos puede manifestarse como crímenes sin castigo. El informe es muy interesante y exhorto a los lectores a que se tomen la molestia de leerlo. En todo caso, permítanme, por favor, compartir mis comentarios con ustedes.
El informe analiza un total de 163 países con base en cinco criterios, gobernanza sin rendición de cuentas, abuso de los derechos humanos, explotación económica, conflictos y violencia y degradación ambiental. Todos esos criterios tienen el mismo peso, es decir que cada uno contribuye con un 20% a la evaluación final, y se basan en informes ampliamente conocidos y difundidos para cada uno de los criterios. El primero de los criterios se centra en la vigencia del Estado de Derecho y utiliza siete diferentes informes, entre ellos el de la Unidad de Inteligencia del Economist y el de Reporteros Sin Frontera y el del Proyecto de Justicia Mundial. El criterio referente al abuso de los derechos humanos no requiere explicación y se basa en cinco publicaciones, entre ellas las de la Unidad de Inteligencia del Economist, del Proyecto de Justicia Mundial y el de Naciones Unidas. El criterio referente a explotación económica analiza la pobreza y desigualdad imperante en los diferentes países, así como la fortaleza de los derechos de propiedad, la eficiencia y transparencia de los presupuestos, incluyendo el proceso para su preparación. Se basa en la información publicada por diez diferentes fuentes, incluyendo al Banco Mundial, del cual toman el índice de desigualdad (coeficiente de Gini). En cuanto al criterio relacionado con conflictos y violencia, se trata de determinar el número de revueltas y manifestaciones, el número de homicidios por cien mil habitantes, la violencia contra las mujeres, el desplazamiento forzado de personas, entre otros temas, y utiliza la información presentada por nueve publicaciones, incluyendo a Naciones Unidas. Finalmente, la degradación ambiental trata de determinar la contribución de los diferentes países a la contaminación, así como su participación y cumplimiento de los tratados internacionales. Para ello se recurre a cuatro diferentes fuentes de información, entre ellas el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas y la Universidad de Yale.
Según los autores, las conclusiones más relevantes del estudio son las siguientes: a) el legado del colonialismo y el tráfico de esclavos está correlacionado con alta impunidad. Sin embargo, tanto Ghana, como Senegal que padecieron de esclavitud y colonización, resultaron bien ponderados en el Atlas. b) Estados Unidos se ubica en la media y no entre los mejores calificados. Eso se debe parcialmente a su participación en conflictos internacionales violentos, a que es el principal vendedor de armas en el mundo y a su posición respecto a los acuerdos internacionales sobre el ambiente. c) En el tema ambiental es donde prima la impunidad. Canadá que resulta muy bien evaluado en general, resulta ser solo moderadamente mejor que la media, mientras que, en lo referente a la degradación ambiental, India, China, Rusia y Estados Unidos se ubican en las posiciones 20, 70, 78 y 101, respectivamente (una posición más alta es el reflejo de una mejor evaluación). d) La violencia y la discriminación contra las mujeres es un problema universal, particularmente en las teocracias, y e) el abuso de los derechos humanos y la rendición de cuentas ha empeorado en los regímenes democráticos.
Finalmente veamos la calificación global (es decir, la evaluación considerando los cinco criterios) que el Atlas asigna a diferentes países. Los tres países peor calificados son Afganistán, Siria y Yemen, y los seis mejor calificados son Irlanda, Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. En nuestro Continente, Venezuela recibe la peor calificación (de hecho, ocupa la posición 11 entre todos los países evaluados, es decir, solo diez países en todo el mundo han recibido una peor calificación que Venezuela). Cuesta creer que uno de los ministros del gobierno nos haya propuesto a Venezuela como modelo a seguir. Después de Venezuela sigue Haití en la posición 15, Nicaragua en la 38 (otro país mencionado como modelo por el Ministro), Guatemala en la 40, México en la 45, Honduras en la 50, Colombia en la 53, El Salvador en la 73, Bolivia en la 75, Belice en la 81, Cuba en la 87 (otro país modelo, según el Ministro), Guyana en la 91, Paraguay en la 93, Trinidad y Tobago en la 95, Perú en la 96, República Dominicana en la 104, Ecuador en la 106, Panamá en la 114, Argentina en la 120, Chile en la 124, Barbados en la 126, Costa Rica en la 131 (tanto Panamá, como Costa Rica serían mucho mejores modelos para nosotros, que los propuestos por el Ministro) y Uruguay en la posición 136, la más alta entre los países latinoamericanos. Para completar el análisis cabe mencionar que Estados Unidos ocupa la posición 118, Irán la posición 23, Rusia la posición 27, India la posición 46, y China la 48. En pocas palabras, los países predilectos de los izquierdistas resultan muy mal calificados, ya que todos ellos Rusia, China, India e Irán han merecido una evaluación que es peor que la asignada a Honduras. Sin lugar a duda, el Atlas nos dice que los países mejor calificados son todos democracias liberales que además han logrado apoyar a los más pobres y proteger el ambiente. El modelo para seguir es ese y no otros que lo único que han logrado es hacer a todos igualmente pobres, cosa que es fácil y que aún los ignorantes e incompetentes pueden lograr. Por otro lado, en nuestro caso, la lucha contra la corrupción y la impunidad requiere del funcionamiento de la CICIH, pero después de haber firmado un memorándum de entendimiento para proceder, paso a paso, a su instalación y funcionamiento, poco o nada ha ocurrido, o al menos, si ha habido algún avance, no hemos sido informados. La evaluación que hemos recibido en el Atlas debería llevar a que procedamos con prisa. Este es un tema que compete plena y exclusivamente a este gobierno. Si no se procede prontamente a dar todos los pasos y tomar las decisiones para lograr la instalación de la CICIH habrá que concluir que al gobierno no le interesa combatir la corrupción y la impunidad.
