Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este martes el informe ‘Diagnóstico y Línea Base 2017 de la Procuraduría General de la República’, en el cual formula una serie de recomendaciones para fortalecer la institución garante en la protección y defensa de los intereses y patrimonio del Estado de Honduras.
Informe contiene un análisis de la situación actual de la PGR, actualización de su ley Orgánica, selección de recurso humano idóneo y una carrera de la Procuraduría, entre recomendaciones formuladas.
La ASJ establece de igual manera la necesidad de una nueva Ley de la PGR, con más de 50 años de antigüedad. La Procuraduría, como representante legal del Estado de Honduras, puede participar tanto en materia administrativa, civil, ambiental, laboral, derecho internacional, como penal en acciones que perjudican los intereses y patrimonio público, incluso en delitos de corrupción, crimen organizado y narcotráfico. A pesar de tener esta particularidad que la hace una institución única, tiene la ley más antigua y desfasada del sistema de justicia hondureño.
En ese sentido la procuradora general, Lidia Estela Cardona, indicó que “esta institución debe irse fortaleciendo en forma gradual, es necesaria la colaboración de todos los sectores. Uno de los puntos torales es la capacitación sostenible del recurso humano, la reforma de la ley orgánica adaptándola a la realidad y con estándares internacionales, como el fortalecimiento del presupuesto que permita tener un equipo que permita abordar los retos que tenemos”.
Añade que “entre los avances de la PGR, es la objetividad, responsabilidad y el compromiso, para la conducción de las demandas, en interés del estado evitar que se siga deteriorando el erario estatal. Tenemos un presupuesto que fue incrementado pero continua siendo el mismo sin aumentos y las obligaciones han crecido, los retos son mayores demandamos un mejor presupuesto, estamos en la mejor intención de recuperar los dineros del Estado”.
Asimismo, Lester Ramírez, coordinador de la ASJ del Diagnóstico sobre la PGR, sostuvo “es primera vez que se hace un estudio en esta institución, esto genera conocimiento y un debate público sobre la importancia que tiene la Procuraduría. Es un reto para nosotros, es la calidad de la información, si no hay cultura en la generación de comunicación, hay que ponerle ojo a las demandas que pierde el Estado”.
Según Ramírez “hay 24 demandas de repetición, contra servidores públicos. Esto va dirigidito a funcionarios y partidos políticos, porque este es un tema que debe ser acuerpado en materia de combate a la corrupción y de saber qué es lo que está pasando en el sistema de justicia hondureña”.
Explicó el funcionario de ASJ que “lo que ha pasado en todo este tiempo que se le han ido incrementando funciones a PGR, como temas ambientales, derechos humanos nacionales e internacionales, demandas y delitos penales contra el Estado, tráfico de drogas, corrupción, entonces a medida se crean nuevas instituciones se le van sumando las responsabilidades, pero ha quedado sin dientes. Hay que tener una política clara, como para no estar dando amnistías por ejemplo desde el Congreso”.
Consideró Ramírez que “este informe denota preocupación en términos de lo que pasa con esta acción para recuperar los daños patrimoniales que le causan al Estado la corrupción, las malas decisiones administrativas, los despidos injustificados del sistema público, aquí es donde nace la pregunta si los corruptos irán a la cárcel para pagar por el dinero que se están haciendo. No hay capacidad establecida para cobrar. La PGR debería actuar como agente de cobro que tienen los bancos”.
“Nadie ha puesto el dedo en la llaga sobre esta problemática, creo que es momento apropiado para hablar de la impunidad y de la recuperación de fondos patrimoniales. Hay miles de millones de lempiras que se están perdiendo, nadie se pregunta a donde van dar esos fondos y si efectivamente el Estado los recupera, muchas veces lo que queremos ver es que estas personas terminen en la cárcel, pero también las personas deben pagar”, indicó.
Por su lado el ex procurador de la PGR, Abrahán Alvarenga, dijo que “es importante el fortalecimiento institucional y el Estado de Derecho, esta veeduría y estudio que ha hecho la ASJ, revela el contexto de la institución, esperamos que los aportes sirvan para mejorar la gestión de estos próximos cuatro años. Hay que reestructurar algunas áreas internas de la PGR, mayor vinculación entre los departamentos legales para facilitar la contestación de demandas”.
“Lo que hay que hacer, es fortalecer, la PGR es un actor importantes y se ve obligado a promover principios como la transparencia y lucha contra la corrupción, en el área pena luchar contra la impunidad, no olvidemos que se actúa en coordinación con las distintos actores de justicia, y cuando se trata de la acción penal se coadyuva en los procesos en el rol que corresponde”, expuso Alvarenga.
Entre los hallazgos del diagnóstico se destacan que de 2010 a 2014, el presupuesto de la PGR fue en promedio de 50 millones de lempiras anuales. A partir de 2015, el presupuesto aprobado se duplicó, llegando a 101 millones de lempiras. ”Según fuentes consultadas, este incremento sustancial del presupuesto permitió la implementación del Plan Estratégico institucional 2014-2018, contratando mayor personal y ampliando la cobertura territorial”, apunta el informe.
Señala además que, si bien se registró un incremento significativo de personal de 2014 a 2017 como grueso de la estrategia de fortalecimiento institucional, aún se requiere contratar más procuradores y personal auxiliar jurídico para atender la carga de trabajo. Y es que al finalizar 2017, la PGR contaba con 65 procuradores en funciones a nivel nacional.
Cada procurador tuvo una asignación de 92 expedientes judiciales en dicho período.
Como resultado, se establece que en términos de costo-beneficio, por cada lempira que se eroga en recurso humano dedicado expresamente a la labor de procuración en la PGR, se logra recuperar 2.30 lempiras. Según la muestra estudiada, a la PGR le lleva aproximadamente 5 meses gestionar un expediente del pliego de responsabilidad civil; localizar al empleado público reparado y firmar el convenio de pago. En el año 2016, la PGR registró un total de 620 expedientes de responsabilidad civil, de los cuales 408 se les había suscrito convenios de pago. Cada arreglo en promedio tiene un valor de 124,723.70 lempiras.
Por otro lado, el análisis recalca como uno de los grandes retos de la PGR la recuperación de montos que el Estado ha erogado por demandas que pierde a causas de malas decisiones administrativas y negligencias, abusos de poder y despidos sin justificación.
Entre las instituciones más condenadas a pagar (especialmente, despidos injustificados), figuran las secretaría de Educación, Salud e Infraestructura y Servicios Públicos (exSoptravi). La PGR aún no ha logrado recuperar los montos que el Estado ha perdido, pues aún no ha obtenido sentencias en las demandas de repetición que ha interpuesto.
