Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este lunes el informe “Análisis de la Estructuración, Contratación y Ejecución del Contrato de Concesión del Corredor Turístico de Honduras”, en el que señala irregularidades, opacidad y negligencia de las instituciones del Estado a cargo de la gestión de los proyectos en la modalidad Alianza Público-Privada (APP).
Según ASJ, el sector infraestructura en general y sobre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), han existido una serie de denuncias en torno a la falta de transparencia en la gestión, rendición de cuentas, obstrucción al acceso a la información pública y la supuesta comisión de actos ilícitos en la estructuración, contratación y ejecución del contrato de las concesiones y contratos que adjudica.
Asimismo, señala “la opacidad y negligencia del Estado en la estructuración, contratación y ejecución del contrato de concesiones de obras de infraestructura en el Corredor Turístico, que ha puesto al desnudo la falta de transparencia e irresponsabilidad de las instituciones encargadas -de acuerdo a su mandato- de gestionar este tipo de contratos de Coalianza, la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) y la Secretaría de Finanzas (Sefin)”.
En ese sentido cuestiona “la concesión del Corredor Turístico que abarca de El Progreso a Tela y tramos de San Pedro Sula a El Progreso y La Barca a El Progreso, se adjudicó sin estudios previos, lo que provocó el encarecimiento del mismo, según menciona el análisis realizado por ASJ”.
El informe describe que “se autorizó la concesión sin estudios técnicos y financieros pertinentes, adjudicándolo a la empresa que ofrecía más obras adicionales sin importar el costo de las mismas, lo que evitó proyectar fehacientemente los beneficios y perjuicios en contra las partes involucradas, tal es el caso del Estado, empresas privadas, bancos y población beneficiarias”.
Igualmente considera que “provocó por ejemplo que el costo del proyecto aumentara hasta tres veces su valor referencial inicial. Y es que los pliegos de licitación reportan un costo original de USD 98.2 millones; sin embargo, con las obras adicionales el monto contratado ascendió a USD 162.5 millones según Coalianza y a USD 268.9 de acuerdo a la SAPP”.
Del mismo modo “la obra no ha podido ser concluida a pesar que el contrato original suscrito el 14 de diciembre de 2012, debió finalizar el 3 de abril de 2017. Dicha obra se ha ejecutado en apenas un 26.38 %, según informe de la SAPP del mes de julio de 2018, lo que representa una inversión de USD 42.8 millones”.
No obstante, indica “que existen una negociación de pago de la empresa concesionaria y los financiadores por USD 110 millones adicionales a los USD 23 millones ya pagados, es decir, un total de USD 133 millones, especifica el reporte redactado por la ASJ”.
Por lo que denuncia “el trato preferencial e indulgente que el Estado ha otorgado a la empresa concesionaria Autopistas del Atlántico, S.A. (ADASA) y que incluye: aumentos a los ingresos garantizados para pagar la construcción de las obras, concesión de ampliaciones de plazos de nueve a 27 meses y que el mismo Estado asumiera el compromiso de pago de deuda a los bancos para que ADASA obtuviera financiamiento”.
Por su parte, Transparencia Internacional (TI) en Honduras, marca que “el Estado se abstuvo de proceder en contra de la concesionaria a pesar de existir suficientes causales a la terminación anticipada del contrato por incumplimiento del mismo”.
Y añade que “desde el concurso, la concesionaria evidencia incumplimientos al no declarar que era socia de sus competidores en otros países y al presentar oferta sin contar con los estudios soportes para las proyecciones de ingresos, entre otras, cita el estudio que se hizo público en un hotel capitalino ante la presencia de representantes de la sociedad civil, cooperación internacional, empresarios, funcionarios públicos y medios de comunicación”.
Finalmente, la ASJ “urge a las autoridades del Estado a tomar medidas urgentes respecto a la forma en la que la Coalianza estructura, contrata y ejecuta contratos de concesión en el país”.
Entre las recomendaciones realizadas destacan:
1) Realizar investigaciones profundas a los 11 proyectos de Alianza Público Privadas (APP) aprobados y en ejecución a la fecha, para evitar la réplica de los resultados encontrados.
2) Derivar las responsabilidades a los funcionarios del Estado involucrados en la estructuración, manejo y supervisión de la concesión. Actualmente existen: a. 11 proyectos APP en fase de ejecución con una inversión referencial de USD 1,725 millones, según la SAPP. b. 15 proyectos en etapa de estructuración por un valor que está por definirse, todos estos proyectos siendo administrados por COALIANZA y fiscalizados por SAPP.
3) Poner en pausa los proyectos que están en estructuración y licitación, mientras se investiga. (De aquellos procesos que no generen ningún tipo de obligaciones del Estado con terceros).
4) Después de revisar los proyectos en ejecución y en proceso, se debe analizar el rol y desempeño de las instituciones involucradas en los proyectos APP (Coalianza, SAPP, Sefin, instituciones concedentes, etc.) y replantear el marco legal y la institucionalidad responsable de estos proyectos, tomando las acciones necesarias para su fortalecimiento y cumplimiento de su mandato, de manera que asegure el desarrollo de proyectos que beneficien a todas las partes involucradas.
5) Instar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público (MP) para que proceda de inmediato a determinar si los funcionarios de las instituciones públicas vinculadas a los procesos de concesión de proyectos en el marco de las APP han incurrido en responsabilidad administrativa, civil o criminal, y actuar conforme a Ley.
