Tegucigalpa – Al menos 74 excarcelados políticos nicaragüenses a los que las autoridades de su país les privaron de su nacionalidad se declararon este miércoles víctimas de «linchamiento judicial», después de que la Justicia ordenara embargar sus bienes.
En una declaración conjunta, 74 de los 222 excarcelados que fueron expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado, y a los que las autoridades han ordenado ahora la expropiación de sus bienes, enumeraron una serie de violaciones a sus derechos humanos.
En un fallo de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua divulgado el viernes pasado, pero con fecha del 19 de mayo, ordena a la Procuraduría General de la República «la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes que los condenados tengan inscritos a su favor en los registros públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, ya sea en su carácter personal o de persona jurídica».
Además de sus bienes, la resolución establece que «en su carácter personal o de persona jurídica se inmoviliza y decomisa a favor del Estado de Nicaragua todas las acciones y las sociedades mercantiles que los condenados tengan».
PODER JUDICIAL, «MECANISMO DE REPRESIÓN»
Según los afectados, esa resolución «corrobora el uso sistemático del Poder Judicial como mecanismo de represión, donde el principio de la cosa juzgada carece de validez y manteniendo los juicios abiertos para satisfacer el ánimo de venganza, caprichos y frustraciones de los dictadores», en alusión al presidente del país Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Argumentaron que los 222 desnacionalizados «fueron juzgados en violación de las garantías del debido proceso, con acusaciones de hechos falsos, con pruebas fabricadas por la Policía y el Ministerio Público en audiencias rápidas y secretas, sin acceso a sus abogados, con ocultamiento de las causas a las defensas, con prisión preventiva y tramitación compleja improcedentes, dictados sin indicios de comisión de delito».
Además, que las resoluciones de culpabilidad «fueron igualmente ilegítimas y los procesos nulos».
Asimismo, observaron que no solo han violado el principio de inocencia, sino también «el que una norma posterior solo puede aplicarse cuando beneficia al reo».
«Tanto los supuestos delitos, como las penas a las que aún se sigue condenando mediante resoluciones en juicios legalmente fenecidos y mantenidos ilegalmente abiertos, no existían en la legislación nicaragüense al momento de la sentencia firme», sostuvieron.
«REPARTICIÓN DE BOTÍN»
Sobre la inmovilización y decomiso de sus bienes y acciones a favor del Estado, señalaron que viola «otro principio universal y fundamental del derecho que establece que la pena no trasciende de la persona o del condenado y la prohibición constitucional de la confiscación de bienes».
«La ilegal confiscación equivale a la repartición del botín que realizan los criminales al concluir la comisión de sus ilícitos, apropiándose del producto de los mismos, y confirma la relación entre violación de derechos humanos y corrupción», ilustraron.
Por tanto, los afectados se declararon víctimas «de la continuada persecución contra ciudadanos sometidos por el tenebroso sistema penal nicaragüense a un verdadero linchamiento judicial, producto del odio contra quienes, en unión de miles de compatriotas, han demandado respeto a los derechos humanos, elecciones libres, libertad, democracia y transparencia».
Entre los 74 excarcelados expropiados que firmaron el documento se encuentran los dirigentes opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Medardo Mairena, que intentaron disputar la Presidencia al actual mandatario, Daniel Ortega, en noviembre de 2021.
También la legendaria exguerrillera Dora María Téllez, los exvicecancilleres Víctor Hugo Tinoco y José Pallais, el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, entre otros.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. JS
