Tegucigalpa, Honduras. Como una ficción jurídica fue catalogada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) la iniciativa denominada «Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH)», presentada en el Congreso Nacional.
En la exposición de motivos se destaca que «La presente iniciativa tiene como finalidad reconocer y ratificar una vez más la necesidad de establecer las condiciones jurídicas previas para la instalación de la CICIH en el país, y el inicio de las investigaciones de hechos perpetrados por las redes de corrupción público privada de alto impacto, que permanecen en impunidad».
Pero, al parecer, la voluntad política solo es el diente al labio, pues en donde se debiera avanzar es, precisamente, en las condiciones estipuladas y que allanarían el camino para la instalación de ese mecanismo anticorrupción.
Sumado a ello, el discurso oficialista ahora es de la idea de que primero probemos y si funciona haremos las reformas, es decir que según ellos el mecanismo liderado por la ONU aceptará venir a trabajar sin tener un marco normativo que regule su accionar o determine qué tan vinculantes serán sus funciones. Es mejor pedir perdón que permiso.
Sin embargo, la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, Alice Shackelford, ya mandó a decir que primero lo primero.
Y, hablando de lo primero, entre esas condiciones está la derogación del artículo 10-A del Decreto Legislativo No. 117-2019, que otorga inmunidad parlamentaria a las y los diputados del Congreso Nacional (un blindaje en el que se han escudado algunos «padres de la patria») y el artículo 28 de la Ley de Municipalidades; ambas se incluyen en el anteproyecto presentado en el hemiciclo legislativo, sin embargo, estas se pueden realizar sin necesidad de aprobar de forma integral la iniciativa de ley.
La limitante en cuanto a la temporalidad (cinco años) fue otro aspecto que llamó la atención, ya que algunos juristas consideran que en el caso de que se deban hacer cambios a la Constitución de la República para dar ciertas facultades de las que habla la iniciativa, generaría un vacío legal cuando este mecanismo pierda su vigencia.
En general, el análisis detrás de esta iniciativa se ha centrado en aspectos como la venia que se requeriría por parte del fiscal general para la acreditación como querellante autónomo; que en cierta forma la propuesta viene siendo una paralela para el Ministerio Público; que se queda corto en cuanto al catálogo de delitos y (para terminar de resquebrajar la propuesta) que todo quedaría supeditado a un financiamiento gubernamental, o sea que las investigaciones avanzarían mientras lo permitan los intereses de «Don Dinero».
En países como Honduras, con un Estado cooptado y un sistema de justicia debilitado, es urgente facilitar la instalación de mecanismos que se sumen al combate de la corrupción y la impunidad.
La CICIH no solo es una deuda que nació con una promesa electoral, es una deuda de país, en nombre de cada hondureña y hondureño que ha sido víctima del abandono y la desidia de los órganos operadores de justicia.
Solo como muestra, de las 155 líneas de investigación que ha presentado el CNA, 122 siguen en impunidad, sin ser judicializados.
Engavetar casos de corrupción, que son los que ponen en precario la administración pública, ha sido la costumbre en Honduras, favoreciendo las prácticas ilícitas y normalizando este flagelo que nos mantiene anclados a altos índices de pobreza y desempleo.
Se necesita una CICIH y que esta tenga las facultades necesarias para judicializar casos sin presiones político-partidarias para que no se confundan nuevamente, y de forma intencionada, los delitos políticos por delitos de corrupción.
Pero para ello se debe crear una normativa jurídica que amplíe su campo de acción, pues en Honduras el monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Público.
Las y los corruptos no trabajan solos, por eso es importante que desde instancias como el CNA, que se dedican a combatir la corrupción, se trabaje de forma articulada con otro tipo de mecanismos para lograr que los corruptos estén en la cárcel y no en la calle.
