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Ante las amenazas al Estado Democrático de Derecho

Por: Roberto Herrera Cáceres
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
El martes 13 de mayo, el pueblo hondureño conoció y fue testigo, a través de las transmisiones en directo, de radio y televisión, de los roces,  forcejeos y el enfrentamiento que hubo entre líderes y manifestantes de un partido político con las fuerzas del orden que custodiaban las instalaciones del Congreso Nacional, en momentos próximos al inicio de la sesión parlamentaria, a pesar de lo cual se produjo el ingreso de los manifestantes al interior del Congreso Nacional donde hubo lanzamiento de gases lacrimógenos, desalojos, así como la suspensión de la sesión por orden del Sr. Presidente del Congreso Nacional.
 

El  Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se hizo presente recién iniciados esos incidentes en el Congreso Nacional, plaza central y áreas aledañas de Tegucigalpa, intercediendo y moderando ánimos para prevenir enfrentamientos entre manifestantes y autoridades que pudiesen conducir a un desencadenamiento del uso de la fuerza  por parte de la autoridad para mantener el orden público, con riesgos que amenazasen a todas las personas.
 
Se constató que los manifestantes lanzaban piedras e insultos a las fuerzas policiales y que estos los perseguían a les lanzaban bombas lacrimógenas, por lo que los representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos exhortaron a los policías para que no se separaran y se mantuvieran en sus filas a fin de evitar enfrentamientos más violentos que pudiesen ocasionar lesiones a la integridad personal de cualquier ser humano ahí presente.
 
No obstante ello, en la inspección realizada en el Hospital Escuela se constató la presencia de personas golpeadas y de otras que recibían atención médica en centros asistenciales.
 
Preocupa al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que, tal como lo evidencian los hechos acaecidos, haya personas afectadas en su integridad física por la reacción de fuerzas policiales como producto de manifestaciones políticas realizadas fuera del contexto democrático, en el cual no hay libertad sin responsabilidad y deben evitarse actividades o actos que perturben el funcionamiento armónico de la institucionalidad del Estado y la limitación  de los derechos humanos a la paz y a la democracia a los cuales tienen derecho todas y todos los hondureños, sin discriminación de ningún género.
 
El Estado de Derecho que rige en Honduras obliga  al respeto de la Constitución y las leyes por todos los poderes del Estado, entes gubernamentales, partidos políticos y personas particulares, y se constituye en un componente fundamental de la democracia, en la cual debe garantizarse el régimen plural de partidos y organizaciones políticas con el único objetivo de asegurar el ejercicio efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas y todos los habitantes.
 
Los partidos políticos deben subordinarse, en democracia, a ese fin de respeto y promoción de la dignidad humana de toda la ciudadanía. No hacerlo o simplemente aparentarlo es afectar el orden democrático al introducir o incitar al odio, hostilidad o la violencia que es contraria a todos los valores culturales ya que, tal como lo consigna la Carta Democrática Interamericana, la  democracia es un sistema de vida fundado en la paz, la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; y debe promover la gobernabilidad, los valores democráticos, el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil.
 
El derecho de reunión pacífica debe ejercerse responsablemente y conforme a las restricciones previstas por la Ley, necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público o para proteger los derechos y libertades de los demás, tal como lo establece la Constitución de la República, los pactos y convenciones internacionales de derechos civiles y políticos, y las leyes complementarias.
 
En atención a lo que precede y sin perjuicio de las diligencias del Ministerio Público orientadas a hacer que los tribunales correspondientes conozcan de los casos pertinentes y deduzcan las responsabilidades consiguientes: el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos exhorta al diálogo entre todos los sectores políticos que posibilite soluciones permanentes por  los medios pacíficos propios de una democracia representativa y participativa, en el marco de la subordinación de  todos los partidos políticos al respeto y promoción los derechos humanos y libertades fundamentales de todas y todos los habitantes, sin discriminación alguna.
 
Ese diálogo debería tener presente que el régimen democrático de Derecho se funda en la autoridad de la Ley y en el respeto de la dignidad humana, y que todas las personas incluyendo los involucrados activamente en las diferentes opciones políticas, deben contribuir y evitar perjudicar la funcionalidad de la institucionalidad pública pues esa institucionalidad es un bien común de la colectividad nacional que debe ser resguardado mediante el orden público, en la acepción dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que consiste en: “las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”.
 
Todos los hondureños, hombres y mujeres, tenemos derecho a vivir en democracia y en paz, razón por la cual, hacemos un llamado, tanto a los manifestantes como a los cuerpos de seguridad del Estado que mantengan la cordura y recomendamos a los partidos políticos y a los representantes del pueblo: tolerancia, responsabilidad, diálogo y entendimientos democráticos.
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