Tegucigalpa – La imputación por parte de la Fiscalía hondureña del alcalde de San Francisco, Atlántida, Enrique Alejandro Matute Meza (42), y a quien se le acusa por los presuntos delitos de tráfico de drogas y lavado de activos, recuerda que otros jefes edilicios permanecen en la mirada de la justicia.
Muchos alcaldes en América Latina son protagonistas de vínculos con el crimen organizado especialmente con el narcotráfico. México encabeza la lista de países dónde los jefes edilicios han quedado evidenciados pero Honduras tampoco escapa de este mal.
Como secretos a voces se comentan en círculos políticos, sociales y periodísticos los detalles de ostentosidad que se muestran en varios gobiernos locales. Suntuosas edificaciones, fiestas por doquier, automóviles y caballos de lujo son el corolario de las historias que poco a poco pasan a ser leyendas urbanas.
En contraste, otras regiones en las que la narcoactividad ha invertido millonarios recursos ahora presentan síntomas de depresión económica luego que importantes hampones han sido capturados y extraditados hacia Estados Unidos.
Funcionarios, personajes políticos e incluso autoridades religiosas han coincidido en señalar reiteradamente que existen “narco alcaldías” en varias regiones del país. Las acusaciones han tomado vigencia luego de operaciones de las autoridades hondureñas en varios términos municipales.
Desde tempranas horas de este viernes las autoridades agrupadas en la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) y bajo la operación “Manatí” lograron asegurar lujosas viviendas, haciendas y negocios propiedad del alcalde Matute Meza y de otras personas de quien se presume también son parte de una organización criminal.
Según se conoció, la DLCN cuenta con información desde 2002 en la cual se denuncia la participación del edil Matute Meza en actividades ilícitas de tráfico de drogas y de ser el presunto responsable de abastecer varios puntos de distribución de drogas, actividad que realiza o realizaba acompañado de varios sujetos fuertemente armados.
Se informó que este viernes se efectuaron 18 allanamientos simultáneos en los municipios de La Ceiba, La Masica, San Francisco y la comunidad de Santa Ana, todos en el departamento de Atlántida, donde en el interior de las viviendas se encontraron armas de grueso calibre, municiones, vehículos de lujo y otros enseres.
Hasta la noche del viernes no se había detenido al edil Matute Meza, en cambió varios de sus familiares sí fueron detenidos por las autoridades, incluido su hijo Luis Enrique Matute Díaz (23).
En tanto, la noche del viernes el alcalde Matute Meza quien participó en un mitin de apoyo a su persona en su poblado natal que las autoridades no han logrado encontrar pruebas que lo incriminen en tráfico de drogas y justificó la posesión de sus bienes explicado arduos años de trabajo en los Estados Unidos.
Amhon pide fortalecer el pacto municipal
El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Nery Conrado Cerrato, dijo sentirse triste al conocer que un servidor local esté involucrado o sea señalado por presuntos actos ilícitos que no son compatibles con la función pública.
Pidió respetar el principio de inocencia, en este caso del edil Enrique Alejandro Matute Meza, y dejar la sospecha permanente que existe sobre muchos jefes edilicios del país.
“La Amhon siempre defenderá el concepto de que los servidores públicos tienen que aplicar un código de ética que manda ser buenos ejemplos para evitar conducirse al margen de la ley”, declaró.
Cerrato aclaró que la Amhon “no es una instancia judicial” y sí con incidencia política. “Lo que propugnamos es que la carrera administrativa municipal sea cada vez más eficiente y que se respete la autonomía de los municipios. Siempre estamos aconsejando a los alcaldes para que actúen de manera correcta, que sigan los procedimientos administrativos eficientes, que los recursos que administran pertenecen a los ciudadanos”, explicó.
Dejó claro que todo el edil, regidor o empleado municipal que haya cometido un ilícito debe responder ante la justicia. “La Amhon siempre busca un buen ejercicio público y en ese sentido todos los que delinquen deben responder ante los tribunales”.
Consultado sobre los ostentosos edificios que poseen ciertas corporaciones municipales, el jefe de la Amhon refirió que “les hemos sugerido a los alcaldes que dejen de invertir en esas lujosas construcciones municipales, cuando por otro lado hay muchas necesidades de la población. Es bonito tener un parque de primer mundo, pero si más allá de esa edificación hay covachas y no hacemos inversiones en ellas, definitivamente no tiene sentido”.
Pidió a los alcaldes respaldar el pacto municipal firmado con el gobierno hondureño para orientar los recursos edilicios.
Ponce: Existe una cifra terrible de alcaldes vinculados al narco
El político izuqierdista Marvin Ponce se refirió a los ligues de alcaldes con el crimen organizado y describió que se quedó corto cuando señaló que unos 35 jefes edilicios estaban bajo esta condición.
Ponce, dirigente de Unificación Democrática (UD), manifestó que el fenómeno social que existen alcaldes coludidos con el crimen “eso es irrebatible”, al tiempo que agregó que diputados actuales también forman parte de este listado de personajes políticos ligados a la narcoactividad.
“Muchos de estos personajes (criminales) se meten en la política porque son menos tocados que un ciudadano común. Cuando en algún momento dije que había 35 alcaldes metidos en actividades del narcotráfico me quedé corto, las cifras reales son abismales, son terribles”, aseveró.
A la consulta si la persecución de ediles señalados por actos ilícitos provocará que éstos abandonen sus términos municipales, Ponce reseñó que hubo uno que ya lo hizo en el occidente de Honduras cuando cayeron los hermanos Valle Valle.
Caso Leopoldo Crivelli
Durante allanamientos efectuados en agosto de 2014, las autoridades buscaban confirmar supuestos vínculos del alcalde Leopoldo Crivelli con organizaciones criminales. Bajo una operación denominada “Sindaco” (alcalde en italiano) se requisó la casa del edil cholomeño, así como las oficinas de ese término municipal.
Después de varios días de operaciones no se logró comprobar las acusaciones contra Crivelli, al menos las que fueron denunciadas en primera instancia que lo vinculaban con organizaciones criminales.
Posteriormente, el MP solicitó en diciembre de 2014 al Poder Judicial que se instruya el proceso especial de Antejuicio y se declare con lugar la iniciativa de persecución penal contra el alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, acusado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos en perjuicio de la fe y la administración del Estado.
Las investigaciones contra Crivelli se derivan por la supuesta compra sobrevalorada de un terreno que sería destinado como crematorio en este municipio.
El alcalde cholomeño enfrenta tres antejuicios anteriores por supuestos actos irregulares, dos de ellos solicitados por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y un tercero por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, este último es conocida por la Corte de Apelaciones seccional de San Pedro Sula.
Estas diligencias judiciales se mantienen en la Corte de Apelaciones del Poder Judicial.
Caso Urbina Soto
Mientras a finales de julio del año pasado, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y miembros de Fusina, realizaron varios allanamientos en el caserío El Tirón en el municipio de Yoro, los que derivaron en el aseguramiento de 10 bienes de la presunta organización criminal “Urbina Soto”.
En esta operación se señaló directamente al alcalde yoreño, Arnaldo Urbina Soto, quien guarda prisión y fue acusado junto a otros miembros de su familia.
En este caso específico, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) mantiene bajo su poder siete bienes inmuebles, 277 cabezas de ganado, 210 gallos, un pony y ocho guaras.
