La acción comenzó hacia el amanecer de este sábado en veinte propiedades, de las cuales la policía de Chacao logró frustrar 16 en zonas de El Rosal, Altamira, La Castellana, Campo Alegre y Estado Leal, donde fueron detenidas 37 personas, detalló el alcalde.
Los invasores «están bien organizados», remarcó Graterón en llamadas telefónicas a emisoras de radio, televisión y a las páginas web de los matutinos de la capital.
«Casi todos los intentos fueron a la misma hora y, aunque actuamos contundentemente, al producirse de manera tan organizada se excedió la capacidad de nuestros organismos de seguridad», detalló al canal Globovisión.
«Seguimos trabajando en el marco del cumplimiento de la ley y las normas, y fundamentalmente resguardando la tranquilidad de las personas de nuestro municipio, además para que se respete el derecho de propiedad y el orden y la legalidad», agregó poco después a la emisora Unión Radio.
El alcalde destacó que «la característica fue una acción coordinada y política» y que ya «el día de ayer personal adscrito al PSUV de Chacao estuvo convocando a este tipo de acciones y llamando a la gente a la toma ilegal de los inmuebles».
En las propiedades invadidas los ocupantes suman alrededor de un centenar, «bien organizados, comunicados entre ellos y con un lineamiento claro», destacó el alcalde.
Las invasiones se realizaron en terrenos vacíos, «en proceso de emisión» de los permisos para edificar, o en locales comerciales ya construidos, pero aún sin ocupar, precisó.
La acción se produjo un día después de que Chávez firmara una Ley Orgánica de Emergencia de Vivienda y Terrenos Urbanos que, entre otros, faculta a su Gobierno a fijar precios de terrenos y de materiales de construcción.
Chávez aprobó la normativa con los poderes especiales que en diciembre pasado le otorgó la unicameral Asamblea Nacional (AN), debido a unas torrenciales lluvias que entonces afectaron al país.
Entre otros asuntos, la norma permitirá atacar la «especulación» que encarece el costo de las viviendas, destacó el gobernante, que ha anunciado expropiaciones para ubicar a los afectados por las lluvias de finales, cifrados en más de 130.000 en todo el país.
Los varios temporales dejaron, además, casi 40 muertos.
Adicionalmente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el pasado 17 de enero a los jueces del país «limitar temporalmente» toda medida «de carácter ejecutivo o cautelar que recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda familiar o de habitación».
«En virtud de las calamidades y desastres naturales generados por las lluvias», los jueces deben evitar el desalojo de viviendas, «aun existiendo sentencia definitiva» para ello, señala la orden del TSJ.
