Tegucigalpa – Al menos, 263 operadores de justicia, entre los que se incluyen policías, militares, jueces y fiscales del Ministerio Público estarían en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado en el país, según las quejas atendidas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) entre el 2016 y mayo del 2024.
– Desde el 2016, el Conadeh también atendió alrededor 336 quejas en las que se supone como principales responsables a operadores de justicia de poner en riesgo a centenares de personas de ser víctimas de desplazamiento forzado.
El ente estatal reveló, además, que, durante el mismo periodo, atendió 336 quejas de personas que denunciaron estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado y que, en las mismas, se vincula como principales agresores o responsables a personas que laboran como operadores de justicia.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, detalló que, a través del análisis de casos, desde el 2016, se identificaron 263 quejas vinculadas con operadores de justicia que se han visto obligados a desplazarse o estar en riesgo de desplazamiento forzado, producto de amenazas por la labor que desempeñan.
Indicó que, entre las víctimas figuran policías, militares, jueces y fiscales que se presentaron, ante el Conadeh, para interponer la queja, sobre lo que les estaba ocurriendo.
En un alto porcentaje, las quejas presentadas ante el Conadeh, por los operadores de justicia, son contra estructuras criminales.
Reyes mencionó que, las quejas de los operadores de justicia van en aumento cada año si se toma en cuenta que, en el 2023 fueron atendidas 66, superior a las 46 registradas en el 2022.
336 quejas contra operadores de justicia
El Conadeh también presentó “la otra cara de la moneda” e hizo referencia a que el desplazamiento forzado es multicausal y que dentro de las causas están las violaciones a los derechos humanos cometidas por operadores de justicia.
Mencionó que, desde el 2016 a mayo del 2024, el Conadeh atendió 336 (4 %) quejas de la población, que denunciaron estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado causado por operadores de justicia, es decir, policías, militares, entre otros servidores, como los principales agresores.
Las personas denunciaron ser víctimas de constantes allanamientos en sus viviendas y que debido a ese hostigamiento se generó el temor de permanecer en su lugar de residencia y que mejor tomaron la decisión de desplazarse.
Hechos que se registraron principalmente en el Distrito Central, Francisco Morazán y en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, reveló.
El desplazamiento forzado por violencia, es una de las modalidades violatorias de los derechos humanos en crecimiento en el país, mismo que fue reconocido por el Estado hondureño desde el año 2013.
De acuerdo a las quejas atendidas por el Conadeh, hasta ahora las personas con mayor riesgo y las que son víctimas de desplazamiento forzado en Honduras se desempeñan en ocupaciones como comerciantes, amas de casa, taxistas, buseros, docentes de educación primaria y media, abogados, periodistas, policías y militares.
Muchos de ellos víctimas de extorsión en sus negocios y, en el caso de las amas de casa, las acciones están vinculadas con el reclutamiento de niños y adolescentes o que están en riesgo de ser reclutados por estructuras criminales.
Explicó que, muchas veces, la causa es la extorsión, pero, el impacto es que la gente tenga que salir huyendo de su comunidad y eso se convierte en un delito de desplazamiento forzado, por lo que es importante que la población no invisibilice por otros actos de violencia. JS
