Tegucigalpa – La diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH) Maribel Espinoza, considera que una vez concedida la extradición hacia Estados Unidos (EEUU) del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora se liberen seis requerimientos fiscales contra altos funcionarios que recibieron el dinero de los hospitales móviles.
“Esperamos que este proceso (extradición) sea el inicio para que las instituciones del Estado se depuren. El Poder Judicial le falló a Honduras y la Fiscalía General de la República también incurrió en irresponsabilidad”, inició diciendo la legisladora por el departamento de Yoro en declaraciones a medios radiales.
Sobre conceder la extradición del ex gobernante hondureño a la justicia norteamericana -que lo acusa de tres cargos, entre ellos tráfico de drogas-, Espinoza considera que “el juez natural (Edwin Ortez), actuó correctamente en apego a la ley. Esperamos que este proceso sea el inicio para que las instituciones se depuren y rectifiquen”.
En ese sentido, dijo que el Poder Judicial, tiene una enorme deuda con el pueblo hondureño. Esperamos que el Ministerio Público presente requerimientos fiscales contra seis funcionarios del gobierno anterior que recibieron dinero de los hospitales móviles, hay evidencias en EEUU y eso le costó la vida a miles de hondureños, cuestionó.
Sin embargo, Espinoza fue consultada sobre los nombre de los funcionarios a los que se refiere y dijo que es información privilegiada que tiene en sus manos la Fiscalía, destacó que es parte de lo que reveló el fiscal general de la República en la reunión que sostuvieron el pasado miércoles junto a otros diputados.
“A estas seis personas que se llevaron el dinero les digo: hagan lo correcto y asuman la responsabilidad del daño patrimonial que la han hecho a Honduras, sobre todo a familias pobres y humildes que están enlutadas, porque no pudieron tener los medicamentos para su salud”, señaló.
Cabe recordar que el Estado de Honduras pagó en 2020 más de 47 millones de dólares por la compra de siete hospitales móviles para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, pero dicha adquisición resultó ser toda una estafa, ya que las estructuras hospitalarias no funcionaron para los fines primordiales y estaban dañadas.
La Fiscalía General realiza más de una veintena de líneas de investigación, producto de ello, dos de sus exdirectivos, Marco Bográn Corrales y Alex Moraes, enfrentan un juicio y todo indica que serán condenados en los próximos días. JP
