Acuerdos del Tripartidismo: Blindaje a la Corrupción o Gobernabilidad Política

Por: Alex Navas Álvarez Profesor de Ciencias, Políticas (UNAH), Coordinador Jurídico Cristosal/Honduras

En noviembre pasado, la Comisión Permanente del Congreso Nacional liderada por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), amparada en el artículo 208 constitucional y aprovechando un error estratégico de la oposición, logró imponer interinamente los titulares del Ministerio Público, conjurando un “Jaque Mate “político, que le facilito al oficialismo el suficiente espacio de maniobra para controlar buena parte de las instituciones del Estado, obligando a las otras fuerzas políticas a negociar su rendición, con una espada de Damocles sobre sus cabezas. Es de hacer notar que, este hecho es producto también al desgaste de algunos liderazgos, especialmente del Partido Nacional y Liberal, que no están pensando en generar un disenso democrático, sino mas bien, en consolidar escudos de impunidad que proteja sus intereses y de posibles investigaciones fiscales ligadas a la corrupción de alto impacto.

Aislado de estas negociaciones quedó el Partido Salvador de Honduras, que había conformado un Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) en conjunto con el Partido Nacional, Sin embargo, este último, viendo amenazada su propia existencia, abandono el barco, huyendo para salvar sus propias vidas. Los grandes acuerdos en la política, los hacen los “animales políticos” como los señalaba el filósofo griego, Aristóteles, que saben jugar de memoria el ajedrez político. Los principiantes o ignorantes en este arte siempre estarán en los linderos de las decisiones de poder.

La nueva correlación de fuerzas pone al descubierto la construcción de nuevos pactos políticos, con la particularidad que las reglas las pone el oficialismo, que ha demostrado tener capacidades de cimbrar las estructuras constitucionales, sin generar una crisis mayúscula en el sistema político hondureño. Si bien es cierto, hay voces disonantes que critican el actuar “pragmático” del gobierno, no es menos cierto que estas se diluyen frente a la capacidad de respuesta que tiene la base de LIBRE, repeliendo virulentamente cualquier atisbo de insurrección o critica a las acciones realizadas desde el pináculo del poder.

En política, el diálogo y las negociaciones son aceptados como un ejercicio sano de la democracia, lo que no debe estar permitido, es que esos convenios se vuelvan “Pactos de Impunidad”, que busquen proteger a sectores vinculados a la corrupción y el crimen organizado y que, como una moneda de cambio, se otorgue privilegios a mansalva a cambio votos en el Congreso Nacional para elegir altos funcionarios del Estado, incluyendo los fiscales generales.

La sociedad hondureña y la clase política debe aspirar a seleccionar funcionarios que respondan a las obligaciones de la constitución y la Ley y no agendas clientelares, que solo distorsionan la función pública y consolidan mecanismos de impunidad que socavan los cimientos de la debilitada democracia hondureña, creando paradigmas distorsionados en el impulso de una cultura ciudadana por la transparencia. En relación con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) es un imperativo romper la lógica simplista de la idoneidad de los candidatos, que ha sido la constante en esa institución del Estado, y avanzar hacia mecanismos democráticos de selección, basados en la independencia, profesionalismo y sobre todo la ética en el ejercicio de su función.

El TSC es una institución que esta en deuda con la sociedad hondureña, presa de la cooptación de los Partidos Políticos que tranzan impunidad y mantener el “status quo” y que a pesar de sus diferencias rancias y polarizadas, están dispuestos en comer del mismo plato para generar pactos de “gobernabilidad”, que en la práctica, no son mas que acuerdos de no agresión de las elites políticas, que buscan mantener un sistema que les ayuda a sobrevivir en momentos de crisis y seguir alimentando la red clientelar que sigue apostando por los más “obedientes” en puestos de poder.

Si se continua con la costumbre de nombrar a los “guardaespaldas” de los caudillos de los partidos, es probable que la promesa de instalar una Comisión contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) se quede en el discurso y se debiliten aún mas las capacidades operativas de las instituciones que están en la primera línea contra la corrupción, generando un desafío para Estado de derecho y la gobernabilidad democrática, así como lo señala el Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD,   “El clientelismo político es una herramienta que fomenta la corrupción. La elección de altos funcionarios en puestos claves del Estado vinculados a la justicia, la persecución del delito y la auditoría de fondos públicos, con base en criterios separados de la ética, la meritocracia y la idoneidad, revierte la capacidad del Estado de auditar y fiscalizar fondos públicos. La recomposición partidaria —especialmente del bipartidismo y el nuevo tripartidismo en instituciones como el Poder Judicial; el Ministerio Público; el Tribunal Superior de Cuentas; el Instituto de Acceso a la Información Pública; la Unidad de Transparencia, Financiamiento y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos; el Consejo Nacional Electoral; el Registro Nacional de las Personas; y el Tribunal de Justicia Electoral— puede tanto generar un equilibrio de fuerzas pero también profundizar el blindaje o los niveles de corrupción de estas instancias..[1]

El Congreso Nacional tiene una gran oportunidad de generar confianza y un legado en la sociedad hondureña y en la comunidad internacional, pasando del discurso a la práctica en la estrategia anticorrupción, eligiendo funcionarios capaces y éticos, buscando proteger los intereses de las mayorías, dejando atrás el utilitarismo militante, y transitando hacia los valores democráticos, el apego a la Ley y la constitución. De lo contrario, abriremos un abismo de corrupción y clientelismo que solo erosiona el tejido social y el Estado de derecho, como lo señala la Hannah Arendt “Porque el poder entregado a si mismo solo puede lograr mas poder y la violencia administrada en beneficio del poder (Y no de la Ley) se convierte en un principio destructivo que no se detendrá hasta que no quede nada que violar[2]


[1] PNUD (2022). Informe de Desarrollo Humano. Honduras. Estado de derecho, Fundamento de la Transformación 2022-2030.

[2] Arendt Hannah. Los orígenes del Totalitarismo.

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