Tegucigalpa – Abogados de personas procesadas y a quienes les han asegurado bienes, demandaron este martes “una profunda auditoría” en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
– Los profesionales del derecho no descartan demandas contra el Estado ante el supuesto mal manejo y abuso en la asignación de bienes incautados.
En las últimas horas se han conocido sendas operaciones del Ministerio Públicos en conjunto con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), relacionadas a denuncias de asignación de bienes incautados a narcotraficantes y que son utilizados por altos funcionarios del Estado.
Marlon Duarte, abogado de la familia Rosenthal, denunció que la OABI no ha enviado informes a los juzgados de que han hecho con los bienes de sus defendidos.
“Es importante hacerles saber que el expediente 092 que establece el Poder Judicial a través del órgano competente de los Juzgados de Privación de Dominio, envió a la administración anterior de OABI presentada por el abogado Francisco Zavala un atento oficio, en la que solicita que le pormenorice donde están los bienes, qué bienes vendieron, a qué precio se vendieron, qué parámetros utilizaron para su venta, cómo están actualmente los bienes”, explicó Duarte.
Agregó que “ese oficio al abogado Zavala jamás fue contestado. Luego el segundo oficio se solicitó el año pasado, el Juzgado Competente le envió al abogado José Luis Andino que le enviara el informe pormenorizado porque la ley lo establece, inclusive la Fiscalía nos apoyó porque son medios de prueba y hasta el día de hoy, no se ha emitido esa orden que el juez competente en su momento brindó”.
Para el penalista Duarte, queda claro que existen una serie de irregularidades en OABI. “No me explico cómo es que la Comisión Nacional de Banca y Seguros tiene un extensionista en valorar ganado de alta genética, porque dicen que tienen un especialista valorador de la CNBS que determina cuál es el valor de un vehículo ¿Pero quién determina cuánto es el valor genético que tiene un ganado?”, se preguntó.
Añadió que “aquí hay funcionarios que andan vehículos de lujo ¿Por qué no venden ese vehículo y compran medicinas para los hospitales para la gente?, esas son las situaciones que debe investigar la ATIC, ninguna autoridad se ha atrevido a investigar esta institución y allí se van a encontrar irregularidades”.
Bienes deben ser asegurados, no subastados
Por otra parte, el abogado Raúl Suazo Barillas aseveró que es completamente inconstitucional atentar contra la presunción de inocencia, derecho de la propiedad y la retroactividad de la Ley Penal.
“Varias personas han sido despojadas de bienes sin haber sido vencidas en juicio. La ley es clara y habla de aseguramientos, eso significa que no será traspasada de dueño, la administración le pertenece a la OABI, pero debe controlarse su custodia porque si en una audiencia se declara que los bienes fueron adquiridos de origen lícito, deben devolverse en el mismo estado que fueron asegurados”, explicó Suazo.
El representante de Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo, acusó que “el Estado se ha aprovechado para hacerse de bienes y muebles, también otro tipo de personas han sabido hacer negocios con este inmuebles”.
Para el abogado penalista hay negocios de particulares en los bienes asegurados y que no debería ser así.
“Estos fondos deben utilizados para actos benéficos, pero nuestros hospitales continúan sin medicina y se ha recibido dinero de parte de los allanamientos que han existido de cuentas, joyas, vehículos, ganado y todo esto debe ser sujeto a investigación”, insistió.
Mientras el abogado René Altamirano aseguró que la OABI debería notificar todo lo que realizan con los bienes asegurados.
El abogado de la familia Handal, dijo que es urgente realizar una auditoría profunda en esta oficina del Estado, para luego rendir cuentas claras a las personas que han sido víctima de los procesos judiciales.
“La OABI debería notificar a los abogados defensores cuándo se van a someter a subastas los bienes, también debe decir públicamente cómo está administrando los bienes porque muchas personas han sido afectadas, por ejemplo les venden un yonker como chatarrero”, concluyó Altamirano.
