Tegucigalpa – A 500 millones de lempiras ascienden los bienes asegurados la semana pasada por las autoridades en el norte de Honduras, indicaron la noche de este domingo, el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), Ricardo Antonio Castro y el director de Fiscales del Ministerio Público, Rolando Argueta.
Detallaron que la semana pasada se aseguraron 45 casas incluidas dos fincas, 14 empresas mercantiles incluidos centros comerciales y 69 cuentas bancarias que en total suman unos 500 millones de lempiras en el operativo practicado en San Pedro Sula, Omoa y Santa Bárbara.
Calificaron la operación como la más grande realizada este año donde también se incluye el aseguramiento o confiscación de otros bienes muebles como joyas, automóviles y vehículos blindados.
Ambos funcionarios comparecieron al programa 30-30 de Telesistema Hondureño que dirige el periodista Edgardo Melgar.
Castro indicó que esta investigación se venía realizando desde 2011 a una organización criminal dedicada al narcotráfico que dirigía Rubén Mejía Mejía, alias “Yuquita”, quien murió acribillado en San Pedro Sula, junto a su padre el año pasado.
Añadió que el aseguramiento fue ordenado por un juez de extinción de dominio y ahora viene el proceso legal.
Argueta por su lado, dijo que se ha comprobado que los bienes asegurados han sido adquiridos mediante dinero de origen ilícito y hay empresas mercantiles que desde hace cinco años se les inyectó capital de origen ilícito.
Señaló que el Ministerio Público tiene un plazo de 12 meses para probar que esos bienes han sido adquiridos con dineros de origen ilícito ya que el proceso de certificar que fueron obtenidos de manera ilegal, es complicado.
En ese sentido, los bienes incautados la semana pasada en un 99.9 por ciento han pasado a la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
En el caso del empresario Rolando Sabillón, quien alega que las propiedades que se le han asegurado son de origen lícito, Argueta indicó que a esa persona se le garantiza el debido proceso, tiene derecho a la defensa y al principio de igualdad e inocencia.
Sobre el edificio que tenía alquilado el Ministerio Público y que ha sido asegurado en la operación, señaló que en el momento en que la Fiscalía hizo el contrato con el arrendatario no se conocía que el inmueble tenía un origen ilícito sino que fue hasta en la investigación que se enteraron, pero ahora ese espacio donde funciona la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, que tiene un personal de 40 empleados, continuará operando en ese lugar, pero el alquiler será pagado ahora a la OABI.
Caso Ciuffardi
En el caso de la chilena Natalia Patricia Ciuffardi, Argueta indicó que mañana a las 2:00 de la tarde se reanuda la audiencia de extradición en Santiago hasta donde ha viajado el titular de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), Roberto Ramírez Aldana y tres peritos, quienes explicarán al juez cómo operaba la red que hizo un millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En ese caso, Ciuffardi es acusada por el delito de lavado de activos al adquirir lujosas viviendas, vehículos y abrir cuentas bancarias con dineros del Seguro Social.
La audiencia continuará mañana y concluirá el próximo martes cuando se espera que el juez dicte una resolución pues de lo contrario tiene cinco días para pronunciarse y resolver.
Argueta confía en un 100 por ciento que con las pruebas el juez decidirá extraditar a Ciuffardi y luego el Estado chileno tendrá dos meses para mandarla a Honduras donde deberá responder por el delito de lavado de activos por el que se le podría imponer una pena de entre 15 y 20 años de reclusión.
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