Tegucigalpa. – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Roosevelt Hernández, en un hecho inusual, se ha sumado a la reciente escala de polarización e intimidación al espacio cívico y la libertad de expresión en Honduras al arrinconar ante la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público a una docena de medios de comunicación corporativos y digitales a quienes acusa de delitos contra el honor y busca obligarlos a revelar sus fuentes periodísticas.
El indignado general tiene curiosidad porque la prensa le revele quién o quiénes filtraron que estuvo enfermo, que en un acto castrense sacó su arma y le apuntó a la Constitución, así como cuestionamientos a lo interno de las gloriosas por su falta de liderazgo. El general quiere saber quién cuestiona su mandato, alegando que ello está afectando su derecho a la imagen y la intimidad. Quiere saber quién o quiénes son las fuentes de los periodistas.
En los citatorios girados por la policía nacional a través de una oficina de la Interpol se cita a los periodistas una serie de artículos penales como arma intimidatoria para que éstos revelen sus fuentes, en una clara violación al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como de otros tratados y convenios internacionales en materia de libertad de expresión, opinión e información suscritos por el Estado de Honduras en donde se respeta el secreto profesional relacionado con las fuentes. Secreto profesional que también es consignado en la Constitución (Artículo 72), en la Ley de Emisión del Pensamiento, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y otras leyes secundarias hondureñas.
En su reclamo el general Hernández tiene razón en dos aspectos: el primero, la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites ya establecidos por la doctrina en la materia. El segundo es que toda persona tiene derecho al honor, a su intimidad y a la imagen, entre ellas los servidores públicos o burócratas como les gusta llamarse.
Pero en su caso, el derecho al honor, la imagen y la intimidad tiene también límites, por ser una figura investida de poder y de autoridad. No es lo mismo ese derecho para un ciudadano común, que el derecho para un general o un funcionario investido de poder y de autoridad ya que lleva una clara ventaja sobre el ciudadano de a pie. Su derecho se restringe. El servidor público por sus funciones debe prepararse para estar bajo la lupa ciudadana y de la prensa como parte de su labor de fiscalizar el poder.
El derecho a la protección de los datos personales confidenciales pasa por la “prueba de interés público”, un ejercicio que se realiza para determinar si es más beneficioso que se publique información confidencial o privada, que mantenerla en secreto, como parte del derecho de y a la información.
Por sus funciones propias, el general Hernández no es un funcionario común. No es la aseadora ni el conserje de una institución, menos el motorista. Es el jefe de las fuerzas armadas, responsable de las acciones de defensa de la soberanía de un país, de ahí que cualquier resfriado o movimiento inusual sea de interés público por la labor que realiza y el cargo que representa.
Muchos son los ejemplos sobre este tipo de hechos. En Francia, el entonces presidente Françoise Mitterrand, se vio obligado a aceptar una enfermedad luego de que trascendiera a la opinión pública; igual la princesa Catalina de Gales, dada la relevancia de sus funciones, de su poder y de su autoridad. Ellos tuvieron que aceptar que su derecho a la intimidad tiene restricciones por la investidura de sus cargos y el interés público. De ahí que las incomodidades del general Hernández hayan sorprendido, pues en recientes declaraciones a la prensa, aceptó que algunos de los hechos que hoy le incomodan fueron ciertos y que el haber apuntado a la Constitución con un arma fue “una analogía”.
Reiteró que no tenía nada contra los medios, que actuaba a título personal—pero las notas a los medios iban con el logo de las Fuerzas Armadas–, dijo que “analizaba” retirar la denuncia contra la docena de medios, pero ello aun no ocurre. La amenaza sigue vigente y latente.
La acción del general se inserta en medio de una escalada en contra de los integrantes del espacio cívico que cuestionan al poder hecho gobierno y cuando la prensa revela en sus trabajos informativos, de investigación y profundidad, abusos en instituciones públicas que se mantenían calladas para fomentar impunidad. A esa escalada que se ha venido registrando con datos e informes desde la sociedad civil, se suma el jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas con otro elemento preocupante: su interés por acceder a las fuentes al pedir que se viole el secreto profesional que ampara a los medios y los periodistas.
Por principio las fuentes periodísticas no se revelan y en países como Honduras donde el ejercicio de la libertad de expresión es de alto riesgo como señalan en sus índices Reporteros sin Fronteras, Freedom House, el Índice de Chapultepec y el hondureño Comité por la Libre Expresión (C-Libre), revelar la fuente sería dar el tiro de gracia al periodismo, a la libertad de expresión, de opinión y de información. Sería poner en riesgo a las fuentes que alimentan el reporteo del periodismo y que contribuyen a la búsqueda o proporción de información de interés público. Sería condenar a su muerte a la democracia.
De ahí que preocupe la intención del máximo jefe de las gloriosas, pues recuerda a los regímenes autocráticos que nos rodean y su interés por censurar, acallar y controlar lo que esté a su alcance para imponer un pensamiento único que dista mucho de los regímenes democráticos. La batalla por la libertad de expresión entra a una fase que requiere máximo interés y compromiso, avanzar hacia políticas de autorregulación de medios en sociedades democráticas para evitar que autócratas quieran coartar el derecho ciudadano a saber y a ejercer la libertad de expresión. Los cañones para la defensa de la soberanía, pero nunca para matar al mensajero.
