Hace aproximadamente 15 años visité La Mosquitia y me interné en algunas de sus aldeas para elaborar una serie de reportajes periodísticos dirigidos a exponer los principales problemas que aquejaban en ese entonces a las colectividades indígenas de esa ubérrima tierra del caribe hondureño, cuya belleza costera y exuberante vegetación, contrasta con sus paupérrimas condiciones de pobreza y marginación.
El departamento de Gracias a Dios o La Mosquitia, como lo conocemos históricamente, está conformado por un extenso territorio costero y selvático de más de 22.568 kilómetros cuadrados en el que subsisten un poco más de cinco comunidades indígenas o consejos territoriales conformado por las etnias Misquita, Garífuna, Pech, Nahua, Tolupán y Tawahka, entre otras.
La serie abordó temas torales como el narcotráfico, el tráfico de maderas preciosas y fauna silvestre, la dramática situación de los buzos misquitos, las precarias condiciones sanitarias de las comunidades, la prostitución de niñas misquitas, la falta de escuelas y centros de estudios superiores y la inexistente infraestructura vial, en fin, una gama de problemas que todavía siguen vigentes y espolean a sus pobladores.
La visita me permitió conocer in situ y escuchar de viva voz la dramática situación de nuestros compatriotas misquitos, que, por un lado, han tenido la bendición de haber nacido en una tierra rica en historia, cultura ancestral y biodiversidad, pero, por otro lado, experimentan la maldición de habitar un territorio permanente marginado del progreso y del desarrollo social y económico.
Por su lejanía y el difícil acceso a ese territorio, el cual solo es posible por la vía marítima o aérea, el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de la Mosquitia ha sido sumamente lento en comparación con las demás regiones del país, lo cual se refleja en sus principales indicadores en materia de educación, salud, empleo y productividad.
En contraste con sus inherentes precariedades, también tuve la oportunidad de internarme en sus costas, selvas y lagos, adonde pude observar con asombro su inigualable belleza natural, la diversidad de su fauna y la riqueza ancestral de sus pueblos, corroborando el enorme potencial que esta tierra posee para poder mejorar las condiciones de vida de sus miles de habitantes, que en pleno siglo XXI todavía subsisten precariamente de la agricultura, la pesca y la caza.
En la serie periodística concluí que la Mosquitia posee la riqueza y el potencial humano, así como las condiciones naturales para sacar a sus pobladores de la más abyecta pobreza y subdesarrollo. Si embargo, para lograr ese objetivo se requiere de una política de atención estatal sostenible que implique una mayor asignación de recursos de inversión social a sus municipios que a corto y largo plazo permitan desarrollar su infraestructura sanitaria, de educación, productiva e infraestructural.
Lamentablemente, la Mosquitia solo ocupa los titulares de los medios de comunicación y despierta el interés de los gobiernos y de la sociedad hondureña en general cuando las autoridades militares y policiales confiscan enormes cargamentos de droga provenientes de Suramérica o cuando la naturaleza se ensaña con sus poblaciones o la tragedia toca las puertas de las familias misquitas.
En los últimos días, nuevamente La Mosquitia ha sido objeto de atención luego que el Gobierno de turno anunciara su pretensión de construir en la comunidad de Mocorón una megacárcel para confinar a miles de privados de libertad de alta peligrosidad, estimada en más de 2,000 millones de lempiras, lo cual ha sido ampliamente rechazado por la población indígena y las autoridades municipales.
Esta megacárcel, que es una continuación del fracasado proyecto carcelario de la Isla del Cisne, ha abierto un nuevo frente de confrontación con un sector importante de la población autóctona del departamento, que se encuentra protegida por acuerdos y tratados internacionales, entre ellos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a las poblaciones indígenas.
Sin contar con el aval de los pueblos autóctonos de la zona e ignorando el artículo 169 de la OIT, el gobierno anunció sorpresivamente la construcción de la cárcel, violentando el principio jurídico de que cualquier proyecto que los afecte debe ser ampliamente socializado bajo una consulta previa, libre e informada.
Con este proyecto, el gobierno vuelve a mostrar la improvisación que lo ha caracterizado permanentemente en estos tres años de gestión administrativa, porque bajo el contexto expuesto anteriormente, lo lógico sería destinar esos 2,000 millones presupuestados para ese proyecto, en mejorar las condiciones de vida de los misquitos, mediante la construcción de nuevas escuelas, mejorar los hospitales y la red de centros de salud, optimizar la dotación de medicinas, ampliar las redes de comunicación e invertir en la producción agrícola.
Frente a una clara violación de sus derechos, las comunidades misquitas han sido claras con el gobierno en el sentido de exigir la suspensión del proyecto en vista que el mismo traerá más perjuicios que beneficios a la comunidad. Al mismo tiempo han sido firmes advirtiendo que no permitirán que ninguna maquinaria ingrese al lugar donde se pretende realizar la construcción.
La Mosquitia simboliza una oportunidad desperdiciada: una región rica en recursos naturales y culturales, pero sumida en el olvido, la pobreza y la marginación.
La insistencia del gobierno en proyectos como la construcción de una megacárcel, ignorando los derechos de las comunidades indígenas y sus necesidades urgentes, refleja una desconexión profunda con la realidad del territorio.
Es indispensable replantear las prioridades estatales, orientando los recursos hacia el desarrollo sostenible de esta región olvidada, fortaleciendo su infraestructura, educación, salud y productividad. Solo así se podrá romper con la tragedia permanente que aqueja a La Mosquitia y garantizar un futuro digno para sus pueblos.
