Como seguramente sabrán los lectores, recientemente se ha retomado la discusión del proyecto de Ley conocido como la Ley de Justicia Tributaria. Como también sabrán las lectoras, la aprobación de ese proyecto de Ley es un compromiso que el gobierno ha asumido con el Fondo Monetario Internacional y forma parte de un conjunto de medidas que el gobierno debe adoptar a fin de lograr el desembolso de un importante monto de dólares.
Sin pretender juzgar los méritos del proyecto de Ley, resulta evidente que el gobierno no cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto en el Congreso. Esto no debería sorprendernos. Subir, e incluso reducir, impuestos se torna en una controversia política en cualquier Congreso.
De hecho, esto es así en todas partes del mundo. Nosotros no somos una excepción. Por el contrario, en nuestro caso la discusión se acalora dado que estamos a tan solo unos meses de las elecciones primarias o internas. Siendo esto así, el juego político busca responsabilizar a los opositores de los aspectos negativos de la Ley y de asignarse responsabilidad por los aspectos positivos de la misma (suponiendo que los tuviera).
Al final, en las democracias maduras las diferencias se zanjan mediante una negociación en la que ninguna de las partes logra la totalidad de lo que pretende y sacrifica parte de sus pretensiones a cambio de lograr un acuerdo.
Se trata, en efecto, de un proceso de aproximaciones sucesivas, mediante el cual las partes buscan alcanzar su meta paulatinamente a lo largo de varios años. Lamentablemente esto no parece posible en nuestro caso. Veamos por qué.
Desde el inicio de su gestión, LIBRE ha dado claras muestras de que no busca negociar, sino que imponer su posición. Parece que piensan que negociar, que implica ceder en ciertos puntos, equivale a mostrar debilidad. Piensan que porque ganaron la Presidencia de la República tienen derecho a imponer su voluntad en el Congreso. Olvidan, convenientemente, que el pueblo hondureño sabiamente los colocó en una posición ampliamente minoritaria en el Congreso, y actúan como si no hubiera independencia entre los poderes del Estado.
Se muestran molestos y contrariados porque la oposición no acepta la imposición que pretende LIBRE. Como resultado, se paraliza toda la labor del Poder Legislativo. No sorprende entonces que la encuestas cataloguen a nuestro Congreso como uno de los peores en nuestro continente.
Todos los países requieren impuestos para operar. Sin embargo, ante la necesidad de aumentar impuestos, la primera pregunta que se debe plantear es cuales son los principios que deben guiar un ajuste de impuestos y me parece que son dos. El primero es seleccionar entre las diferentes opciones para el ajuste la que resultará en la tasa de crecimiento más alta de la economía y que evitará, en la medida de lo posible, el daño al ambiente.
El segundo es que produzca los recursos necesarios para asegurar una macroeconomía sana. Previo a esto se debe analizar el tamaño del gobierno, reduciendo el gasto corriente a lo necesario para cumplir eficientemente las funciones propias del gobierno. Quisiera pensar que todos los partidos políticos pueden aceptar estos principios y con base en ellos negociar los detalles del ajuste.
Hay otro tema que me parece importante pero que se omite en los debates sobre impuestos. Estados Unidos ha negociado tratados sobre impuestos con cerca de setenta países, de lo cuales seis están en nuestro continente (Barbados, Chile, Jamaica, México, Trinidad y Tobago y Venezuela).
Actualmente negocian otro tratado con Colombia. Entiendo que por lo menos en algunos de esos tratados se permite que los impuestos que un sujeto no residente debe pagar puedan ser deducidos de los impuestos que paga en el país de residencia. Si eso fuera así y se concediera tal tratamiento a los sujetos no residentes, entonces las empresas maquiladoras no tendrían que demandar regímenes privilegiados para operar en Honduras.
De los impuestos que pagan en Estados Unidos, que en parte provienen de las utilidades generadas por su operación en Honduras, se deducirían los impuestos que pagarían en Honduras, de tal manera que el monto total a pagar sea el mismo. Como no pagarían impuestos adicionales, no habría razón para demandar un régimen impositivo especial. No obstante, habría que negociar el tratado con Estados Unidos, a quien nuestro gobierno se ha dedicado a criticar y menospreciar.
No me hago ilusiones en cuanto a una posible negociación de un tratado, lo cual indica que seguiremos golpeando a los pocos que pagamos impuestos y será imposible ampliar la base tributaria. Además, al eliminar los regímenes especiales se reducirá la inversión en nuestro país y crecerá la migración, el desempleo y la pobreza. Eso ocurre cuando nuestra política exterior es guiada por la ideología izquierdista y no por el interés de nuestro pueblo.
Todo lo antes expuesto nos obliga a concluir que nos encontramos en una difícil encrucijada, frente a la cual entiendo que el presidente del Congreso ha propuesto que el tema del alza de los impuestos pudiera ser objeto de una consulta popular. Tampoco es claro que LIBRE cuente con los votos necesarios para que el Congreso autorice la consulta. Sin embargo, es posible que se pueda negociar el alcance de la consulta y así acordar que se proceda con ella.
Por mi parte, yo sugeriría que se incluya la segunda vuelta en la elección presidencial, la adopción de los circuitos electorales uninominales y la ciudadanización de las mesas electorales. Todas estas son reformas políticas ampliamente deseadas por la población y su inclusión en la consulta propuesta facilitaría la adopción de esta. Si la intención es proceder con una consulta que necesariamente tendrá un alto costo, parece más que razonable incluir los temas más importantes para la población. Decidir cómo y cuánto nos subiremos los impuestos es importante, pero es más importante aún decidir en cuanto a los temas que pueden modernizar y transformar nuestra nación.
