Tegucigalpa – A criterio del presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, es importante considerar ciertos aspectos legales y constitucionales en relación al tema de la posibilidad de someter a consulta ciudadana la Ley de Justicia Tributaria.
El titular del CAH, explicó que cuando se reformó el artículo 5 de la Constitución de la República, se introdujo un párrafo que prohibía someter a consulta ciertos temas, como los asuntos tributarios, la amnistía política, los tratados internacionales y algunos aspectos judiciales. El objetivo de esa reforma era evitar que la población fuera inducida a tomar decisiones en temas que podrían afectar negativamente la economía nacional.
Sin embargo, en reformas posteriores, ese párrafo fue eliminado, lo que actualmente deja abierta la posibilidad de consulta en estos temas. «La pregunta ahora es por qué se eliminó esa restricción, y si esto justifica llevar asuntos tributarios a una consulta ciudadana», señaló Solórzano.
A pesar de la eliminación de la prohibición, Solórzano argumentó que en el ámbito del derecho constitucional y bajo principios fundamentales que sustentan la normativa, calculadas en el derecho comparado, no debería permitirse que los temas tributarios sean objeto de consulta popular. «Más que ser un asunto meramente económico o relacionado con tributos, se trata de un tema de naturaleza política», afirmó.
El presidente del CAH destacó que los principios del derecho y la normativa comparada buscan en este caso proteger la estabilidad económica del país, evitando que decisiones tributarias sean tomadas bajo el influjo de intereses políticos o inducidos, lo cual podría generar perjuicios a largo plazo para la economía nacional. LB
