Tegucigalpa. – A inicios de la década del año 2000, la salud de la libertad de expresión en Honduras ya presentaba problemas: censura, amenazas, intimidaciones, despidos, eran los patrones más comunes, hasta que fue asesinado el primer comunicador rural en noviembre de 2003 en la ciudad de Santa Rosa de Copán, al occidente de Honduras.
Se trataba de German Rivas, un destacado comunicador social que seis meses antes de su muerte, había logrado salir ileso de un atentado. Fue un caso que sacudió a los periodistas y a los organismos defensores de la libertad de expresión dentro y fuera del país. Su crimen sigue impune, como el de más de un centenar de periodistas, comunicadores rurales, y afines a la comunicación asesinados en más de dos décadas. Honduras según Reporteros sin Fronteras es uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico, el país va camino al infierno, sentenció.
La relatoría de la libertad de expresión de la OEA desde la muerte de German Rivas y las amenazas a la prensa identificó dos patrones que estaban lacerando la libertad de expresión en el país: la corrupción y el narcotráfico, mismos que se mantienen, pero con mayor acento hacia quienes en su labor de investigación y periodismo de profundidad se atreven a graficar las redes de corrupción y de narcotráfico en el país.
Sendos reportajes de la prensa internacional y de los medios locales, tradicionales, alternativos y digitales, así como periodistas free lance en importantes medios estadounidenses, han desnudado las mafias de corrupción y narcotráfico que operan, han operado y siguen operando en el país. Un país con una institucionalidad tan frágil que la población pide la ayuda internacional con la instalación de la CICIH y ha repudiado la decisión del gobierno de dejar sin efecto el tratado de extradición con Estados Unidos, que a la fecha ha logrado que más de 70 hondureños vinculados al narco sean condenados en cortes de justicia estadounidenses, entre ellas un expresidente: Juan Orlando Hernández.
En materia de lucha contra la corrupción, la instalación en el país de la extinta MACCIH fue una bocanada de aliento para empezar a combatir grandes redes de corrupción, pero los primeros golpes hicieron que los sectores más conservadores del país unieran esfuerzos para sacar la misión y blindarse en sus pactos de impunidad.
La prensa hondureña no fue ajena a ello y a las amenazas que su trabajo les trajo desde sectores corruptos evidenciados por sus malas prácticas. La corrupción sigue siendo una tenaza que amenaza el ejercicio de la libertad de expresión, lo viven los periodistas de las grandes ciudades, de las zonas urbanas y con mucha intensidad los que ejercen la comunicación social en el interior del país.
La otra tenaza que intimida y que ha logrado penetrar la política hondureña e incluso cierta institucionalidad del Estado, es el narcotráfico y el poder de los carteles. Su presencia es local, regional, nacional e incluso transnacional; los nombres de los protagonistas de los primeros carteles han salido a la luz pública, pero faltan otros, unos que salen a cuentagotas, y los que se siguen ocultando en la impunidad que les otorga el poder de su dinero y de sus influencias.
Los periodistas y medios de comunicación están en medio de esa disputa de poder y control, y sus trabajos hoy como antes, bajo la amenaza e intimidación de estos personajes y bandas criminales de corrupción y narcotráfico que en muchas ocasiones hacen que sus intereses se unan y desplieguen para demostrar su poder, para intimidar, acosar, acusar, amenazar y atentar, dentro de las muchas formas a las que están acostumbrados a operar.
Recientes trabajos de medios digitales y tradicionales evidenciando el actuar de las mafias de corrupción y narcotráfico es el blanco de los ataques digitales que sufren esos medios y periodistas, no porque les incomode lo que se diga; sino porque les molesta a quién y a quiénes se señala en una radiografía que también difunden en sus investigaciones instancias de sociedad civil vinculadas en la lucha anticorrupción, seguridad, defensa del ambiente y de los territorios.
La libertad de expresión sigue mostrando su estado delicado, pues no solo los periodistas y medios son atemorizados, la censura y la autocensura también llega a actores claves que cuestionan el rumbo del país o el deterioro de la democracia. La libertad de expresión como una de las instancias que conforman el espacio cívico sufre actualmente presiones de esos actores de corrupción y crimen organizado que, cobijados en la impunidad, buscan amedrentar y acallar a quienes ejercen el derecho a saber, a buscar, recibir y difundir información de interés público que tienen que ver con el accionar de los gobiernos y los Estados que se precian de ser democráticos.
De ahí que en el imaginario colectivo, la ciudadanía pida la instalación de una CICIH para desenmascarar las grandes redes de corrupción, que se revierta la suspensión del tratado de extradición para seguir en esa depuración de carteles de la droga que siguen contaminando el país, y que se garantice el acceso a la información y a las fuentes como expresión democrática que la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la impunidad, no es un discurso que cambia de colores según el vaivén de los tiempos y las campañas electorales.
