Tegucigalpa.– En el mes de mayo se conmemora en Honduras el Día del Periodista, en reconocimiento a la publicación del primer periódico del país, al trabajo de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a opinar y el derecho a saber a través del acceso a la información.
Más allá de los festejos o entregas de premio o reconocimiento que se realizan, uno de los grandes propósitos de los periodistas y los medios de comunicación debería ser aprovechar el momento para una revisión interna y poner atención a las señales de alerta que nos vienen dando desde hace un tiempo atrás los distintos informes de libertad de expresión que difunden en este mes prestigiosas organizaciones internacionales dedicadas a monitorear la libertad de expresión.
Concebida como un amplio derecho que no se circunscribe propiamente a los periodistas, sino como un derecho sobre el cual descansa el pilar fundamental de la democracia y sobre el cual subsisten las otras libertades, la libertad de expresión atañe a todas las personas, y en Honduras según Reporteros sin Fronteras, ésta va “camino al infierno”, al configurarse todas las modalidades que la amenazan: censura, autocensura, leyes que criminalizan este derecho, intimidaciones, amenazas, agresiones, discursos de odio, estigmatizaciones, descalificaciones, atentados y asesinatos. Todo ello lo tenemos aquí, con altibajos preocupantes, y un denominador común que atraviesa otras esferas del país: la impunidad.
En una consulta reciente a los hondureños de a pie se les preguntó acerca de las libertades, y éstos sin rodeos dijeron que una de las cosas que les enorgullecía del país era “la libertad de expresión que aún nos queda, poca, pero nos queda”. Me impresionó su respuesta porque en la sencillez de sus conocimientos tienen claro la valoración de este derecho y resienten que lo están perdiendo en zonas donde el control de la territorialidad del crimen es apabullante, en donde el poder del cacique político y su corrupción los aplasta. Enumeraron sus miedos en la democracia, mismos que escalan a vista y paciencia de todos.
Este declive de la democracia y la libertad de expresión no es reciente, pero sorprende que poco o nada se haga para frenarlo, al contrario, en su más reciente informe de libertad de expresión la Relatoría para la Libertad de Expresión señala que las amenazas a los periodistas y comunicadores en su mayoría provienen por coberturas a hechos de corrupción, crimen organizado, problemas en los territorios, medio ambiente y derechos humanos. Denunciaron que los periodistas y comunicadores entrevistados señalaron que realizan su trabajo en un contexto de miedo, censura y autocensura.
Se suman a estos llamados el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en el cual indica dos cosas: intolerancia gubernamental a la crítica; acoso a medios y actores de sociedad civil y de la cooperación por expresar sus ideas, los cuales están teniendo un efecto “paralizador” entre quienes son objeto de estos atropellos a la libertad de expresión.
En tanto el barómetro del Índice de Chapultepec señala que Honduras ha caído de ser un país de baja restricción a uno de alta restricción en libertad de expresión en el último año. Asimismo, ha caído en categorías como ciudadanía informada, flujo de información, libertad de expresión, acceso a la información, impunidad, violencia y amenazas a la prensa. Las valoraciones en estas categorías no son saludables para la libertad de expresión.
La impunidad en los crímenes de los periodistas y comunicadores sociales, casi un centenar en las últimas dos décadas, y al menos tres en lo que va del nuevo gobierno, es otras de las señales que alarman a las organizaciones internacionales de libertad de expresión, apenas 7 casos se han judicializado de esas muertes, advierten. Son malos síntomas, son señales preocupantes, más allá de las posiciones de anti gobierno o pro gobierno; el problema es de Estado, el problema es de deterioro democrático, el problema es que la libertad de expresión y el espacio cívico como la última frontera de la democracia se está achicando.
Uno de los puntos del informe de la relatoría de la libertad de expresión es acerca de los discursos de odio, muy de moda en las redes sociales, en su mayoría agitados por activistas del oficialismo e incluso funcionarios públicos en importantes posiciones de poder que amedrantan la libertad de expresión y a quienes consideran “opositores” por críticas al discurso público, a la gestión oficial o por no ser parte de una corriente de pensamiento único.
“Los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves. Las autoridades deben condenar enérgicamente la violencia contra periodistas y alentar a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables”, señala la Relatoría.
“La Relatoría ha sido informada sobre discursos estigmatizantes de funcionarios públicos en contra de periodistas considerados críticos por parte del Gobierno, a través de calificaciones como “adversarios”, “criminales” y “aliados de la narcodictadura”. Además, según la información recibida, la Policía Nacional de Honduras ha etiquetado en varias ocasiones contenidos difundidos por medios de comunicación como “falsos” en sus redes sociales. La RELE nota con preocupación que estos señalamientos tienen el potencial de incrementar los riesgos propios del ejercicio periodístico en Honduras, que está expuesto a elevados niveles de violencia, como ha sido ampliamente abordado en informes de país de la CIDH de 2015 y 2019 y en informes anuales”, acota.
En ese aspecto, la Relatoría nos exhorta a ahondar en la doctrina sobre el discurso de odio al indicar lo siguiente:” Al respecto, la Relatoría desea enfatizar que el concepto de discurso de odio se originó en el marco del derecho internacional como una forma de proteger a las minorías cuyos derechos fundamentales han sido violados o están en peligro”.
La noción de discursos dirigidos a incitar al odio se refiere a “expresiones a favor de la incitación a hacer daño con base en la identificación de la víctima como perteneciente a determinado grupo social o demográfico” Además, el discurso de odio “no consiste en ideas amplias y abstractas, tales como opiniones e ideologías políticas, credos o creencias personales”.
Los estándares internacionales son muy restrictivos en lo que respecta a calificar como discurso de odio cualquier insulto o expresión despectiva, chocante, perturbadora, provocadora o prejuiciosa, y reconocen que “hay una gama de expresiones de odio, por desagradables que sean, que no suponen la instigación o la amenaza directa”, y que por lo tanto están protegidos por el derecho a la libertad de expresión.
En tal sentido, nos exhorta a ahondar en la doctrina existente al respecto y abordar el Plan de Acción de Rabat que propone una prueba de seis partes para evaluar la “gravedad” de las expresiones alegadas como discurso de odio para determinar si constituyen o no un delito. Ese llamado de la Relatoría nos obligará a ir centrando la discusión sobre el discurso de odio, la libertad de expresión, el derecho a opinar y los límites que marcan el ejercicio de la libertad de expresión.
De acuerdo con la Relatoría, en el tema del discurso de odio, es importante diferenciar el rol que ocupan las y los funcionarios públicos en el debate público con respecto al resto de la ciudadanía en el debate público; y que cualquier restricción a la libertad de expresión con base en la prohibición de discurso de odio no debe pasar por alto los niveles más altos de tolerancia a los que están sujetos por la naturaleza de sus funciones.
De lo contrario, como ya ha señalado la CIDH, la prohibición del discurso de odio podría ser manipulada fácilmente para abarcar expresiones consideradas ofensivas por quienes están en el poder, lo que conduce a la aplicación indebida de la ley para restringir las expresiones críticas y disidentes. Las recomendaciones y observaciones son claras y deben ser consideradas por todos en este país altamente polarizado. Estamos en tiempos de malos síntomas que deben empezar a revertirse, no a profundizarse. La democracia se encuentra en coma.
