Recientemente hemos sabido que en México están padeciendo los efectos del racionamiento de la energía eléctrica. Al parecer, es un fenómeno con amplia cobertura geográfica afectando a una docena de estados durante varias horas del día y la noche. La causa, según las autoridades, radica en las altas temperaturas que afectan a muchos países. Curiosamente, la gran mayoría de los países han podido soportar las altas temperaturas sin sufrir racionamientos, pero un pequeño grupo, incluyendo a México y Honduras, han sido sumidos en el racionamiento y la oscuridad. Pero analicemos la situación para ver qué es lo que ha venido sucediendo,
En México, el gobierno de Peña Nieto inició la reforma y modernización del sector eléctrico que incluía la participación del sector privado mediante la inversión, primordialmente en generación. No obstante, al asumir el poder López Obrador se dio marcha atrás para conservar el viejo modelo que reinaba antes del inicio de la reforma. El conservadurismo parece ser la característica descollante de los izquierdistas latinoamericanos. Esta decisión eliminó la participación privada en generación y por tanto dejó la inversión exclusivamente en manos estatales. Casi seis años después de haber tomado posesión, surge ahora el racionamiento. Cuesta creer que puedan culpar al régimen anterior, pero esa es la típica defensa de estos regímenes en estos casos. No hicieron oportunamente lo que debieron haber hecho y el país paga las consecuencias. En lugar de aceptar su responsabilidad y resolver el problema, se dedican a fabricar excusas.
Todo sistema eléctrico debe contar con capacidad de reserva para hacer frente a eventos extraordinarios que alteran el balance entre la demanda y la oferta de energía y potencia en un país. Entre más alta la reserva, menos las probabilidades de racionamiento, pero más grande la inversión requerida. Cuando solo el sector público puede invertir en el sector eléctrico, más elevado será el volumen de recursos financieros que se demandará del sector público. Al final, los recursos de este sector son limitados, por lo que darle más a un sector implica darles menos a otros. Los grandes perdedores típicamente salud y educación. Irónicamente, las políticas de los gobiernos izquierdistas terminan reduciendo la inversión y el gasto social, justo lo que ellos dicen que propicia el Fondo Monetario Internacional.
Pues bien, el caso mexicano (y el hondureño) indica que no se invirtió suficiente en el sector y que la capacidad de reserva fue insuficiente (en Honduras, la capacidad de reserva es negativa. Aún sin efectos extraordinarios, ya que la oferta es menos que la demanda). Típicamente en estos casos, los técnicos dan la voz de alarma, pero los políticos ignoran las advertencias, y ya vemos las consecuencias. Todo esto resulta porque cuando el sector eléctrico hace parte del Estado, los incentivos son políticos y no económicos. Lo importante no es la eficiencia, sino que la conveniencia de los jefes políticos. Lamentablemente, la población está dispuesta a ignorar el problema salvo que le incrementen la tarifa o le receten “apagones” (o “alumbrones”, como dicen en Cuba).
Al final, la evidencia es contundente. En aquellos países que carecen de madurez política, como México y Honduras, el sector público es un pésimo administrador de las empresas públicas. Las politizan y las convierten en botín político para la contratación de activistas. La consecuencia es el deterioro progresivo de esas empresas y su eventual bancarrota. Si la ENEE fuera una empresa comercial, ya habría tenido que declararse en bancarrota ya que el valor de sus pasivos excede el monto de sus activos. En el caso de países políticamente inmaduros, el camino de la recuperación pasa obligatoriamente por la participación del sector privado en el sector eléctrico. La participación privada es el único valladar insalvable para impedir que los políticos metan sus manos en el sector. Si se quiere ver de otra manera, compare usted a la ENEE, el SANAA y HONDUTEL con Tigo y Claro. Compare a BANADESA con la banca privada. El contraste es evidente y nos hace ver las ventajas y desventajas de ambos sistemas.
Si en realidad deseamos resolver la crisis que afecta a nuestro sector eléctrico es necesario derogar la ley que aprobaron al inicio de este gobierno y retomar el camino trazado en la Ley General de la Industria Eléctrica, es decir, fomentar la inversión del sector privado en generación y transmisión y concesionar o vender los sistemas de distribución al sector privado. Si no lo hacemos, seguiremos padeciendo lo que hemos vivido desde hace décadas, ineficiencia, corrupción, altas tarifas, elevadas pérdidas eléctricas y financieras y apagones. Volver al pasado, o permanecer atados al pasado tiene consecuencias negativas. Si lo duda, vea el caso mexicano. A mi juicio, la situación es diáfana. Lamentablemente, no hay peor ciego que quien no quiere ver.
