El proyecto fue introducido al Congreso Nacional la noche del miércoles por el diputado nacionalista, Ricardo Díaz, tras una extensa reunión del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, con los rectores de las universidades privadas, a la que no fueron invitadas las autoridades universitarias.
Previo a la presentación del proyecto, Hernández dejó sentada su posición a favor del proyecto, al decir a sus compañeros de cámara.
“No es un tema concluyente, pero es un tema que abre un debate que es necesario que tengamos en la sociedad hondureña”, dijo el diputado presidente, que pidió a la comisión dictaminadora “socializar” la ley con todos los sectores involucrados.
El anteproyecto de ley propone quitarle al Estado, a través de la UNAH, su potestad de dirigir y supervisar la educación superior.
Díaz dijo hoy a periodistas que el propósito de su iniciativa es sentar a la mesa de diálogo en el transcurso de todo este año a los diferentes sectores educativos involucrados en la temática.
Como es una reforma constitucional, la misma deberá ser ratificada en una segunda legislatura, lo que de suceder como lo ha planteado Díaz, sería en 2012.
“El propósito básico es que hay que tomar una decisión para resolver ciertos problemas que se han venido dando y que no se han podido solventar; hay que abrir los espacios, a las universidades públicas como privadas, tenemos que llegar a ciertos arreglos”, dijo Díaz.
Entre esos problemas mencionó que “hay diferentes universidades que se están tratando de abrir y no han tenido la oportunidad. Hay problemas de espacio, de tiempo, de recursos que también tenemos que resolver”.
Además, consideró que “sería un momento importante” para que las autoridades de la UNAH “presenten sus problemas y ayudemos a resolverlos”.
Las autoridades universitarias han anunciado que defenderán el derecho constitucional de la UNAH de de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior.
“La educación es un bien público nacional. El Estado debe tener la certeza de cómo el sistema funciona y esa es la potestad que la UNAH ha tenido en todos estos años. No se trata de poder se trata de la supervisión de la dirección de un sistema que la UNAH se ha ganado por desempeño propio”, dijo la rectora universitaria Julieta Castellanos.
“El afán de lucro de las universidades privadas, que quieren crecer sin invertir y ofrecer nuevas carreras sin cumplir con los requisitos. Además se ve amenazada la asignación por ley del 6% del Presupuesto General de la República”.
Fuentes universitarias consultadas sobre el tema coinciden que detrás de la acción legislativa, priva el malestar de algunas universidades privadas por los niveles de supervisión.
“La educación privada es un negocio, un buen negocio, y lo sería más si esos centros educativos se quitan de encima los sistemas de supervisión que impone en Estado”, dijo un docente universitario consultado sobre el tema.
Esta es la razón principal por la que se quieren “desmarcar” de los controles estatales, agregó.
