Tegucigalpa – La suspensión, detención y hasta el encarcelamiento de dos juezas con jurisdicción nacional, parece apuntar a que se abra la esperanza de adecentar el Poder Judicial hondureño.
– En los últimos días son dos juezas con jurisdicción nacional, han sido capturadas y encarceladas por otorgar medidas sustitutivas de la prisión a presuntos narcos.
– Abogados litigantes dicen estar de acuerdo y aplauden la profilaxis en el Poder Judicial, pero piden que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia.
– Se estima que la mora judicial en Honduras alcanza el 60 por ciento, aunque el presidente de la CSJ, asegura que se ha reducido durante su gestión.
A los jueces y magistrados también se les ha señalado por impartir una justicia retardada y “justicia tardía, no es justicia” reza una frase célebre.
No obstante, para algunos abogados y analistas jurídicos, es posible que se esté intentando depurar el sistema de justicia hondureño, pero advierten que ese proceso debe llevarse a cabo siguiendo el debido proceso.
Casos emblemáticos
La última acción que involucra directamente a togados en la realizada contra la jueza de Letras de lo Penal con jurisdicción nacional, Wendy Vanessa Caballero, capturada el sábado en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula, cuando regresaba de Miami, Estados Unidos.Sobre Caballero pendía una orden de captura por el delito de cohecho y soborno doméstico, la cual fue cumplida por miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) con la participación de agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN).
Según las autoridades, la jueza emitió un fallo irregular al otorgar arresto domiciliario en favor del supuesto jefe de la pandilla 18 y presunto narcotraficante Alexander Montes Aguilar, alias Moncho, quien quedó en libertad, luego de permanecer recluido en el Centro Penal Sampedrano.
La profesional del derecho fue detenida cuando cargaba sus maletas en la salida de las oficinas de Migración, pues acababa de hacer su registro de ingreso al país, ya que tenía pocos minutos de haber llegado en un vuelo comercial procedente de Estados Unidos, el cual hizo escala en San Salvador antes de aterrizar en la capital industrial.
La togada había salido del país el pasado lunes 16 de diciembre y las autoridades tenían varios días de estar tras la pista de la profesional del derecho hasta que finalmente fue aprehendida.
Las autoridades también detuvieron en la colonia Fesitranh a la apoderada legal de Montes Aguilar, Fanny Aguilar, a quien remitieron a las instalaciones de la 105 Brigada de Infantería; a eso de las 9:35 de la noche fue trasladada en una ambulancia a una clínica privada, ya que hace unos días se sometió a una intervención quirúrgica.
Asimismo, se montó otro operativo para recapturar a Montes Aguilar en la colonia Planeta de La Lima y fue remitido al centro penal de San Pedro Sula. El imputado, al igual que su apoderada legal y la jueza fueron llevados a la 105 Brigada y en horas de la madrugada trasladados a Tegucigalpa, para proceder a encarcelarlos.
El portavoz del Ministerio Público en San Pedro Sula, Elvis Guzmán, arguyó que la captura de la profesional del derecho se dio porque otorgó las medidas al supuesto narcotraficante amparada en un dictamen de un médico privado y no con el aval de las autoridades de Medicina Forense.
Primero fue una jueza de Trujillo
Asimismo, el pasado sábado 7 diciembre, luciendo un gorro pasamontañas, chaleco antibalas, esposada de pies y manos, vistiendo una blusa blanca y pantalón negro y rodeada de una veintena de policías militares a bordo de tres patrullas, fue trasladada desde la cárcel de mujeres en Támara hasta el un cuartel militar, la ex jueza con jurisdicción nacional en Trujillo, Colón, María Elena Fonseca Cruz, para enfrentar la justicia.Fonseca Cruz fue presentada en audiencia inicial ante un juez con Jurisdicción Nacional, que determinó decretar un auto de formal procesamiento por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato por liberar arbitrariamente al narcotraficante hondureño Alex Adán Montes Bobadilla, quien guardaba prisión por el delito de asesinato en perjuicio de dos policías.
La fiscalía especial de Lucha Contra la Corrupción sostiene que hubo prevaricato en la liberación provisional del narcotraficante, porque es evidente la malicia para su libertad, a sabiendas que estaba condenado por el delito de asesinato a 20 años de prisión.
No obstante, el abogado Edmundo Orellana Mercado, es del criterio que no es a la ex jueza Fonseca Cruz, a quien se debió procesar, sino al médico que dio el dictamen forense, que indicaba que Montes Bobadilla tenía una enfermedad terminal como lo es la pancreatitis aguda.
La ex funcionaria fue destituida del cargo por órdenes del Consejo de la Judicatura por haber liberado provisionalmente al supuesto narcotraficante hondureño, Alex Adán Montes Bobadilla.
La Fiscalía presentó los recursos legales y formales, tanto de reposición ante el juzgado de Trujillo y posteriormente de apelación ante la Corte Penal de Apelaciones, en contra del fallo judicial.
La acusada emitió la carta de libertad a favor de Montes Bobadilla el pasado 15 de noviembre y fue hasta el día siguiente que fue liberado mediante diligencias previas por sus familiares y apoderados legales que llegaron hasta la Penitenciaría Nacional, donde guardaba prisión, por los delitos de asesinato y narcotráfico.
Sesión Permanente
Los casos de esas dos juezas parecen ser emblemáticos e inéditos en el proceso de la profilaxis en el Poder Judicial.Al punto que parece no interrumpirse aunque en este momento la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se encuentra de vacaciones.
En ese sentido, el Consejo de la Judicatura se declaró en sesión permanente para emitir cualquier resolución en el caso de comprobarse en navidad y fin de año la acción irregular de algún juez.
“Hemos acordado que debe haber una sesión permanente por cualquier emergencia, el Consejo de la Judicatura, estará listo por si hay irregularidades en el transcurso de las vacaciones”, afirmó el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla.
Desde que asumió funciones, hace dos meses, el Consejo de la Judicatura suspendió del cargo a 13 jueces y a una secretaria general.
Asimismo, despidió a dos jueces. En caso de encontrarse méritos se podrían separar antes que finalice este año a más jueces o magistrados de Cortes de Apelaciones, advirtió.
Asimismo, informó que el Consejo solicitó a la Inspectoría de Tribunales les remita en enero la ampliación de un informe investigativo de 70 jueces y magistrados de Cortes de Apelaciones, para resolver si procede suspenderlos del cargo, destituirlos o desestimar las denuncias.
“En enero se van a tomar más decisiones, sigue la depuración en el Poder Judicial, la meta es contundente”, indicó Bonilla quien aseveró que “hay varios en la lista”.
Necesarias pruebas de confianza
Por su lado, el titular de la CSJ y del Consejo de la Judicatura, Jorge Rivera Avilés, externó la necesidad que se aprueben reformas a la Ley del Consejo de la Judicatura para que se legalice la aplicación de más pruebas de confianza, como la del polígrafo y la toxicológica.Actualmente, solo está legalizada la investigación del patrimonio de jueces. “De tal manera que todos los operadores de justicia estaremos obligados a aprobar las pruebas de confianza y con eso dar a la población una imagen real de lo que es el Poder Judicial”, afirmó.
Unos mil empleados, encabezados por Rivera Avilés, se inscribieron voluntariamente para someterse al polígrafo y a la prueba toxicológica, pero es insuficiente que se practique sólo a este 25 por ciento de los empleados judiciales.
“Por eso se está pidiendo una reforma a la Ley del Consejo de la Judicatura para que las pruebas de confianza sean obligatorias para todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial”, indicó.
No sólo sanciones disciplinarias de suspensión del cargo o destituciones se impondrían contra jueces y magistrados de Cortes de Apelaciones, también se incoarían acciones penales, refirió el alto funcionario del Estado. “Si la destitución tiene implicaciones de índole penal, la Fiscalía está informada y ellos harán la calificación correspondiente”, indicó.
El 27 de octubre pasado, se informó que un total de 824 funcionarios y empleados de la CSJ se inscribieron voluntariamente para someterse a cuatro pruebas de confianza. Esto significa que sólo dos trabajadores de cada 10 se ofrecieron voluntariamente a ser evaluados.
El pasado 26 de julio, Rivera Avilés, invitó al personal judicial a someterse voluntariamente a las pruebas de confianza del polígrafo, sicométrica, socioeconómica y toxicológica.
Comienza el régimen disciplinario
Fue el pasado 20 de octubre que el Consejo de Judicatura empezó el proceso de depurar el sistema judicial, lo que implica evaluar de forma periódica, investigar y ejercer el régimen disciplinario al personal judicial.Como primer paso, el Consejo resolverá sanciones a imponer a 93 funcionarios judiciales, entre jueces, magistrados de cortes de apelaciones y otros, a quienes fueron investigados y confirmados hechos denunciados en su contra.
Los expedientes fueron distribuidos a los cinco miembros del Consejo de la Judicatura para que cada uno emita su dictamen en los próximos días sobre qué sanción compete imponer, entre llamados de atención, suspensión o destitución en el cargo; en el peor de los casos, remitirlos al Ministerio Público por sospecha de delitos penales.
El listado de estos 93 expedientes servirá de base al Consejo de la Judicatura para investigar los bienes de los denunciados.
“Se estableció una propuesta para aprobar una orden a la Inspectoría de Tribunales de estudiar e investigar el patrimonio de los jueces y funcionarios”, informó Bonilla quien agregó que “vamos a empezar con los jueces y funcionarios denunciados; para empezar hay 93, esto es un indicador de que algo está fallando”.
Para incrementar la cifra se pedirá a Inspectoría un informe de cuántas denuncias se procesan, para incluirles la investigación patrimonial. No están eximidos de ser investigados los funcionarios administrativos.
La base legal para investigar los bienes del personal judicial, se fundamenta en el decreto 219-2011, contentivo de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que establece en su artículo 24 que la Inspectoría General investigará la administración de justicia y deberes del personal judicial. “La Inspectoría debe practicar los estudios e investigaciones de patrimonio de los jueces para determinar si equivale a los ingresos que devengan legalmente”, cita dicho artículo.
Agrega que para tales efectos la Inspectoría podrá auxiliarse de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Instituto de la Propiedad y otras dependencias que sean necesarias.
“No se dejará ninguna duda en la sociedad, se busca garantizar que los recursos son bien destinados, que los funcionarios cumplen funciones de prestar servicio a la justicia”, subrayó Bonilla.
Debe respetarse el debido proceso
Sin embargo, para el abogado y analista jurídico, Alejandro Espinoza, es plausible toda acción encaminada a depurar el cuestionado sistema judicial hondureño, pero en todos los casos, se debe respetar la aplicación del debido proceso.Arguye que la ley en general indica que primero se investiga y luego se realiza un debido proceso para otorgar el derecho a la legítima defensa y en este caso, la suspensión de algunos funcionarios judiciales, la ley la interpreta como una sanción.
“A estos empleados y funcionarios judiciales los han suspendido, y una vez suspendidos los están llamando a una audiencia de cargos y descargos y primero debe agotarse el procedimiento que indica que primero es una amonestación verbal, luego una por escrito y luego la suspensión y el despido, que son las sanciones administrativas que están en el derecho laboral, en servicio civil, etcétera, pero a mí me tiene extrañado que primero la suspenden”, argumentó.
Refirió que si se da el caso de que el sancionado ya en la prueba de cargo y descargo, acredite la presunción de inocencia, ya se habrá hecho escarnio de ellos, exhibiéndolos públicamente a través de los medios.
Indicó que los abogados litigantes son afectados porque los jueces retardan la administración de la justicia, quizá no por malicia sino que por incapacidad, falta de conocimiento y porque no pueden redactar ni emitir sentencia.
Ejemplificó que a él le ha tocado experimentar que una sentencia que es para resolverla en 10 días, lleva más de dos años de estar esperándola. “A mí me afecta eso, pero yo no creo que me quieren afectar sino que creo que no pueden; nosotros estamos de acuerdo que boten gente y que metan gente calificada, pero la gente que van a despedir o que van a sancionar, que se les respete el debido proceso, la presunción de inocencia y que se le haga un juicio justo”, acotó.
Mora judicial un gran reto
No cabe duda que esa justicia tardía que se ha venido experimentando en el país a los largo de los años ha influido en la enorme mora judicial que se estima que en Honduras, es del 60 por ciento, alto que es preocupante.En mayo de 2012, delegados del subcomité de Naciones Unidas contra la Prevención de la Tortura, Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes visitaron la sede del Poder Judicial, donde se reunieron con los magistrados de la Sala Penal, Carlos Cálix, Jacobo Cálix y Raúl Henríquez.
En esa cita, se abordó el tema de la celeridad de las causas como una de las principales preocupaciones en materia de hacinamiento en las cárceles; hay un número importante de presos sin condena, dijo Mario Carioleno, miembro del subcomité.
Se les informó de una mora judicial promedio del 60 por ciento de presos sin condena, que se considera “alarmante”. “Pedimos a la Corte Suprema una mejora en este sentido”, manifestó.
Asimismo, dijo que “hay mucho por hacer” en las cárceles. El último informe que emitió la ONU sobre Honduras, en el ámbito policial y penitenciario, fue en 2010.
El mismo plasmó recomendaciones referida a violencia institucional, seguridad ciudadana y derechos humanos, y la comitiva está evaluando su cumplimiento en las distintas reuniones que sostiene con operadores de justicia e inspecciones a cárceles y postas policiales.
No obstante, el titular del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, asegura que se ha reducido significativamente la mora judicial.
Recordó que cuando asumió el cargo en algunas Cortes de Apelaciones había una mora de hasta 11 años, pero que en su gestión se redujo a cero.
