Por: Ricardo Puerta
Introducción
Decidí traducir al español –lo más cercano posible a cómo se habla en Honduras—este artículo, el cual fue originalmente divulgado por el Migration Policy Institute, con sede en Washington.
Lo traduje ante el hecho que actualmente hay viviendo, en unos pocos Estados de la nación norteamericana, cerca de 18 mil menores de origen hondureño, que entraron al territorio de ese país sin un acompañante adulto durante la última crisis migratoria, la cual se hizo evidente en el año 2014. Estos menores fueron asignados finalmente por las autoridades migratorias estadounidenses a “hogares adoptivos”, en consideración a que en su mayoría, estaban acompañados por alguien que también era de origen hondureño y que al mismo tiempo, gozaba de una base migratoria y económica estables, al estar amparados en ese país por el Permiso Temporal de Trabajo (TPS) por sus siglas en inglés. Los tales jefes de los hogares adoptivos antes mencionados, coincidentemente, resultaban ser a la vez el padre, la madre o ambos, de los “menores recién re-asentados”, al volver efectivas las decisiones de los centros y cortes de inmigrantes que manejaron los casos. Por el interés que este reviste, reproduzco el artículo que fue publicado el 15 de octubre de 2015:
WASHINGTON – A pesar de la elaboración de una agenda prioritaria para enfrentar la oleada que en corto tiempo resultó en numerosas y sucesivas llegadas de niños no acompañados a Estados Unidos, procedentes de los países del Triángulo Norte de América Central, las Cortes de Inmigración de los Estados Unidos aún hoy, ni siquiera han podido lograr inscribir la mayoría de los casos. Y cuando los jueces de inmigración han proporcionado algún tipo de alivio migratorio, los menores, en su mayoría, permanecen en una condición migratoria de “no autorizado”, según revelan las breves informaciones que sobre tales casos, reporta el prestigioso Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) con sede en Washington, D.C.
En un breve sumario divulgado públicamente por el MPI, titulado “Los Niños Migrantes No-acompañados en Comunidades de Estados Unidos”, preparado por las Cortes de Inmigración y por las escuelas de varios distritos escolares del país, se examinan los datos relativos al reasentamiento de refugiados, los expedientes levantados en las Cortes de Inmigración y las políticas que han adoptado los distritos escolares. Tales fuentes permiten tener un perfil sobre dónde se encuentran ahora los menores no acompañados que han se han asentado, cómo les va en los tribunales de inmigración, qué tipos de servicios están disponibles para ellos y cómo las escuelas se están adaptando a sus llegadas.
Más de 102.000 niños no acompañados procedentes de América Central y México fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México entre el período del 1 de octubre del 2013 hasta el 31 de agosto de 2015. Si bien hubo un drástico aumento en los últimos meses del mencionado periodo, el flujo de menores, llegando masivamente a tierras norteamericanas no es nuevo. Esto venía sucediendo desde hacía ya algunos años, en la frontera México-estadounidense – desde el año 2008, hasta donde sabemos en Honduras.
El exagerado aumento, aparentemente iniciado a principios del año 2014, atrajo la atención general del pueblo estadounidense, después que prácticamente colapsaron los sistemas que se ocupan del trámite y cuidado de estos niños.
Para llegar a tramitar el aumento de los casos en un sistema de Cortes de inmigración, ya sobrecargado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, puso en marcha a mediados del 2014 un expediente prioritario, encargado de atender primero a los menores no acompañados, pasándolos por encima de los demás casos pendientes. A pesar de la prioridad dada, el 61 por ciento de los casos de menores no acompañados que arrancaron en el año fiscal (FY) 2014, seguía sin resolverse, tomando como fecha de inicio el 31 de agosto de ese año. Mientras tanto, la moratoria jurídica existente con respecto a otros tipos de casos también ha aumentado considerablemente. El tiempo medio de espera para que un adulto sujeto a deportación logre tener una audiencia ahora es de 1071 días, una demora equivalente de dos a tres años.
Una revisión de los datos de la corte de inmigración muestra que para estos niños tener acceso a un abogado, que no tiene el mandato o que el sistema lo proporciona, juega un papel muy importante en los resultados que se esperan del caso. El 90 por ciento de los niños que se presentaron en la corte de inmigración si contar con un abogado que los representara, recibieron orden de deportación, mientras que aquellos que tenían un abogado que los representara, sólo el 18 por ciento recibió un fallo ordenando que los deportaran.
De las personas cuyos casos tuvieron una audiencia en inmigración, el 78 por ciento recibió algún tipo de alivio migratorio. Pero debido a que la gran mayoría de estos casos—97 por ciento-recibe además un alivio informal – el cierre administrativo— pero dicho fallo no les da derecho a recibir una subvención simultánea, aplicable a su condición migratoria, que con frecuencia se le define como no autorizada. Mientras tanto, uno de cada seis niños no comparece ante una audiencia de inmigración, y automáticamente su caso por considerarlo ausente, es eliminado. Estos reciben una orden de expulsión por rebeldía, que usualmente no se ejecuta. En consecuencia, aunque a 13,204 menores de edad se les ordenó deportación en el año fiscal 2014, solo 1,863 fueron efectivamente deportados.
«La mayoría de los casos están todavía pendientes en los tribunales, y por lo tanto, esos menores se mantienen en los Estados Unidos en una condición de no autorizados. Para los casos que se han resuelto, aquellos que terminaron en una orden de deportación, en gran parte tampoco no se ha ejecutado; y de los que terminaron de alguna forma con alivio administrativo, muchos de esos niños aún no han recibido de inmigración la condición legal que les corresponde». Así lo describe Sarah Pierce, asistente investigadora del MPI: “El resultado final es muy similar: los menores de edad se están convirtiendo en asentados plenos en Estados Unidos, mientras permanecen al mismo tiempo como no autorizados.»
Si bien los datos de escolarización específica no están disponibles y por lo tanto no es posible trazar las políticas que cada escuela ha puesto en marcha para hacer frente a los niños migrantes, el escrito ofrece evidencia anecdótica donde se demuestra que los distritos escolares han tenido reacciones muy dispares ante la afluencia de los nuevos estudiantes y sus costes asociados. Algunos distritos escolares han creado programas especiales para trabajar con los recién llegados, mientras que otros han puesto en marcha respuestas diferentes, inscribiendo a los estudiantes de más edad en las clases regulares del doceavo grado (K-12) o han sido ubicados en programas de educación de adultos, mientras que otros distritos continúan negándoles matricula a todos.
Por permanecer bajo una condición migratoria no autorizada, los menores migrantes no acompañados se convierten a la vez en candidatos para recibir otros servicios públicos en sus nuevos lugares de residencia. Por ejemplo, en servicios como los de salud o los de representación legal, los menores no acompañados quedan a merced de los proveedores de tales servicios en las comunidades donde se ofrecen, incluyendo entre ellos los programas federales y estatales especiales, que fueron creados antes para satisfacer necesidades muy específicas. Ello da como resultado poder acceder a un mosaico de servicios locales, que según sus diseños originales, no estaban dirigidos, en forma directa y específica, a las necesidades inmediatas que enfrenta esta población altamente vulnerable.
