Bogotá – Más de 230,000 familias campesinas, indígenas y negras dependen del cultivo de coca como principal medio de sustento económico, según la campaña «Rostros que siembran», presentada este martes por organizaciones de la sociedad civil.
La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de Colombia (COCCAM), la ONG Christian Aid y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) son los promotores de esta iniciativa que busca combatir el estigma que llevan a cuestas estos productores, el eslabón más débil de la cadena productiva del narcotráfico.
SIN ALTERNATIVAS
El cultivo de coca, materia prima para la producción de cocaína, es para muchas comunidades campesinas una cuestión económica que «tiene que ver con que estos territorios hace años fueron marginados del desarrollo del país y sufren el abandono histórico del Estado», manifestó el delegado nacional de COCCAM, Arnobi Zapata, citado en un comunicado.
La falta de oportunidades y la rentabilidad de la hoja de coca, con la que ganan «unos dos salarios mínimos», también favorece a los cultivos ilegales frente a otros tradicionales como el café o el cacao, cuya comercialización es más difícil, señala la campaña.
Los campesinos cocaleros enfrentan además el problema de que viven bajo el yugo de los grupos armados ilegales que regulan el mercado de la coca y en una economía con «mentalidad de guerra» que se adaptó a las condiciones del conflicto armado interno que ellos quieren superar, agrega la información.
Con la esperanza de empezar a transformar su economía, 99.000 familias se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), producto del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con la antigua guerrilla FARC, mientras que Christian Aid busca ayudarlas con programas de comercialización de cultivos legales.
Esta iniciativa comenzó con el «Proyecto María Caicedo» para el desarrollo de mercados inclusivos, que estudió casos en tres lugares del país: el Valle del Río Cimitarra (centro), el Catatumbo (frontera con Venezuela) y Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste).
RETOS DEL CAMPO
El informe muestra que las mayores trabas para la sustitución voluntaria de la coca está en «la falta de infraestructura, de servicios públicos, como centros educativos y de salud, y los altos costos de producción y de transporte».
También identificó problemas estructurales, como la falta de propiedad de la tierra, que dificulta el acceso a la financiación formal.
