Luis Cosenza Jiménez
Recientemente ha surgido un desacuerdo entre el COHEP y el gobierno a causa de un proyecto de generación térmica en el litoral Atlántico.
El gobierno pretende que la Junta Directiva de la ENEE, la cual cuenta con representación del COHEP, apruebe el controversial proyecto, para luego enviarlo al Congreso. El COHEP ha denunciado que se busca contratar una “empresa de maletín”, mientras que el gobierno aduce que se trata de crear una empresa, un “vehículo especial”, propiedad de algunos de los fondos de pensiones. Pero, ¿será este el problema, o estamos en presencia de otro proceso opaco que le resta credibilidad al gobierno, y que dañará a la ENEE y sus consumidores? Analicemos la situación.
El litoral Atlántico atraviesa una difícil situación que requiere una pronta solución. Sin embargo, este es un viejo problema que el gobierno debió haber atacado desde que tomó posesión. Se pudo haber licitado, y probablemente ya terminado, la construcción de una nueva línea de transmisión, y eso, más la compensación reactiva y la entrada en operación en los próximos días de varias centrales hidroeléctricas ubicadas en la zona, hubiera solucionado el problema. Al no haber actuado diligentemente el gobierno
ha creado una situación de emergencia que ahora parece dar pie a una contratación directa.
Se sabe que hace ya varios meses el gobierno negoció directamente con General Electric el suministro y puesta en marcha de cuatro turbinas a gas de 25 MW cada una. Al parecer el negocio ahora se ha reducido a solo dos turbinas a ser instaladas en el litoral Atlántico. El costo del proyecto ha sido estimado por las autoridades en cuarenta y seis millones de dólares. Según entiendo, las turbinas serán del tipo móvil, por lo cual son más caras que las diseñadas para permanecer en un mismo sitio. Sin embargo la planta de suministro de gas no es móvil, lo que obliga a cuestionar la decisión de pagar más por turbinas, supuestamente móviles, que no podrán ser movidas porque no contarán con gas para su operación. Si bien podrían ser operadas con diesel, eso será más caro y complicado para el delicado equipo. Para colmo de males, todo se ha hecho en absoluta opacidad. No se sabe quien negoció el contrato, qué estudios elaboraron para justificar el uso de esta tecnología, cómo se definió las características del equipo, y cómo se estableció el precio del equipo y del suministro del gas.
Las autoridades sostienen que el costo ponderado será de dieciséis centavos de dólar por kWh y dicen que eso es comparable con lo que la ENEE paga por energía térmica. Sin embargo, no se sabe cuál es la base para la comparación, ya que los precios de energía producida con búnker son del orden de ocho centavos. Además, el costo ponderado se basa en premisas que pueden ser subjetivas. Dependiendo del régimen de operación supuesto, es decir, del factor de planta, se puede reducir o aumentar el costo ponderado. En aras de la transparencia, la ENEE debería publicar los costos fijos y variables para que estos puedan ser comparados con los que figuran en otros contratos. A mi entender, con base en un régimen de operación razonable el costo ponderado es más alto que el mencionado por la autoridades.
En efecto, el costo de operación de la nueva central sería uno de los más altos en nuestro sistema.
Después de negociado el contrato se decidió que algunos de los fondos de pensiones serán los dueños del proyecto y que le venderán la energía a la ENEE. Como los fondos carecen del conocimiento y de experiencia en el tema, General Electric ha insistido en la contratación de empresas extranjeras para operar y dar mantenimiento a las turbinas. Esto vuelve más cara la generación, además de que representa un retroceso en cuanto al reconocimiento de la capacidad de nuestros ingenieros y técnicos.
Dada la inexperiencia de los fondos en este tipo de negocio, lo prudente hubiera sido iniciarlos como financistas, o como socios minoritarios en consorcio con otra empresa con experiencia. Sin embargo, la decisión ha sido ya tomada para que los fondos de pensiones sean los dueños exclusivos del proyecto.
Siendo esto así, me atrevo a ofrecer las siguientes sugerencias:
1. Para asegurar que los fondos de pensiones no fracasen en este emprendimiento, y no perjudiquen a sus afiliados, es necesario estructurar un contrato que privilegie los intereses de los fondos por sobre los intereses de la ENEE y sus clientes. Como la operación de esta central será cara, el despacho económico, es decir, la programación económica de generación que prepara la ENEE, buscará evitar el funcionamiento de ella. En ausencia de un cargo fijo mensual, es muy probable que la central produzca ingresos muy bajos o nulos, por lo que la inversión de los fondos no sería rentable. Por esa razón debe haber un cargo fijo mensual que permita que los fondos recuperen su inversión, y todos los cargos fijos, con un adecuado retorno. De cualquier forma, este cargo fijo mensual es usual para este tipo de proyecto.
2. Adicionalmente es necesario proteger a los fondos de los atrasos en los pagos de la ENEE y esto se logra adoptando un enfoque maquilador. Es decir, la ENEE compraría y entregaría el gas a la empresa y esta le devolvería energía eléctrica. La ENEE pagaría por el gas y la empresa lo usaría para generar energía. Si la ENEE no puede pagar por la energía, únicamente deberá a la empresa el costo de maquilar el gas, el cual es relativamente bajo. Por supuesto, si la ENEE proveerá el gas, entonces como empresa pública está obligada a licitar el suministro del mismo, lo cual, a mi entender, no ha ocurrido todavía. Por su propio bien, los representantes del COHEP en la Junta Directiva de la ENEE deben recordar las obligaciones de las empresas públicas.
3. Finalmente, estos proyectos se financian típicamente con un 25 a 30 por ciento de capital de los desarrolladores y el resto es aportado por la banca. De esta forma se apalanca el capital de los desarrolladores, y se logra un retorno aceptable para el riesgo que asumen, y se limita la posible pérdida al capital aportado, es decir al 25 o 30 por ciento del costo del proyecto. Por su lado, la banca escudriña el proyecto y, si lo encuentra razonable y en orden, lo financia. Si los fondos de pensiones participan en el financiamiento del proyecto más allá de lo ortodoxo, entonces se reducirá, sin razón, el retorno sobre su inversión, y se incrementará la posible pérdida si el proyecto fracasa. Además, la participación de la banca en el financiamiento del proyecto fortalecerá el análisis y fomentará la transparencia. Todos sabemos que la percepción de
opacidad es perjudicial para la credibilidad del proyecto y del gobierno.
Para concluir, lo deseable hubiera sido licitar transparentemente las obras y equipos necesarios para solventar el problema del litoral atlántico. Al optarse por la contratación directa se pierde credibilidad.
Además resulta que la energía que producirá el proyecto será muy cara. Esto afectará negativamente las finanzas de la ENEE y a sus clientes. Todo esto conduce a una penosa conclusión. A pesar del acuerdo firmado con Transparencia Internacional, algunos de los actos del gobierno son cubiertos por un manto de opacidad, y esto puede terminar desprestigiando al gobierno y a Transparencia
