Luis Cosenza Jiménez
Recientemente nuestro país ha estado viviendo momentos interesantes e inéditos. Un grupo de jóvenes ha organizado multitudinarias marchas en varias ciudades del país reclamando una verdadera lucha contra la corrupción, “caiga quien caiga”, y el imperio del estado de derecho sobre el cual pueda sustentarse el desarrollo de nuestra nación.
Muchos observadores se muestran escépticos frente a un fenómeno aparentemente amorfo y carente de liderazgo visible, mientras que otros ven en este fenómeno una luz de esperanza en lo que de otra forma luce como un panorama triste y sombrío. Analicemos la situación y veamos a que conclusiones llegamos.
En primer lugar, la pregunta de muchos ha sido ¿quién organiza estos eventos y cómo se financian? Al parecer la respuesta radica en las redes sociales que en muchos países son más efectivas para fines organizativos, y mucho más baratas, que los medios de comunicación tradicionales. En efecto, las redes sociales jugaron un papel crucial en la elección y la reelección del Presidente Obama, en las protestas en contra del régimen venezolano y en los cambios que se gestan en Guatemala. Nuestro país no podría ser la excepción, y la revolución de las telecomunicaciones que se dio en los últimos años, y que puso un celular en manos de prácticamente cada hondureño, ha facilitado un genuino movimiento social que busca transformar nuestro país. Por otro lado, las redes sociales logran que sus seguidores absorban el costo de su participación en el evento, es decir, el transporte y la antorcha, de tal forma que el financiamiento del evento no resulta problemático. Todo esto es producto de la alienación de parte de nuestra población, especialmente de los jóvenes, quienes no se sienten representados por los partidos políticos. Todo esto es ininteligible para nuestros políticos tradicionales acostumbrados a ser ellos los organizadores de las marchas y a pagar a muchos de quienes participan en ellas. Con suerte estamos frente a un fenómeno esperanzador que, también con suerte, hará que se transformen los partidos políticos. Si no lo hacen, desaparecerán, tal como ha ocurrido en otros países. Véase sino lo que ha ocurrido en Costa Rica y Venezuela.
Por supuesto que este despertar enfrenta riesgos importantes, comenzando con su posible secuestro por políticos tradicionales o por aprendices a políticos. El movimiento debe separarse de políticos ligados a actos de corrupción y de otros que pertenecen más al mundo de la farándula que al de la política sana y bien entendida. Los participantes en las redes sociales harían bien en recordar que el patrono de los políticos es Santo Tomás Moro, quien prefirió sacrificar su vida a traicionar sus principios.
La piedra angular del planteamiento del grupo de las antorchas radica en el establecimiento de una comisión internacional para que proceda en contra de los casos de corrupción e impunidad, siguiendo el modelo de la CICIG en Guatemala, la cual cuenta con la participación y protección de las Naciones Unidas. Como yo lo entiendo, esta es una condición previa e ineludible a cualquier proceso de diálogo. Si bien algunas personas pueden considerar esta posición como excesiva, para otros resulta imprescindible y necesaria para rescatar la confianza de los ciudadanos en el sistema. Recordemos, estimada lectora, que un ex Presidente supuestamente declaró que estaba al tanto de lo que ocurría en el Seguro Social y que no actuó para no afectar la campaña política del partido en el gobierno. Por otro lado, el lector también recordará que se ha aceptado públicamente que empresas fantasma, supuestamente participantes en el saqueo del Seguro, contribuyeron al financiamiento de la campaña del partido de gobierno. Finalmente, la percepción internacional es que los casos de corrupción alcanzan a personas que ostentan altos cargos en el gobierno, llegando un periodista de CNN En Español incluso a mencionar nombres de algunos altos funcionarios. Siendo esto así, me pregunto, estimada lectora, ¿es prudente solicitarle al gobierno que se investigue a sí mismo? ¿Tendría alguna credibilidad un proceso en el cual el gobierno es juez y parte? La respuesta me parece obvia y de allí la ineludible necesidad de una comisión internacional, con amplios poderes y totalmente independiente del gobierno y de nuestros partidos políticos.
Una vez pactado, irreversiblemente, el establecimiento de la comisión internacional conviene emprender un diálogo nacional cuyo propósito, a mi juicio, debería ser el rescatar el poder que los políticos tradicionales le han arrebatado a la sociedad. Para ello sugiero que las autoridades de las más importantes organizaciones nacionales, los magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Nacional de Elecciones y del Tribunal Superior de Cuentas, el Fiscal General y el Adjunto, los integrantes del Consejo de la Judicatura, el directorio del Banco Central, los comisionados de la Comisión de Bancos y Seguros, de Conatel y de los otros entes reguladores, y los dirigentes de otros entes similares, sean todos propuestos por juntas de notables integradas por miembros de la sociedad civil, y que una vez nombrados por medio de este mecanismo, no puedan ser removidos de sus cargos sin la aquiescencia de la junta que los nominó. Si no promovemos cambios que inclinen la balanza a favor de la sociedad, los políticos profesionales continuarán con su comportamiento tradicional y esto traerá las consecuencias que ya conocemos y padecemos.
Me imagino que los políticos tradicionales apuestan a que los jóvenes se cansarán de protestar y a que las antorchas se extinguirán. Sin embargo, lo que ocurre en Guatemala, y el ánimo y el vigor de la juventud, me hace pensar que no claudicarán en su afán por adecentar nuestro país. Al resto nos toca ser simples espectadores o apoyar el cambio para bien de la nación. Ojalá que no sean muchos los que se limiten a ser espectadores mudos e indiferentes. Después de todo, el futuro de nuestra patria está en juego.
