Por: Luis Cosenza Jiménez
El 12 de diciembre la publicación digital elsalvador.com informó que el próximo 1 de abril entrarán en operación en el vecino país dos centrales fotovoltaicas, Antares, de 76 MW, y Spica, de 25 MW.
Estas centrales resultaron de una licitación pública internacional adjudicada en 2014, y Antares venderá su producción al sistema a 10.19 centavos de dólar por kWh. No se menciona la tarifa a la cual venderá Spica, pero resulta evidente que nosotros hemos sido esquilmados ya que pagaremos 15 y 18 centavos por kWh por el mismo tipo de energía. Pero, ¿se trata de cifras comparables, y si así fuera, qué hicieron ellos que no hicimos nosotros?
Si los precios de los equipos son iguales para cualquier inversionista, si el costo de la tierra es similar, y si el costo de la construcción es parecido, entonces la única diferencia sería el costo de los fondos para el inversionista. El precio de los equipos es claramente igual ya que los fabricantes son primordialmente chinos y los precios que fijan no discriminan por país comprador. Por supuesto que el comprador debe ser diligente y acucioso para lograr un buen precio, pero es razonable suponer que cualquier comprador serio conocerá los precios que rigen en el mercado y se asegurará de obtener los mejores.
En cuanto al costo de la tierra, uno pensaría que en un país pequeño sería más cara que en un país más grande, por lo que parece razonable pensar que la tierra sería más cara en El Salvador que en nuestro país. En cuanto al costo de la construcción, que representa un pequeño porcentaje del total, me parece que probablemente sea similar, y en todo caso es un componente muy pequeño para explicar la diferencia. Queda entonces solo el costo del capital como variable explicatoria, pero resulta que las agencias calificadoras consideran que el riesgo país correspondiente a El Salvador es más alto que el aplicable a Honduras. En otras palabras, el costo del dinero para una inversión en El Salvador es más alto que el costo para un proyecto en Honduras. Con base en lo anterior, uno tendría que esperar que el precio de venta en El Salvador sería más alto que el correspondiente a Honduras, pero la realidad nos dice que es todo lo contrario. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción?
La explicación radica en el procedimiento empleado para contratar el suministro de energía. Mientras en El Salvador recurrieron a una licitación pública internacional, un procedimiento transparente, nosotros nos sumimos en la opacidad y utilizamos “incentivos” acordados entre algunos diputados y funcionarios públicos y algunos empresarios. Tan sencillo como eso. Mientras en El Salvador el procedimiento empleado favorece a los consumidores y fomenta la competitividad de sus empresas, en nuestro caso se ha beneficiado a unos pocos privilegiados y se ha esquilmado a los consumidores y perjudicado la competitividad de nuestra nación. El Salvador ha promovido otra licitación que adjudicará el próximo enero, y que seguramente resultará en precios aún más bajos. Pero ya tendremos oportunidad de referirnos a eso.
Visto lo ocurrido en la contratación de la energía fotovoltaica, cabe preguntar cómo debe proceder la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CREE, al calcular el precio de la energía para establecer las tarifas que pagaremos los consumidores. La Ley General de la Industria Eléctrica establece claramente que las ineficiencia de la ENEE no deben ser trasladadas a los consumidores. Siendo esto así, ¿cuál es el precio eficiente para la compra de energía fotovoltaica? ¿El precio leonino que contrataron en nuestro país, o el precio que pagan en otros países? La lógica indica que se debe emplear un precio que refleje un mínimo de eficiencia, y no el precio disparatado que pactaron en nuestro caso, pero veremos qué decide la CREE. En mi opinión, si no se emplea un precio eficiente, se estaría contrariando la ley y por tanto el ajuste tarifario sería ilegal.
Entiendo que al final nosotros, los consumidores o quienes aportamos al fisco, terminaremos pagando los platos rotos. Alguien tiene que pagarle a los proveedores de energía fotovoltaica, ya sea por medio de las tarifas, o por medio de nuestros impuestos. No obstante, lo lógico, lo deseable, es que se respete la ley y el gobierno central le traslade fondos a la ENEE para que pague esas exageradas tarifas. Al final, no nos queda otro recurso que pagar los platos rotos de la fiesta que otros disfrutaron y siguen disfrutando. Como pacientes y dóciles ovejas hemos sido, y probablemente seguiremos siendo, esquilmados por algunos “vivos”.
