Luis Cosenza Jiménez
La semana pasada nos enteramos del asesinato del presidente del MUCA.
Además de ser una tragedia que enluta a su familia y al país, estamos en presencia de otro acto deleznable que hunde a nuestra nación en el desprestigio. Este crimen viene a engrosar la larga lista de asesinatos de dirigentes populares y de defensores de los derechos humanos. Para colmo de males, las autoridades no parecen contar con una estrategia para esclarecer fehaciente y rápidamente estos casos, ni para impedir su repetición. Veamos por qué.
En primer lugar, recordemos que el Presidente asesinado gozaba de medidas cautelares por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el gobierno aparece como negligente en la protección de su vida. Esta percepción no cambia aunque se aduzca que él había renunciado a la protección que le debía brindar el Estado. ¿Cómo explicar a la comunidad internacional que a pesar de saber del riesgo que corría esta persona el gobierno fue incapaz de protegerlo? ¿Cómo podrán convencer a propios y extraños de que actuaron responsable y diligentemente? Finalmente, ¿cómo lograrán que se crea que evitarán que el crimen quede impune cuando contamos con una larga lista de asesinatos de personas de alto perfil que continúan impunes? Resulta iluso pensar que se puede atraer a la inversión extranjera cuando damos muestras contundentes de la inexistencia del estado de derecho.
Según escuché recientemente, la Corte Interamericana ha solicitado medidas cautelares para aproximadamente 500 personas. Claramente que el Estado no cuenta con los medios para proteger a ese número de personas, por lo que casi seguramente nos enteraremos del asesinato de algunas de ellas, por lo cual seremos ampliamente condenados, nuevamente. No parece haber una estrategia gubernamental para enfrentar esta situación, por lo que seguiremos hundiéndonos en el desprestigio. Esto complicará aún más nuestra situación ya que en los próximos meses el gobierno de Estados Unidos decidirá sobre el uso de los recursos de la Alianza para la Prosperidad. Resulta optimista, por no decir ingenuo, pensar que nuestro desprestigio no impactará la asignación de los citados recursos.
Pero el problema no reside solamente en el gran número de personas para quienes se ha solicitado medidas cautelares. Más grave aún resulta la impunidad que envuelve a muchos asesinatos de personas notables. Tenemos los casos de Berta Cáceres, Arístides González, Alfredo Landaverde y Orlan Chávez, por mencionar algunos. En tanto estos casos no sean exitosamente cerrados, la percepción de impunidad se fortalecerá y se dará credibilidad a la posición de aquellos que ven al gobierno como displicente e incompetente, en el mejor de los casos, o como cómplice, en el peor de los casos. Además, si recordamos que internacionalmente carecemos de credibilidad, la investigación y el cierre de estos casos emblemáticos debe contar con la participación de expertos internacionales que aseguren la credibilidad de la conclusión de los casos. Caso contrario, pese a lo que diga el gobierno, propios y extraños pensarán que no se hizo justicia.
A mi juicio, estamos frente a una situación muy difícil y que impacta muy negativamente sobre la percepción internacional de nuestro país, y que tendrá consecuencias graves sobre nuestro futuro, incluyendo la inversión extranjera directa y la generación de empleo. No es aceptable pretender ignorar la situación alegando que simplemente se trata de una campaña de desprestigio en contra del gobierno. Seguramente que algunas personas usarán la evidencia para desprestigiar al gobierno. Sin embargo, hay muchas otras que simplemente piden el alto a los asesinatos y a la impunidad. Urge prestarle atención al tema y adoptar posiciones pragmáticas, por muy difíciles o desagradable que resulten. Caso contrario, seguiremos empantanados en el desprestigio internacional y entraremos en un círculo vicioso de impunidad y delincuencia que solo puede perjudicarnos.
