Por: Julio Raudales
Tegucigalpa.- Honduras está realmente en peligro.
La soberanía de la nación, la libertad y la justicia, el bienestar económico y las garantías sociales que tanto anhelaron los padres de la patria, se ven seriamente amenazadas, incluso en riesgo de desaparecer. De esa magnitud es trance que atraviesa el país.
A lo largo de la historia, Honduras ha sufrido severos golpes contra su integridad y la paz de sus habitantes. En los albores del bicentenario de la independencia de España, la nación vuelve a enfrentar retos formidables, que provienen tanto del interior de su territorio como más allá de sus fronteras.
Mientras escribo esta columna, las noticias muestran una nueva masacre: cinco jóvenes asesinados en un barrio de Tegucigalpa. La violencia interna destruye a diario vidas y familias. Al mismo tiempo, la debilidad de las instituciones económicas cancela empleos y abate patrimonios.
Desde hace décadas, las cifras de pobreza en nuestro país son tan grandes como inaceptables. Los hondureños vivimos una democracia disminuida. Cada vez es más evidente que el simple ejercicio electoral no basta. Ha sido trascendido por el peso de los hechos.
Para la mayoría de los hondureños, los tiempos que corren son de ansiedad, incertidumbre y temor. La encuesta de LAPOP 2015, revela que el 74% de la gente en Honduras piensa que la situación actual es peor que la de hace 10 años, mientras 66% se declara insatisfecho ante las perspectivas generales de la nación.
Hace poco leí desconsolado, un libro escrito por el periodista español Alberto Arce, corresponsal del NY Times para América Latina. Es triste enterarse de la realidad que perciben quienes nos visitan, pero no se puede decir que el investigador ibérico exagera en su balance negativo. Al final, él se fue y nosotros quedamos acá, para decidir si “chinear” nuestros problemas o hacer algo realmente efectivo para cambiar el futuro.
Es evidente que el Estado hondureño, tal y como lo hemos diseñado, ha sido incapaz de ofrecer respuestas adecuadas a la población. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples que publica el INE, solo 25 de cada 100 hogares puede considerarse integrado socialmente, es decir, tienen sus necesidades básicas resueltas y gozan de un ingreso adecuado.
Lo anterior significa en números enteros, que más de seis millones y medio de personas, viven con un sistema educativo incapaz de generar los medios para lograr un futuro digno; asistiendo, si es que pueden, a hospitales públicos sin medicamentos y con mala atención, sin buenos servicios de infraestructura, sin agua potable ni energía y sobre todo, aterrados por la incertidumbre de no saber si serán atacados por los pandilleros o por las autoridades que supuestamente deben protegerles.
En pocas palabras, Estado es sinónimo de desconfianza.
Pero si alguien creyera que la solución se encuentra en el mercado, pronto caerá en una decepción mayor. Con un sector empresarial ineficiente y poco provisto de imaginación, enviciado en la búsqueda de los favores del poder, con estructuras de mercado tan imperfectas como corrompidas por la autoridad, los breves ensayos de liberalización solo han dejado ante sí, una estela de inequidad y división social.
Pero basta de lamentos. ¿Habrá una salida a tanto entuerto social? ¿Qué y cuanto se necesita para salir del atolladero histórico?
No parece haber muchas soluciones, pero hay una alternativa viable: Una ciudadanía bien informada y consciente de sus derechos. Esto solo puede lograrse mediante la acción responsable de las organizaciones sociales comprometidas con el cambio.
En los albores de 2010, el Congreso Nacional aprobó una ley muy simple que busca fomentar la organización social en los territorios, valiéndose de las potencialidades físicas, humanas y culturales de la comunidad. No es un documento complejo y fue quizás su sencillez lo que hizo que se le mirara con desprecio, aun por las mismas autoridades encargadas de hacerlo operativo.
En efecto, el Plan de Nación no es, como muchos pensaban, una hoja de ruta que indique a cada uno que hacer. Ni siquiera posee una cartera de programas que la cooperación pueda colocar por sectores.
El Plan de Nación propone únicamente, la organización de la ciudadanía en consejos locales, municipales, regionales y nacionales, de modo que, con buena información le permita priorizar y gestionar la búsqueda de su bienestar.
No es necesario esperar fuerzas externas o mesías que nos salven. Una ciudadanía activa basta para que Honduras se deslice, como en un tobogán, por la ruta del desarrollo. Más de Julio Raudales Aquí…
