Por: Luis Cosenza Jiménez
Justo cuando pensábamos que el Congreso sería incapaz de nombrar una nueva Corte Suprema de Justicia, hemos visto como han optado por un procedimiento transparente y democrático para elegir a los nuevos magistrados.
Me parece que don Mauricio Oliva y todos los diputados merecen nuestro reconocimiento y agradecimiento. Se trata, nada menos, de una agradable sorpresa que nos hace pensar que los hondureños, cuando queremos, somos capaces de actuar noble e inteligentemente.
El proceso escogido, el voto secreto partiendo de los 45 candidatos propuestos por la Junta Nominadora, es tan obvio y transparente que merece convertirse en la norma a futuro. No más planillas acordadas entre bancadas. Reformemos la ley para convertir el nuevo procedimiento en la práctica a futuro. Me atrevo a aseverar que el proceso basado en la Junta Nominadora y el voto individual y secreto de cada diputado no tiene parangón en América Latina. Me atrevo a pensar que el proceso, así estructurado, es el mejor en toda nuestra Latinoamérica.
El proceso tiene otro gran beneficio, todavía no comentado por los expertos. A mi juicio, sienta las bases para contar con una Corte más independiente. Después de todo, ningún partido puede decir a un magistrado electo que ese partido logró su nombramiento. Si fracasó el intento de los partidos tradicionales por forzar la votación por planilla, es decir, si no lograron los 86 votos, ¿cómo pueden hacerle creer a una magistrada electa que ellos son responsables de su nombramiento y por tanto les debe lealtad? Piense usted, estimado lector, en la magistrada que logró casi cien votos. ¿A quién se debe ella? Claramente que a todos, y lo genial de esto es que al deberse a todos, se debe a nadie. Claramente que los magistrados solo cuentan con la base para ser independientes. Que lo sean o no depende totalmente de ellos, pero la realidad es que su punto de partida es mucho mejor que el que tuvieron las Cortes anteriores. Esto, por supuesto, incrementa su responsabilidad. Simplemente, a partir de la nueva realidad, no caben las excusas para ser dependientes. Ojalá que no nos decepcionen.
Conversando con un amigo me decía que don Juan Orlando encontrará la forma de controlar la nueva Corte, y por supuesto que eso es posible. Después de todo ya demostró que es capaz de destituir a los magistrados cuando eso le conviene. Sin embargo, los tiempos cambian, y a pesar de lo que piensan algunos políticos, hay límites a su poder. Si lo duda, recuerde que aconteció cuando en el 2001 el Presidente del Congreso pretendió anular lo actuado por la Junta Nominadora mediante un Auto Acordado de la sumisa Corte saliente. O recuerde que sucedió cuando don Mel Zelaya tozudamente pretendió agregar el nombre de una persona a la lista presentada por la Junta Nominadora. Hay un límite a los abusos de quienes detentan el poder.
A la hora de escribir estas líneas el Congreso había seleccionado a ocho magistrados, faltando aún seleccionar otros siete. Ojalá que pueda hacerlo pronto y transparentemente, dejando atrás las manipulaciones harto conocidas y repudiadas. Habiendo actuado admirablemente hasta el momento, sería una tragedia permitir que intereses mezquinos, que solo buscan controlar la Corte para satisfacer sus intereses personales, nos ganen la batalla. Dios quiera que las dos terceras partes de nuestros diputados sepan mantener incólume su compromiso con nosotros.
Me parece que ahora lo prudente es analizar cómo mejorar el proceso y estimo que eso comienza con fortalecer el papel de la Junta Nominadora. Discrepo totalmente con quienes pretenden eliminar la Junta. Tal vez convenga revisar su composición, pero eliminarla sería un retroceso y una bofetada a la transparencia y la decencia. Dejar todo el proceso exclusivamente en manos de los políticos sería un suicidio colectivo. Por otro lado, me parece que el procedimiento a seguir, una vez que la Junta complete su tarea debería ser el voto directo y secreto de los diputados por quince de los cuarenta y cinco candidatos propuestos por la Junta. Finalmente, me parece que debemos reformar la Constitución a fin de que la Corte sea renovada de forma escalonada. Además de que esto volvería el proceso menos traumático, facilitaría el trabajo de la Corte y fortalecería su memoria histórica. A este fin, sugiero que alarguemos el mandato de los magistrados a nueve años, de tal forma que cada tres años renovemos a cinco de ellos.
Ojalá que nuestro Congreso pueda construir sobre este nuevo y buen paso que ha dado. Si lo hacen ganarán nuestro reconocimiento y admiración. Ojalá que así sea para bien de todos.
