¿Por qué pareciera entonces que la política laboral en el país se reduce únicamente a las negociaciones que cada cierto tiempo llevan a cabo empresarios, trabajadores y gobierno para determinar el porcentaje de aumento al salario mínimo?
Hace poco más de dos años, una mesa de negociación tripartita acordó incrementos en el mediano plazo y esto se tomó como “uno de los grandes logros del país en materia de negociaciones”.
Dicha aseveración me parece contumaz y quisiera expresar al menos cuatro razones del por qué.
Lo primero es que en Honduras hay un 33% de inactividad laboral, es decir, de cada 100 personas mayores de 18 años, solamente 67 están en la Población Económicamente Activa (PEA) o sea, tienen empleo o están buscando uno.
El resto, más de un millón de personas, están en sus casas en actividades que no generan ingresos, ya sea porque no tienen incentivos o por vicios culturales como los que impiden a la mujer buscar trabajo fuera del hogar.
Lo segundo es que el salario mínimo solo beneficia a una minoría. En efecto, de la población trabajadora, solo el 46% lo hace por un sueldo, el resto trabaja por su cuenta.
Un dato importante es que a pesar de la obligatoriedad de pagar el salario mínimo, muchos empresarios evaden su cumplimiento: Del total de trabajadores asalariados, la tercera parte gana menos que el salario mínimo vigente. Esto es grave, especialmente en el área rural.
Vale la pena preguntarse: ¿Si ya hay un buen número de empleados que gana menos que el salario mínimo, será que su aumento desmesurado hará que las empresas contraten más personas y por tanto haya un mayor número de trabajadores ganándolo? Seguramente no.
Lo tercero es el crecimiento en el mercado informal. Es interesante saber que del total de trabajadores por cuenta propia, el 42% gana más de L 7,500, pero cuando se incrementa el salario mínimo, muchas empresas despedirán empleados y esto provoca desplazamiento hacia la informalidad.
Es decir, si hoy hay 1,000 vendedores de achinería en el Mercado San Isidro, posiblemente muy pronto habrá 1,200 y esto hará que haya menos venta para todos.
Por último, hay que recordar el efecto que el aumento tendrá sobre las finanzas del gobierno. Existen gremios privilegiados que tienen indexados sus salarios, por lo que una negociación leonina se podría revertir contra los trabajadores en forma de más impuestos.
¡En fin! Queda claro que si el salario mínimo está por encima de la capacidad productiva de los trabajadores, será mayor el número de personas forzadas a permanecer desempleadas, podría darse una escalada de precios y seguramente el gobierno se verá forzado a cobrar mayores impuestos lo cual seguramente afectará a los más pobres.
Es evidente que un incremento de este tipo trae más daños que beneficios a la sociedad en conjunto.
Lo ideal es que los empresarios y trabajadores adquieran conciencia de las ventajas sociales de una actitud responsable. El bienestar no se genera por decreto, debe haber responsabilidad corporativa y un buen esfuerzo para ser más productivos. Solo así conseguiremos mayor riqueza y bien común.
