La “Orden de los Cinco Volcanes” y la transformación de Centroamérica

H. Roberto Herrera Cáceres
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Es con gratitud que he recibido el honroso galardón de la Orden de los Cinco Volcanes, con la cual el ilustrado Gobierno de la República de Guatemala me ha distinguido en reconocimiento de lo que considera haber sido el aporte de un hondureño y centroamericano, a lo largo de su vida, a trabajar pacientemente y con esperanza firme en la perspectiva del desarrollo, la paz, la democracia y la libertad de nuestra región centroamericana, con la conciencia de estar también abriendo brechas para el progreso social constante de nuestro pueblo.

Centroamérica salió de su crisis, en las dos últimas décadas del pasado siglo, con un compromiso de cohesión y equidad social para la convivencia en la sociedad y en los Estados, en el cual el respeto, la protección y promoción de la dignidad humana estarían siempre presentes, y , con ello, la comprensión de que democracia efectiva, Estado de Derecho, integración centroamericana y bienestar real de todos los y las habitantes deben tener, como indicador objetivo de resultados, el respeto, protección y goce efectivo de la integralidad de los derechos humanos de las y los habitantes.

Contribuimos a la promoción de este nuevo orden que se cristalizó con la firma del Protocolo de Tegucigalpa de reforma a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), organización que, fue sustituida o sucedida por la institucionalización del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con el objetivo supremo de construir una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, sobre la base fundamental de la tutela, el respeto y la promoción de los derechos humanos de nuestras poblaciones, propiciando, en la convivencia cotidiana, el mejoramiento progresivo de su calidad de vida.

El Sistema de la Integración Centroamericana es un diseño humanista de igualdad y no discriminación entre las personas, las sociedades y los Estados centroamericanos, con un modelo propio de desarrollo sostenible y de seguridad democrática que busca, entre otras metas, impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso de las personas y de la sociedad en su conjunto, y lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para todos los pueblos de toda la región.

Es de destacar que, desde 1994, se puso en vigencia la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible que es el plan centroamericano de acción a favor de las personas, el medio ambiente y el bienestar progresivo que debe servir de guía centroamericana para el desarrollo integral local, nacional y regional. Ese instrumento obligatorio, pero aún incumplido: demuestra palmariamente la visión regional esclarecida que, en gran parte, se anticipó a la bienvenida Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada recientemente por la ONU y en vigencia desde el 1 de enero del presente año 2016, como guía de las decisiones que las Naciones Unidas adoptarán durante los próximos quince años.

De igual manera, a nivel regional, contamos, desde 1995, con el Tratado Marco de Seguridad democrática en Centroamérica que es un modelo convencional propio de seguridad humana que, en la escena internacional, ha sido el primero en su género y hoy es normativa vigente entre nuestros países, así como lo son la ALIDES y tratados centroamericanos en otros ámbitos como el Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, el Tratado de Integración Social y demás convenios y acuerdos centroamericanos, en áreas sociales, culturales, ambientales y otras que corresponden al desarrollo integral que buscamos en estos tiempos.

Esa normativa jurídico-política centroamericana irradia un gran potencial de fuerza o vigor a los ordenamientos jurídicos constitucionales de los Estados miembros para impulsar, con sentido más comprensivo y moderno, los respectivos procesos nacionales de desarrollo sostenible y de seguridad democrática

Todo ese acervo y otros aspectos positivos de unidad y proyección integracionista centroamericana, debemos valorizarlos y desarrollarlos, evitando los desvíos del pasado que han obstaculizado el disfrute de los bienes regionales derivados de nuestra voluntad integracionista. Ello es posible lograrlo, si aplicamos realmente la normativa centroamericana que es, a su vez, parte del derecho interno de países como Guatemala, Costa Rica, el Salvador, Nicaragua, y Honduras y los otros países hermanos miembros del SICA. Cumplir con el espíritu y la letra de los compromisos regionales vigentes, es necesidad insoslayable para reencontrarnos gobiernos y pueblos en la dirección de una comunidad regional democrática de Derecho que materialice paulatinamente nuestros propios modelos de desarrollo integral sostenible y de seguridad democrática, utilizando como instrumentos principales la autoayuda, esfuerzos propios y solidaridad centroamericana concreta y, de manera complementaria, la cooperación internacional, para así avanzar decididamente en el sentido del propósito primordial del SICA que es convertir a Centroamérica en Región de Paz, Libertad, democracia y Desarrollo

Ese camino cierto para la transformación de Centroamérica está trazado también por las constituciones de todos los Estados miembros del SICA en las cuales se declara el respeto, la protección y la promoción de la dignidad humana como propósito supremo de sus respectivas sociedades y Estados. Por eso, toda la normativa centroamericana se sustenta en la vigencia efectiva de los derechos humanos de todas y todos los habitantes de la región, como la impronta de legitimidad del proceso integracionista.

Estos tiempos de evolución continua de la comunidad internacional en materia de globalización y derechos humanos, emplazan a avanzar sostenidamente hacia el progreso social de nuestros pueblos, dando significación a nuestro puesto y participación en la sociedad y el Estado, para lograr su recuperación en función del fin humano para cuya consecución fueron creados. En esa dirección, debemos actuar siguiendo realmente el camino ya trazado por nuestras respectivas constituciones nacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados y protocolos universales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su protocolo adicional y otros tratados y declaraciones regionales, así como la normativa centroamericana..

Ese avance significará recuperar el sentido humano del origen del nuevo orden integracionista regional que ya hemos creado en beneficio de los pueblos centroamericanos y con su activa participación; y, asimismo, aumentar la conciencia de la obligación de cumplir efectivamente los acuerdos y tratados centroamericanos que libremente hemos concluido y que han sido aportes al mundo en materia de creaciones convencionales centroamericanas, como la seguridad democrática o humana y el desarrollo integral sostenible. Aspectos que las Naciones Unidas hoy impulsan para que la comunidad internacional desarrolle, en el período 2016 – 2030, acciones locales, nacionales y regionales dentro de una Agenda para el Desarrollo Sostenible, que va dirigida a las personas, a erradicar progresivamente la pobreza, a asegurar la prosperidad de todas y todos los habitantes y a proteger el medio ambiente y la biodiversidad.

Con esa convicción y profundo soplo de ánimo y esperanza, recibimos, con sumo respeto, el honor que la República de Guatemala, por medio de su ilustrado Gobierno, nos hizo al otorgarnos la Condecoración de la Orden de los Cinco Volcanes, que dedicamos, a nuestras familias, comunidades locales y pueblos centroamericanos.

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