El presente año electoral nos coloca ante la proximidad del inicio de un nuevo Gobierno central y nuevos gobiernos municipales que deberán ineludiblemente asegurar, cada vez más, la protección, promoción y el respeto de la dignidad humana de todas y todos los habitantes, por ser ese el fin supremo que determina la legitimidad del funcionamiento institucional del Estado y la sociedad.
La dignidad humana se expresa en el goce efectivo de todos los derechos humanos de los (as) habitantes. Derechos que son interdependientes e inherentes o propios de todas y cada una de las personas, sin discriminación, pues expresan la unidad de su dignidad humana y de la necesidad de su protección, respeto y promoción.
Por eso, los derechos humanos de los habitantes no tienen alineamiento alguno ni ideológico ni político-partidista, ni deben ser utilizados como bandera, dentro o fuera del proceso electoral, para fines sectarios ni para confrontar o promover el odio, la violencia o la exclusión social.
Al contrario, los derechos humanos sustentan el lenguaje común del diálogo, la paz, la reconciliación; así como de la necesidad universal de tener asimismo presente que, cada uno(a) de los habitantes, tiene deberes humanos que se integran con sus derechos, en toda actividad social y política.
Los partidos políticos tienen un papel importante que desempeñar en el impulso de la democratización en curso hacia un Estado de Derecho que se oriente exclusivamente a alcanzar su propósito supremo de proteger y promover la dignidad humana, colocando a todos los hondureños y hondureñas, como centro y sujeto primordial del desarrollo sostenible del Estado, por la vía de la paz, el desarrollo y la libertad.
Ello evidencia la necesidad que tenemos igualmente, en Honduras, de fortalecer la cultura democrática para el desarrollo de nuestros partidos políticos y de prácticas democráticas internas que se expresen en consistentes y positivas prácticas externas, respetando la diversidad, la plena participación, la armonía social y todos los derechos humanos de la ciudadanía. Ello nos dará mayor seguridad que, en la eventualidad de acceder al poder, los elegidos, sabrán actuar en función de la dignidad humana de toda la población, como servidores de los habitantes, siempre con la opción preferencial por los (as) más desfavorecidos o en condiciones de vulnerabilidad.
El bajo nivel de desarrollo de Honduras es el más importante problema político, económico, social y ambiental del país que nos limita enfrentar sosteniblemente los males públicos que atentan contra esa dignidad humana, a nivel nacional. Solucionar ese problema estructural requiere de nuevas actitudes mentales y liderazgos que conduzcan hacia el bienestar general progresivo, mediante orientaciones claras sobre cómo avanzar en el camino del desarrollo sostenible, en paz, democracia y libertad, mediante transformaciones en las estructuras económicas, sociales, ambientales y políticas.
Honduras cuenta con instrumentos y aprendizajes para lograrlo, si sus líderes están preparados para ello.
Para poner fin a una similar etapa de males públicos de violencia, vulneraciones de derechos humanos y ausencia de democracia real, y ante los requerimientos de sus pueblos, en las últimas décadas del pasado siglo XX, los Estados centroamericanos decidieron sabiamente asumir el compromiso jurídico-político de resolver los problemas, en sus países y entre sus países, por medio de la seguridad democrática centrada en las personas y en el desarrollo sostenible inclusivo, y la fundamentación del proceso de integración centroamericana, en el respeto, promoción y tutela de los derechos humanos. Todo ello está expresado en un entramado de normas internacionales de integración o comunitarias vigentes. Normas que, hasta ahora, no han sido cumplidas en su esencia, lo que ha contribuido a la situación actual en cuanto a males públicos regionales y nacionales.
Sin embargo, esas normas centroamericanas son obligatorias y el compromiso jurídico, político y social de Honduras debe garantizar su aplicación efectiva pues, al formar parte de nuestra legislación nacional, son puentes seguros para transitar hacia el bienestar de nuestro pueblo y para cumplir con la legislación internacional vigente en Honduras, especialmente en materia de derechos humanos.
Esa legislación tiene el potencial de facilitarnos la salida, cierta y productiva, a la actual situación excepcional de dificultades que experimentamos, por medio de la seguridad humana y el desarrollo sostenible de Honduras, pues hace posible lograr impactos sociales con iniciativas en curso, entre ellas, cumplir con el Plan universal de Acción o Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo sostenible, y la estrategia de derechos humanos sobre seguridad humana para el desarrollo sostenible “Municipios de Bienestar Solidario”.
Iniciativas cuya implementación es realizable, por su correspondencia con las expectativas de la población hondureña que aspira a que todos los municipios de Honduras se levanten con el esfuerzo de sus comunidades (incluyendo organizaciones no gubernamentales y empresa privada) y gobiernos locales, con el apoyo subsidiario del gobierno central y la cooperación interna e internacional.
Esas son expectativas viables y ya anuncian el inicio de tiempos diferentes con cambios positivos que, los candidatos (as) a cargos públicos, deben proponer y comprometerse a ejecutar para vigorizar el Estado democrático y social de Derecho, con la mejora progresiva de la condición humana y el bienestar del pueblo hondureño, en paz, democracia, desarrollo y libertad.
