Tegucigalpa.- El mes de diciembre es propicio para proyecciones y debates sobre las perspectivas económicas del siguiente año. La discusión es particularmente importante en Honduras debido a los efectos de la pandemia y las dos tormentas tropicales ocurridas en los últimos meses. Sin embargo, antes de analizar estos aspectos, es necesario conocer “de dónde venimos”, es decir, cuál era la situación económica antes de marzo del presente año. Los datos económicos de finales de 2019 pueden auxiliar en este intento.
La economía creció 2.7% en 2019, después de haber crecido 3.7% en 2018 y 4.8% en 2017; es decir, había una clara pérdida de dinamismo en el crecimiento económico. Una de las razones preocupantes sobre este deterioro fue la reducción de la inversión extranjera que de $1,175 millones en 2017 bajó a $498 millones en 2019. En el mercado laboral, el desempleo abierto era de 5.7% y el subempleo ascendió a 60.8%; este nivel de subempleo lo muestra los altos grados de informalidad del mercado laboral en Honduras. Otra característica previa es la persistencia de la pobreza que durante la década anterior de mantuvo en un promedio de alrededor del 60% y de 40% para extrema pobreza.
Adicionalmente, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) fue expulsada y la Ufecic transformada y reducida en su capacidad operativa. Los casos presentados por la Maccih ante los tribunales, que involucran altos funcionarios de los tres poderes del Estado, han sido uno a uno absueltos o desestimados por improcedentes. Todo esto como producto, en parte, del blindaje legal proporcionado por los cambios en las leyes aprobadas recientemente en el Congreso Nacional por el partido de gobierno y sus partidos satélites.
Actualmente la CEPAL está realizando la evaluación de los daños provocados tanto por la pandemia, como por las tormentas tropicales. Se calcula que dichas pérdidas pueden ascender a entre 2 y 3 mil millones de dólares. El gobierno ha respondido a esta situación reformulando el presupuesto 2020 y contratando, principalmente, recursos externos para financiar la caída de los ingresos. Se estima que la caída de la producción durante el presente año podría ser 9% o 10% del PIB, con una recuperación entre 2% y 3% el próximo año. Por su parte, el endeudamiento público contratado aumentará por alrededor de $3,000 millones, llevando el monto de la deuda a cerca de $15,000 millones, esto es, alrededor de 60% del PIB.
Las perspectivas económicas para 2021 están, en principio, determinadas por los siguientes aspectos: duración e intensidad de la pandemia y efectividad de las políticas públicas. Ambas están relacionadas, si el gobierno sigue careciendo de una estrategia clara en el tratamiento de la pandemia, ésta se extenderá hasta bien entrado el próximo año con repercusiones negativas adicionales en la producción y empleo. En el campo económico, no solo es canalizar recursos para la producción y asistencia social, sino también en la confianza con que las familias y empresas (nacionales y extranjeros) reaccionen a estas políticas. Es acá donde está el problema. Un gobierno cuya legalidad y legitimidad ha sido cuestionado, cuyos vínculos con la corrupción y el narcotráfico son evidentes, difícilmente genera la confianza nacional e internacional que el país necesita en estos momentos.
Habría que agregar que 2021 es un año electoral y hasta la fecha no existe un marco electoral claro, dado que las reformas a la Ley Electoral todavía no han sido aprobadas por el Congreso Nacional y parece que la táctica es aprobar reformas que beneficien al partido de gobierno. Los conflictos políticos que se generen, por estas y otras razones con la oposición, traerán incertidumbre sobre la gobernabilidad del país. El peor mensaje para las decisiones de inversión.
En este sentido, un reciente informe sobre Honduras de Economist Intellegence Unit concluye: “esperamos que las próximas elecciones presidenciales se vean empañadas por la incertidumbre, con un alto riesgo de fraude electoral y manipulación. En el período previo a las elecciones, el malestar social será generalizado, provocado por altos niveles de corrupción, la influencia de los cárteles de la droga en la política interna y la desconfianza publica generalizada en las instituciones. En caso de una victoria del Partido Nacional (que aún no vemos como un hecho), el período de inestabilidad social continuará incluso después de las elecciones y hasta bien entrado el 2022”.
En resumen, el bajo crecimiento de los últimos años, la persistencia del desempleo y la pobreza, los efectos de la pandemia y las tormentas tropicales sumen a Honduras en una situación económica y social muy difícil. Las tareas de lucha contra la pandemia y de reconstrucción del país solo pueden darse en el marco de un pacto social que permita a los diferentes sectores marchar unidos hacia una sola meta: el bienestar colectivo. No obstante, la situación política puede empeorar de seguir la senda tradicional de triquiñuelas, fraudes y engaños como en los últimos años. Un pacto social y elecciones libres, democráticas y participativas es lo que necesita Honduras de cara a 2021.
