Por: Ricardo Puerta
Tegucigalpa.– En la entrega anterior en esta misma columna para proceso.hn publiqué la “Primera de diez lecciones del TPS”.
Aquí seguimos con la segunda y tercera lección. Las tres, en conjunto forman el BLOQUE I: LA DECISION, ACTORES, CONSULTA Y PERFIL DE LOS BENEFICIADOS, en un total de cinco bloques en que he distribuido las diez lecciones aprendidas en la extensión del TPS.
Lección 2) Perfil de los Tepesianos hondureños favorecidos por la prórroga
El 6 de noviembre el Permiso de Protección Temporal/TPS fue extendido por 6 meses, automáticamente, a partir del 5 de enero del 2018, fecha en que legalmente se terminaba el actual TPS para los 56,790 hondureños, que mayormente viven
Tal número de connacionales, según Diario El Heraldo, 5 de noviembre de 2017, se encuentra en Estados Unidos/EE.UU, viviendo en 43,000 hogares, donde al menos han nacido en territorio norteamericano 43,000 descendientes de Tepesianos. En esos hogares hay una fuerza de trabajo mayor de 16 años de 48, 271 miembros, activas mayormente en seis sectores de la economía norteamericana: construcción, guarderías infantiles, servicio doméstico, sectores de paisajismo, restaurantes-comida y hospitales. Cotizan al Seguro Social, pagan impuestos y carecen de antecedentes penales. El 63% del total de Tepesianos (35,777) lleva en Estados Unidos 20 años o más. El 40% del total (22,700) tiene un seguro de salud. El 44% (25,000) habla muy bien o solo inglés.
9, 654 Tepesianos, 18% del total, han abierto, trabajan y viven de un negocio propio. Esa tasa de emprendedores supera de 2 a 3 veces, el promedio en Honduras. Demostrando con ello que cuando existe un contexto favorable al fomento , mantenimiento y expansión de la micro, pequeña y mediana, personal o familiar –como en Estados Unidos– el hondureño, aún con un perfil de tepesiano, se vuelve más empresario y menos asalariado que cuando se encuentra en Honduras. Por lo tanto, el ser asalariado, como destino preferido de vida económicamente activa, no es un “rasgo cultural del hondureño”, sino que depende de las oportunidades de emprendimiento que existen en el mercado financiero y laboral donde está ubicado.
Otra diferencia significativa es el número de hogares con hipoteca en vivienda, en un ambiente de pobreza. De total de 43 mil hogares de los Tepesianos en EE.UU, casi el 22% de ellos –9,500— paga hipoteca. Aun cuando el 76% de ellos vive en un nivel de pobreza en EE.UU., con un ingreso familiar medio de 40 mil dólares o menos. En la nación norteamericana 50 mil dólares anuales, se acepta como ingreso familiar limite, que se toma como corte para clasificar un hogar “como pobre”.
La tasa de hogares con hipotecas de vivienda en los Tepesianos de Estados Unidos –22%– supera en algo el promedio que existe en Honduras. Casi el 80% de los hogares en Honduras no tiene acceso a crédito para viviendas. La mayor limitante es el requerimiento de ganar de tres a cuatro salarios mínimos, según revelan estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), año 2014.
Lección 3: Actores en la decisión y sus objetivos
La prórroga dada a los Tepesianos hondureños fue decidida por Elaine Duke, “en armonía con la política anti-migratoria del Presidente Trump”. Duke es la Secretaria/Ministra Interina del Departamento de Seguridad Nacional/DHS. Su decisión se encuentra en un memorándum fechado el 6 de noviembre pasado – ver su vínculo digital para leerlo al final de este articulo– dirigido a Lee Francis Cissna, Director de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) y a James Nealon, ex – embajador de EE.UU. en Honduras y ahora Sub-secretario de Asuntos Internacionales en el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Por informaciones filtradas a la prensa, tanto el magnate petrolero Rex Tillerson, Secretario de Estado –Canciller de EE.UU —como el abogado Jeff Sessions, Fiscal General de la Nación y el General John Kelly, con imagen de “amigo de Honduras”, se oponían a una extensión del TPS para los hondureños, aunque por distintos motivos, pero en línea con los deseos del Presidente Trump. Así se lo hicieron saber a la Sra. Duke, la única responsable, a nombre del Gobierno de los EE.UU. para hacer la decisión. El TPS es una Ley decidida por el Congreso norteamericano.
Duke venía ocupando ese cargo interinamente hacía menos de 4 meses, desde el 31 de julio de este año, cuando el General John Kelly fue ascendido desde esa posición a Jefe del Gabinete de la Casa Blanca, cargo de mayor rango y ahora responsable directo al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
La Sra. Duke había sido antes juramentada como la séptima secretaria adjunta de DHS en 10 de abril de 2,017. Antes, Duke había sido directora de Elaine Duke & Associates, LLC, firma propia que brindó servicios de consultoría en adquisición de recursos, contratos y negocios provenientes del sector público, a grandes y pequeñas empresas privadas.
La Sra. Duke muestra una impecable trayectoria de servicio civil en su carrera profesional. Por casi tres décadas ha ocupado puestos públicos en el gobierno federal. Su cargo anterior en el DHS, como Subsecretaria de Administración, fue confirmada por el Senado estadounidense en el 2008, posición que ocupó hasta el 2,010.
Decisión de la Sra. Duke, hecha por omisión
La Sra. Duke decidió no tomar en este momento ninguna decisión sobre el TPS para Honduras, y conforme a la Ley, extendió automáticamente, por omisión, la designación actual de TPS para Honduras por seis meses hasta el 5 de julio de 2018.
Según informa el periodista Marcel Osorto, del Diario El Heraldo (7 de noviembre, 2,017) Duke basó su decisión en tres objetivos: frenar el flujo de la migración ilegal, confrontar las pandillas violentas y frustrar las organizaciones criminales transnacionales. Llegó a su decisión tras haber consultado una amplia variedad de funcionarios de ambos gobiernos. Lo que le permitió convencerse que devolver a los Tepesianos hondureños a su país de origen tendría un impacto negativo en los tres objetivos planteados.
Hasta el 5 de julio del 2018, fecha en que termina la prórroga dictada por Duke, deja entonces abierto un amplio proceso de consulta al Gobierno de Honduras “mientras (ella) evalúa las condiciones de ese país y su capacidad para manejar el posible regreso ordenado de sus nacionales”.
Según reporta el Washington Post, el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, se enteró días antes de la decisión de Duke, y desde la semana anterior la presionó para que “rectificara”. Esa, no fue la única presión que recibió la Sra. Duke del personal allegado al Presidente Trump. Como comenta el Diario New York Times (9 de Nov., 2017) “las tensiones internas que existen entre los asesores de Trump sobre la agenda migratoria se reflejaron en las varias llamadas telefónicas que recibió la Sra. Duke antes de hacer pública su decisión”. Duke se sintió tan presionada, que llegó a pensar, por un momento, que renunciaría a su cargo.
La extensión de seis meses decidida por Duke eliminó dos alternativas de extensión, ambas posibles, según la Ley del TPS: de 12 o 18 meses. El Gobierno de Honduras, desde un principio, ignoró la de 12 meses, y abogó por la extensión de 18 de meses, la misma que Honduras había logrado en las nueve últimas renovaciones del TPS, ya que las cuatro primeras, inmediatas al 1999, fueron por 12 meses.
Actores y acciones del Gobierno de Honduras
La ofensiva del Gobierno de Honduras en pro del TPS se hizo visible en los medios, por primera vez, desde julio del 2017, cuando el día 18 de ese mes, la Canciller hondureña, María Dolores Agüero hizo entrega al Departamento de Estado de Estados Unidos con una solicitud formal de ampliación del TPS por 18 meses, basados en argumentos humanitarios y económicos.
El Gobierno de Honduras puso en marcha en Washington, a nombre de los tres países del Triángulo Norte, una bien orquestada y visible ofensiva diplomática y política, que llegó a los medios de prensa hondureños, norteamericanos e internacionales. Honduras se aventajó en dicho proceso del desinterés y pasividad mostrada por los Gobiernos de Nicaragua y de El Salvador sobre el asunto del TPS; el primero, con casi 200 mil Tepesianos activos, y el segundo, con unos 5,300 Tepesianos activos.
Como parte de la ofensiva desarrollada en Washington D.C., la notoria delegación hondureña, integrada por políticos y funcionarios gubernamentales, realizó un intenso proceso en el Congreso estadounidense, dirigidos por Marlon Tábora, el Embajador de Honduras en Estados Unidos, siguiendo directrices del Presidente de Honduras.
Tábora, profesional con estudios de posgrado en Estados Unidos, es un conocedor actualizado de la cultura norteamericana, de cómo se hacen las decisiones en la Cámara Baja y Alta del poder legislativo estadounidense– y cómo en esas decisiones influyen los intereses de los organismos binacionales, regionales e internacionales de la cooperación y de la diplomacia.
La campaña hondureña empezó antes
Durante todo el proceso decisorio sobre el TPS, el ausente más notorio en los medios de comunicación, en torno a la estratagema del Gobierno de Honduras, para actuar en la institucionalidad migratoria, pública y privada de Washington, era el Ing. Arturo Corrales Álvarez.
En una escueta nota, sin código por tema, publicada el 17 de julio, 2016, por Honduprensa, –justamente un año antes que la Canciller hondureña María Dolores Agüero entregara al Departamento de Estado la solicitud formal de extensión del TPS– se menciona la designación de Arturo Corrales como Enviado Especial en EEUU. En el mismo 2016, dos días antes, el 15 de julio, en conversación con Proceso Digital, Jorge Milla Reyes, el entonces embajador de Honduras en EE.UU. confirmó que el ingeniero Arturo Corrales había sido designado como “Enviado Especial a ese país norteamericano”, sin citar ninguna asignación específica.
En palabras del mismo Ing. Corrales, su traslado del Ministerio de Seguridad a Cancillería, efectivo desde enero del 2015, suponía, en claros términos futbolísticos, “un movimiento de la defensa a la delantera”, respondiendo a “una táctica gubernamental de trabajo, decidida por el Presidente de la Republica, que busca concatenarse con toda la sociedad hondureña”.
Considerando que el Ing. Corrales tiene fama de ser el negociador cinco estrellas del actual gobierno hondureño, y aceptando que en procesos como el del TPS, ocurren además otro tipo de reuniones, blindadas al exterior, haciendo uso de mi imaginación sociológica, sugiero, como hipótesis plausible, que con el nombramiento del Ing. Corrales como Enviado Especial a la capital de EUA, en Julio del 2016, el Gobierno de Honduras realmente inició las negociaciones secretas del TPS en la institucionalidad migratoria, pública y privada, del área de Washington D.C.
En tales reuniones, aprovechando su privacidad, habitualmente se abordan con más realismo los temas “sensitivos”, que siempre hay en una agenda binacional, como la presente entre Honduras y Estados Unidos, tales como: entendimiento del valor nacional y geoestratégico de la Base Militar Estadounidense de Palmerola, en Comayagua; carácter transnacional del fenómeno criminal y las nuevas amenazas desestabilizadoras, que afectan la gobernabilidad de Honduras, Centroamérica y Latinoamérica; las extradiciones y las incautaciones millonarias de “bienes de origen ilícitos”; el destape de los Cachiros en la Corte de Nueva York y sus efectos en su clase política y empresarial hondureñas y para el país en general; el asesinato de Berta Cáceres y la presión multisectorial que ha creado en ciertos empresarios, políticos e investigadores criminales, presuntamente implicados; el fraude del Seguro Social; pedir a la OEA una misión de apoyo, que junto al Ministerio Público investigue casos de corrupción contra la administración pública, en parte, para mejorar la función monopolizadora y rectora de ese Ministerio en el proceso penal; indicios de corrupción, por usar recursos del Estado para realizar campañas políticas veladas, en favor del partido de Gobierno; debilidades del sistema electoral hondureño, y en particular, del Tribunal Supremo Electoral, dando resultados creíbles y donde el candidato oficial se re-elige, estando aún prohibida la re-elección por la Constitución vigente; uso de fondos ilícitos en la campaña electoral; etc.
* Para más información sobre la decisión hecha por la Sra. Elaine Duke, Secretaria Interina del Departamento de Seguridad Nacional/DSH por sus siglas en inglés, sobre el TPS de Nicaragua y Honduras, lea su Anuncio, en español, en esta dirección digital:
El Anuncio, ya traducido, existe por cortesía de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, con fecha 7 de noviembre, 2017. Aunque la misma Embajada en su texto informa que únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
